Las administraciones de nueve estados que concluirán su Gobierno en el 2024 registraron un total de 23 mil 330 millones de pesos sin aclarar, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. Ciudad de México, Puebla y Chiapas fueron los gobiernos con mayores montos irregulares.
Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).– Además de renovarse la Presidencia de la República, en el 2024 se elegirán a las y los nuevos gobernadores de nueve estados: Guanajuato, Yucatán, Jalisco, Morelos, Veracruz, Puebla, Chiapas, Tabasco y Ciudad de México. Son estas entidades cuyos gobiernos actuales, en suma, tienen un monto de 23 mil 330 millones de pesos por aclarar, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Las administraciones de Ciudad de México, Puebla y Chiapas lideran, en ese orden, la cantidad de fondos públicos con irregularidades, con montos de 7 mil 939.9 mdp, 4 mil 802.5 mdp y 3 mil 335.7 mdp, respectivamente.
CIUDAD DE MÉXICO
En el 2018, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo (Morena) fue electa como la nueva Jefa de Gobierno, cargo que desempeñó hasta julio del año en curso para buscar la candidatura de su partido a la Presidencia en las próximas elecciones de 2024. En ese momento, el entonces Secretario de Gobernación, Martí Batres, asumió el puesto.
Para los ejercicios fiscales de 2019 a 2022, años que corresponden ya al presupuesto aprobado y ejercido por la administración de Sheinbaum, quedaron 7 mil 939 millones 909 mil 416.11 pesos sin aclarar a la fecha, que corresponden a pagos indebidos de gastos no recuperables relacionados con la ampliación de la Línea 12 del Metro capitalino, tramo Mixcoac-Observatorio; pagos en demasía por parte del Fideicomiso de la Ciudad de México en la rehabilitación estructural de la Casa del Conde Regla; pagos en exceso relacionados con los trabajos de construcción del Tramo 3 del Tren Interurbano México-Toluca, la Línea 5 del Metrobús, entre otras.
Con respecto al proyecto de ampliación de la Línea 12 –misma cuyo tramo elevado colapsó en mayo de 2020 entre las estaciones de Olivos y Tezonco–, el Gobierno capitalino dejó sin aclarar 25 millones 711 mil 628.26 pesos, los cuales se emplearon en “pagos indebidos realizados por concepto de gastos no recuperables de 2016 a 2021, pagados en el ejercicio de 2021”; “pagos indebidos por servicios de supervisión (…) correspondientes a las actividades de Coordinador de diseño de instalaciones mecánicas y vías, Coordinador de instalaciones mecánicas y vías, Auxiliar técnico de diseño de instalaciones mecánicas y vías y Auxiliar técnico de instalaciones mecánicas y vías”; pagos en exceso en los servicios de supervisión y servicios de supervisión pagados en exceso a la contratista.
Otros 66 millones 936 mil 125.31 pesos sin aclarar, o de presumible daño al erario público, por el Ejecutivo de la CdMx corresponden a los trabajos de construcción y obras complementarias del Tramo 3 del Tren Interurbano México-Toluca, cuyas obras comenzaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto con Miguel Ángel Mancera como Jefe de Gobierno capitalino, y se estimaba estar listo para el 2017.
De acuerdo con la ASF, se hicieron pagos en exceso autorizados por la residencia de obra y validados por la supervisión externa por conceptos no previstos en el catálogo original de la obra, principalmente en términos de fianzas; pagos en exceso de transporte y montaje de trabes para las vías, y pagos en exceso porque “en la determinación de los factores de ajuste la empresa supervisora consideró para la actualización de los costos de mano de obra los incrementos al salario mínimo en lugar de tomar en cuenta los incrementos con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA)”.
Los servicios de salud capitalinos fueron responsables de no aclarar 2 mil 748 millones 351 mil 803.99 pesos, correspondientes al Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, el Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social y el Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa.
Otros 96 millones 613 mil 385.37 pesos que se ejercieron de manera irregular correspondieron a pagos en exceso, una obra no ejecutada, falta de calidad especificada, pagos duplicados, trabajos de mala calidad y trabajos de supervisión no acreditados de la construcción del corredor vial para la Línea 5 del Metrobús, Segunda Etapa, en el Eje 3 Oriente en el tramo San Lázaro a Preparatoria 1; y en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos.
También la Secretaría de Seguridad Ciudadana dejó un monto de 11 millones 484 mil 225.04 pesos sin justificar ni comprobar por concepto de uniformes, así como 7 millones 589 mil 123.66 pesos que ejerció junto con la Fiscalía capitalina “por concepto de bienes pagados a la Secretaría de la Defensa Nacional” (Sedena) que no fueron suministrados.
Igualmente, un total de 12 millones 164 mil 513.21 pesos por aclarar de los cuales 4 millones 757 mil 142 pesos correspondieron a “no acreditar el motivo por el cual la obra se ejecutó en el Municipio de Xonacatlán, Estado de México, y por no fundamentar ni soportar documentalmente, que población de las alcaldías de la Ciudad de México se vería abastecida de agua del pozo realizado en el Estado de México”; y otros 7 millones 407 mil 371.21 pesos por la rehabilitación de una planta potabilizadora “de la cual no se presentó la documentación que acreditara que el pozo abastecería de agua a la planta, por lo que ésta no se encontró en operación por la falta de abastecimiento de agua para su tratamiento, y no se logró validar que la planta beneficiara a la población de la Ciudad de México”.
PUEBLA
El sexenio del Gobierno de Puebla se ha marcado por tener a múltiples gobernantes, pues la panista Martha Érika Alonso fue electa en urnas en el 2018 como Gobernadora pero falleció apenas 10 días después de haber tomado protesta. Tras su muerte, el morenista Miguel Barbosa Huerta desempeñó el cargo una vez convocadas nuevas elecciones, pero perdió la vida en diciembre de 2022, motivo por el cual el también morenista Sergio Salomón Céspedes fue nombrado por el Congreso local como Gobernador sustituto en dicho mes, quien actualmente tiene el puesto.
La entidad federativa de la región Centro del país presentó irregularidades por 4 mil 802 millones 506 mil 904.54 pesos entre los años 2019 y 2022, los cuales correspondieron a pagos a trabajadores del sector educativo con actividades distintas a las dispuestas, capacitaciones sobre personas desaparecidas de la cual no hubo evidencia en forma de documentación para acreditar que se hicieron, adquisiciones a la Sedena sin contar con la documentación comprobatoria ni haber recibido los bienes, entre otros.
Los servicios educativos del estado de Puebla derogaron 24 millones 358 mil 774.45 pesos para pagar a 66 trabajadores que contaron con 68 plazas y que estuvieron adscritos en 6 centros de trabajo, en los cuales se realizaron actividades distintas a la educación básica y normal pese a que esto era contrario a las leyes en la materia.
En la auditoría 1404 de la Cuenta Pública de 2021, la ASF determinó que el Gobierno poblano había dejado 2 mil 478 millones 851 mil 450.95 pesos sin aclarar de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, debido a pagos excedentes de 31 mil 074 trabajadores, pagos posteriores a la fecha de baja de mil 854 trabajadores, pagos en exceso a tres trabajadores en la nómina de honorarios asimilables a salarios, la no acreditación de la entrega de varios contratos, entre otros conceptos.
Un millón de pesos sin aclarar corresponden a una factura que fue cancelada y no se acreditó la recepción del bien y servicio, y otros 5 millones 937 mil 009.85 pesos irregulares fueron por concepto de pago de armamento y municiones a la Sedena sin contar con la documentación comprobatoria ni haber recibido los bienes. Otros 249 millones 144 mil 949.25 pesos constituyeron “un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal” ya que faltó documentación comprobatoria de los entregables, o evidencia de la entrega de las adquisiciones o servicios prestados, establecidos en nueve contratos.
La Secretaría de Cultura federal entregó al Gobierno de Puebla 248 mil 945.90 pesos para la realización de cuatro proyectos, los cuales, a la fecha de cierre de auditoría, no contaban con la documentación justificativa y comprobatoria de su aplicación; y la Comisión Nacional de Búsqueda había dado 3 millones 500 mil pesos para un curso de capacitación respecto de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda Personas, a cargo de la Comisión local de búsqueda, de la cual no recibió evidencia de la documentación correspondiente.
CHIAPAS
En el caso de Chiapas, donde gobierna el morenista Rutilio Escandón, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el ejercicio de 3 mil 335 millones 705 mil 737.99 pesos, los cuales fueron ejercidos para obras que no operaron, pagos excedentes a trabajadores por concepto de apoyos económicos, recursos del Programa de Desarrollo Rural cuyo destino no fue acreditado, entre otros.
El ente fiscalizador indicó que en el 2020, el Gobierno chiapaneco ejerció 30 millones 929 mil 464.36 pesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades del ejercicio fiscal 2020 para pagar una obra que se encuentra sin operar, así como 15 millones 095 mil 800.00 pesos para dos contratos de arrendamiento de vehículos de los cuales no hubo documentación justificativa de que fueron destinados a los fines establecidos.
Asimismo, detectó que 11 millones 224 mil 363.96 pesos fueron empleados para una obra de reconstrucción y equipamiento de infraestructura educativa de la escuela primaria “Valentín Gómez Farías” de la cual no se presentó la documentación justificativa. También en el ámbito educativo, el Gobierno de Escandón ejerció irregularmente 141 millones 920 mil 260.79 pesos del programa “Escuelas de Tiempo Completo” que correspondieron a acciones como transferencias a otras cuentas bancarias, no acreditar que los apoyos de los recursos del programa fueron otorgados a los Directores de los centros de trabajo autorizados y pagos excedentes a trabajadores por concepto de apoyos económicos.
Por otro lado, la Auditoría indicó que 39 millones 611 mil 258 pesos fueron ejercidos del Programa de Desarrollo Rural por el Gobierno de Chiapas, respecto de los cuales no acreditó que los destinó a la operación del programa, otorgó dinero a productores para la ejecución de proyectos sin contar con la documentación comprobatoria que acredite la aplicación de los recursos en los conceptos autorizados, y pagó a tres instituciones educativas y a un instituto de investigación, “sin acreditar que los servicios prestados por dichas instituciones contribuyeron a dar atención a los problemas estructurales del medio rural o de cadenas productivas, ni a los proyectos para atender necesidades de transferencia de tecnología y soporte técnico de las Unidades de Producción Familiar”.
MORELOS
En el estado de Morelos, el Gobernador Cuauhtémoc Blanco ha dejado una cuenta pendiente de 2 mil 877 millones 064 mil 302.72 pesos, los cuales corresponden a no acreditar la recepción de los bienes o servicios contratados en materia de Seguridad Pública, pagos indebidos a trabajadores ya finados, pagos en exceso a trabajadores, no acreditación de entrega de material del sector salud, así como otros conceptos.
La ASF detectó que en el 2021, el Gobierno de Morelos incurrió en irregularidades en el gasto de 12 millones 941 mil 242.40 pesos al no haber acreditado la recepción de los bienes o servicios contratados en materia de Seguridad Pública. Además, solicitó que se aclararan 59 millones 653 mil 726.32 pesos empleados por los Servicios de Salud estatales en distintos contratos sin haber presentado evidencia documental de los entregables o evidencia de los servicios prestados.
Igualmente, la administración actual dejó 95 millones 862 mil 540.87 pesos pesos por aclarar del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, con el cual pagó bienes a la Sedena que no fueron suministrados. Una obra con número de contrato SOP-DGOP-FISE-LP-072-OP tuvo deficiencias, por lo que la ASF indicó que probablemente hubo un daño al erario público por 11 millones 548 mil 268.51 pesos.
VERACRUZ
Veracruz fue el cuarto estado con mayor irregularidades durante la administración que terminará en el 2024, que está a cargo del morenista Cuitláhuac García. El Gobierno veracruzano presentó un gasto de 2 mil 282 millones 150 mil 018.08 pesos que no fue aclarado ante la Auditoría Superior de la Federación.
Por ello, la entidad fiscalizadora indicó en el 2021 que el Gobierno estatal necesitaba aclarar mil 226 millones 591 mil 241.02 pesos “por concepto de incrementar durante el ejercicio fiscal 2021 la asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal 2021 y registrar un monto pagado superior al originalmente aprobado”.
Además, presumió un probable daño o perjuicio al erario público por un monto de 77 millones 192 mil 114.28 pesos por pagar prestaciones llamadas Compensación de Alto Riesgo y Compensación de Mediano Riesgo, “las cuales no están autorizadas para financiarse con cargo en los recursos del” Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.
Incluso, se detectó que la administración de García pagó tres obras inconclusas por un monto de 8 millones 845 mil 420.59 pesos, así como 50 millones 960 mil 142.98 pesos ejercidos “para llevar a cabo el Convenio “GOB VER-CFE DISTRIBUCIÓN-01/2021″, de los cuales no se presentó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto que acredite que dichos recursos se comprometieron y devengaron dentro de los plazos establecidos, ni los expedientes técnicos que acrediten que las obras y acciones que en su caso se hubiesen pagado, se adjudicaron, contrataron y ejecutaron”.
TABASCO
En Tabasco, el Gobernador electo fue el morenista Adán Augusto López Hernández, quien se desempeñó en el cargo hasta que en agosto de 2021 dejó el cargo en manos de Carlos Manuel Merino Campos para unirse al Gabinete federal como Secretario de Gobernación. El estado sureño ha registrado irregularidades en el ejercicio de mil 448 millones 364 mil 566.45 pesos, los cuales corresponden a conceptos como pagos no autorizados con recursos federales,
Por ejemplo, en el 2021 el Gobierno de Tabasco ejerció 4 millones 348 mil 832.15 pesos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población Sin Seguridad Social Laboral para pagar la partida “Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo o Contratos Colectivos de Trabajo”, la cual no fue autorizada por el Instituto de Salud para el Bienestar para pagarse con recurso de aportación federal.
Al igual que otros estados, el Gobierno de Tabasco dejó sin aclarar 5 millones 381 mil 371.35 pesos por concepto de bienes pagados a la Secretaría de Defensa Nacional con recursos del fondo y no suministrados.
También, la ASF detectó un monto de 14 millones 542 mil 235.55 pesos que podría constituir un daño al erario público debido a erogaciones realizadas con los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019 que no están identificadas, ya que no disponen de la documentación original justificativa y comprobatoria del gasto.
YUCATÁN, GUANAJUATO Y JALISCO
Yucatán y Guanajuato, ambos estados gobernados por panistas, presentaron irregularidades en el ejercicio de 334 millones 167 mil 166.30 y 162 millones 478 mil 896.30 pesos, respectivamente.
En la Península, el estado es gobernado por Mauricio Vila, cuya administración adquirió en el ejercicio fiscal 2020 armamento y municiones de la Sedena por un monto de 4 millones 537 mil 528.02 pesos sin acreditar documentalmente el monto de las erogaciones realizadas ni haber recibido a la fecha de la auditoría los bienes.
Esta misma administración hizo pagos indebidos a trabajadores difuntos, comisionados a otras dependencias, en periodo de licencia sin goce de sueldo, entre otras irregularidades, por un total de 6 millones 486 mil 967.39 pesos; y derogó 17 millones 962 mil 760.98 en pagos retroactivos que no corresponden a las quincenas autorizadas para el Programa Presupuestario: “U080 Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación”, y por no proporcionar la documentación que acreditara y comprobara el ejercicio del recurso del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación.
En el caso de Guanajuato, que es gobernado por Diego Sinhué Rodríguez, un monto de 5 millones 198 mil 128.44 pesos ejercidos de manera irregular correspondieron a recursos comprometidos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades del ejercicio fiscal 2020, no pagados al 31 de marzo de 2021 de los municipios de Atarjea, Pénjamo, Salvatierra, Santa Catarina, Tarandacuao, y Xichú.
Otros 33 millones 669 mil 830.96 pesos quedaron pendientes de aclarar por el pago posterior de pasivos registrados y pagos realizados con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 de las pólizas de egresos y facturas sin la documentación correspondiente que evidencia la entrega de los bienes.
Entre las irregularidades también se identificó el pago de servicios de pruebas reactivas de laboratorio y banco de sangre, de los cuales no se presentó evidencia de que las pruebas garantizaron la prestación de servicios de salud del catálogo universal de servicios de salud, a favor de los afiliados; y recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal que fueron transferidos de la cuenta bancaria del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato a las cuentas dispersoras de nómina, sin identificarse con el pago de los egresos devengados ni con documentación comprobatoria y justificativa que amparen el destino de los recursos
Finalmente, Jalisco, el primer mandato que concluirá de Movimiento Ciudadano con Enrique Alfaro Ramírez al frente, tiene al momento un monto sin aclarar de 148 millones 208 mil 096.85 pesos.
De ellos, 42 millones 945 mil 745.35 pesos corresponden al gasto del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, al haberse registrado irregularidades por falta de documentación comprobatoria de su ejercicio, pagos indebidos a trabajadores, pagos improcedentes a trabajadores, pago a un trabajador que ocupó un cargo de elección popular durante el ejercicio fiscal 2019, a trabajadores ya finados, entre otros.
