Por Ricardo Monzón/Latinoamérica21

“Mi padre y yo hemos decidido que él será el candidato presidencial”. Con ese escueto mensaje a través de su cuenta oficial de X, Keiko Fujimori, la lideresa del partido político Fuerza Popular, confirmó que su padre, el célebre dictador de los noventa en el Perú, Alberto Fujimori, de 85 años, volverá al ruedo electoral para afrontar la campaña presidencial de 2026.

Alberto Fujimori, extraditado de Chile en 2007 después de renunciar a la presidencia del Perú acorralado por los escándalos de corrupción y derechos humanos de su mandato, estuvo preso 14 de los 25 años que comprendía su condena impuesta en 2009 por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado por trato cruel, entre otros.

En la Navidad de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski emitió un mensaje a la nación en el que argumentó razones humanitarias y de salud para indultarlo. Aunque se consumó el indulto, en 2018 el Poder Judicial lo declaró inaplicable luego de que los deudos de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta interpusieran un recurso aduciendo un “pacto político” para su liberación, y se procedió a su encarcelamiento.

Cuatro años más tarde, el indulto fue restituido por el Tribunal Constitucional, pero nuevamente se truncó por una solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para suspender sus efectos. En diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional ordenó ejecutar el indulto, lo que no fue observado por la actual presidenta, Dina Boluarte.

Desde entonces, el expresidente Alberto Fujimori ha informado de que padece de fibrilación auricular paroxística, fibrosis pulmonar y cáncer en la lengua. Varios de sus voceros indicaron en medios de comunicación que debía recibir libertad porque estaba viviendo sus últimos años.

El anuncio de su candidatura fue acompañado de un video editado, en el que se consigna un pasaje de una entrevista que su hija, Keiko, ofreció en los últimos días a un programa televisivo del canal Willax TV, donde relata palabras de su padre, quien, asegura, le confirmó que quiere “regresar a la arena política”, a pesar de los “riesgos” que ello implica.

“Yo miraba el brillo de sus ojos y decía: «Sí, pues, él va a hacer política toda su vida» […] Yo creo que es él el que tiene que llevar la batuta”, continuó.

El 20 de junio, Alberto Fujimori había comunicado también por intermedio de X su afiliación a Fuerza Popular, el partido fujimorista de la época actual, formado desde el 2010 en reemplazo de Fuerza 2011, que antes fue Alianza Para el Futuro, coalición que agrupó a los movimientos que él creó durante su régimen dictatorial, Cambio 90 y Nueva Mayoría.

Desde aquel momento comenzó a tomar fuerza el nombre de Alberto y no de Keiko como representante del fujimorismo en el próximo balotaje, ya que la normativa electoral en el Perú exige que el candidato presidencial esté inscrito en la organización política en la cual desea postular. El plazo tope para afiliarse venció el pasado 12 de julio.

En los últimos tres procesos electorales democráticos del país, Fuerza Popular, con Keiko a la cabeza, ha alcanzado la segunda vuelta electoral pero siempre ha perdido. Ocurrió en 2011 contra Ollanta Humala, en 2016 contra Pedro Pablo Kuczynski y en 2021 contra Pedro Castillo. El voto antifujimorista, que representa a un importante sector de la izquierda peruana, focalizado sobre todo en el sur andino, ha triunfado por estrecho margen.

En todos esos comicios, tras los cuales el fujimorismo obtuvo una importante mayoría parlamentaria, los sondeos de opinión han concluido que la fuerza del voto fujimorista radica en la recordación de los logros del fujimorato, entre 1990 y 2000, y no en las bases y estructura del partido naranja conseguidas por Keiko.

La confirmación de la candidatura presidencial de Alberto Fujimori en 2026 ha traído consigo cuestionamientos sobre la legalidad de su postulación, en vista que la Constitución del Perú establece que cualquier persona sentenciada por un delito doloso no puede postular a cargos de elección popular, y él, aunque indultado, mantiene su condena.

Abogados penalistas y constitucionalistas han referido que el indulto no implica amnistía, y que, además, Alberto no ha pagado la reparación civil de S/57 millones que debe al Estado, requisito para que la justicia nacional lo acredite formalmente como rehabilitado y hábil para aspirar a cargos públicos.

Desde la otra orilla, su abogado, Elio Riera, ha respondido que Alberto “no tiene ninguna limitación jurídica” para postular a la presidencia porque “el indulto como tal genera un perdón de la pena y una rehabilitación de derechos”. Ha señalado, también, que la ley que impide que un condenado por delito doloso postule a cargos de elección popular se aprobó luego de la condena de Fujimori, y no se puede aplicar de manera retroactiva.

¿Cómo un paciente oncológico de 85 años puede recuperar vitalidad para postular a la máxima magistratura de un país? Riera asegura que, al ser liberado, Fujimori ha experimentado “una mejoría”. En este momento, finalizó, se encuentra “médicamente estable”. ¿Milagro o cuento?

Lo cierto es que, de momento, Alberto Fujimori será uno de los, probablemente, cincuenta candidatos presidenciales que tendrá el Perú en menos de dos años. Se avecina una campaña política en la que existen ya 30 agrupaciones inscritas para participar de la lid, y 20 más en proceso de hacerlo. Con una legislación vigente que no fomenta la formación de alianzas, la polarización podría conducir a que pasen a segunda vuelta aspirantes al Palacio de Gobierno con menos del 10% de votos. A eso apunta el fujimorismo.

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