El detective de El Paso Adrián García dijo en una declaración jurada de arresto que Patrick Crusius salió con las manos en alto de un vehículo detenido en una intersección poco después del ataque del sábado pasado y que le dijo a los policías: "Yo soy quien disparó".
-Con información de María Verza
El Paso, Texas, EU, 9 de agosto (AP). — Las autoridades informaron el viernes que el hombre de 21 años de edad acusado de perpetrar un mortal tiroteo en una tienda Walmart en El Paso confesó después de rendirse y dijo que su objetivo era atacar a mexicanos.
El detective de El Paso Adrián García dijo en una declaración jurada de arresto que Patrick Crusius salió con las manos en alto de un vehículo detenido en una intersección poco después del ataque del sábado pasado y que le dijo a los policías: "Yo soy quien disparó".
Agregó que Crusius renunció posteriormente a sus derechos Miranda y accedió a hablar con los detectives, diciéndoles que su objetivo de su ataque eran los mexicanos. Los derechos Miranda son los que goza todo sospechoso en Estados Unidos, al advertírsele que sus propias palabras pueden incriminarlo en los tribunales.
Veintidós personas murieron en el ataque y otras dos decenas resultaron heridas. Muchos de los muertos tenían apellidos hispanos y ocho de ellos eran de nacionalidad mexicana. El Paso hace frontera con la mexicana Ciudad Juárez.
LAS INVESTIGACIONES
Altos funcionarios de Estados Unidos y México mantendrán una reunión el próximo 13 de agosto en la capital mexicana para abordar el estado de las investigaciones sobre el tiroteo de El Paso, Texas, que dejó 22 muertos, 8 de ellos mexicanos. Con esta cita, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aspira a avanzar en la apertura de un caso por terrorismo en la fiscalía mexicana, anunció el jueves el canciller Marcelo Ebrard.
Sin embargo, diversos expertos consultados por The Associated Press no ven claro que un proceso de este tipo, totalmente inusual en México, pueda prosperar y consideran que su mayor impacto será de cara a la opinión pública para mostrar músculo frente a Washington.
“El único sentido de este movimiento es político, de decir ‘aquí estamos nosotros’”, resumió Samuel González, analista de seguridad y exfiscal contra el crimen organizado.
México fue tocado de lleno por el ataque al centro comercial de la ciudad fronteriza no sólo por el hecho de tener connacionales entre las víctimas, sino porque el atacante de 21 años disparó a bocajarro con la aparente intención de liberar a Texas de la ‘invasión’ de hispanos, según un manifiesto supuestamente de su autoría que hace pensar en el ataque como un crimen de odio.
Ebrard explicó que el hecho de querer estar presente en las investigaciones y de abrir un caso por terrorismo, que deja la puerta abierta a una eventual solicitud de extradición del sospechoso, se debe al temor de que pueda haber otras personas que actúen como el agresor. Por eso, en una nota diplomática, México pidió el miércoles a Washington que comparta “toda la información necesaria sobre el caso” para buscar a otros posibles involucrados o “potenciales organizaciones de supremacía blanca que busquen poner en peligro a nuestra comunidad”.
La reunión del próximo martes, en la que participarán, entre otros, miembros de las fiscalías de ambos países y del FBI, será la primera cita de alto nivel con estos fines, un encuentro que no se sale de lo habitual en estas ocasiones pero que podría potenciar un mayor intercambio de información.
“Lo importante es el precedente de que ante un hecho así, el gobierno está reaccionando con una investigación”, subrayó González. El exfiscal se mostró convencido de que conducirá a una orden de aprehensión pero dijo que lo complicado vendrá después: una solicitud de extradición se atisba muy poco probable, máxime porque las autoridades estadounidenses ya han adelantado que pedirán la pena de muerte para el sospecho.
El tiroteo de Texas se dio en medio de un endurecimiento de la política migratoria de México y de Estados Unidos y de lo que algunos consideran una excesiva condescendencia del gobierno mexicano hacia las medidas de la administración de Donald Trump.
Por eso, Jorge Guajardo, exdiplomático mexicano, consideró el movimiento como “una forma de cambiar el debate y decir ‘ustedes también son parte del problema generando odio hacia los mexicanos, no tienen que cerrar fronteras porque tienen a los terroristas en casa’”.
Otros analistas como José Antonio Crespo creen que al hablar de extradición y de terrorismo, el gobierno de López Obrador “no parece tan débil aunque sigue sin confrontarse con Trump” porque “discursivamente ya pueden decir que están haciendo algo”.
Más allá de las implicaciones políticas, los expertos ven complicado que pueda prosperar el caso.
Ximena Medellin, experta en derecho penal internacional del Centro para la Investigación y Docencia Económica, afirmó que no existe un argumento jurídico fuerte para iniciar una investigación en México sobre el tiroteo porque no hay un intento de discriminar a las victimas mexicanas por parte de Estado Unidos. Y entre las dificultades de llevar a cabo un proceso por terrorismo menciona la necesidad que tendría México de probar, tal y como lo establece el código penal, que el objetivo del atacante era obligar a una persona o un gobierno a tomar una determinada decisión, algo muy complicado.
Medellín reconoce, no obstante, que el movimiento del gobierno podría visibilizar que esta masacre fue un crimen de odio y tener un efecto en cuanto a estrategias de política binacional pero le preocupa que llevarlo al terreno jurídico conlleve distraer a la fiscalía de lo que considera sus verdaderas prioridades. “Hay tantos frentes abiertos, casos de corrupción, de lavado de dinero en los que serían necesarios complejos procesos de extradición... pues que se enfoquen a eso”.
Además, según Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia, México siempre rechazó abrir casos de terrorismo “para que no se lo apliquen luego a ellos” con lo que no deja de sorprender que lo quiera hacer ahora.
Distintas administraciones esquivaron en el pasado el uso de este término para designar crímenes indiscriminados contra la población civil a manos del crimen organizado, como el ataque con granadas en el centro de Morelia de 2008 que dejó ocho muertos y un centenar de heridos en la capital del estado mexicano de Michoacán, o el incendio de un casino en Monterrey --estado de Nuevo León-- que en 2011 mató a 52 personas.
Al margen de la viabilidad jurídica del caso en la fiscalía mexicana, algunos académicos lamentan que no se lleven a cabo acciones contundentes contra Trump por incitación al odio.
Buscaglia recordó que discursos iguales a los suyos han sido considerados evidencias para enjuiciar a presidentes africanos. “Habría que aplicar los mismos estándares legales al presidente del Congo que al de Estados Unidos aunque eso no sea políticamente realista”, agregó.
