Un juez determinará hasta el lunes la situación jurídica de Rosario Robles Berlanga, imputada por omisiones que permitieron el desvío de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos en Sedatu y Sedesol.
Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) sentó finalmente a Rosario Robles frente a un juez, en uno de los casos más escandalosos de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero todavía está en duda si podrá comprobarle los desvíos que, según la Auditoría Superior de la Federación, cometió en perjuicio de la Hacienda pública federal.
Robles Berlanga, dos veces Secretaria de Estado en el sexenio anterior, compareció durante todo el día de ayer, pero eso no es ninguna garantía de que la Fiscalía podrá comprobar su responsabilidad en los desvíos que, se supone, realizó o dejó hacer.
“Los abogados de la Fiscalía no parecían del nivel que merece el caso”, comentó a SinEmbargo un periodista que ha cubierto la fuente judicial durante años. “Apenas sí conocían los expedientes”, agregó.
Durante la primera parte de la audiencia, los integrantes de la Fiscalía tuvieron algunos tropezones, ya que la primera petición de los abogados de Robles fue que la Auditoría no participara como parte quejosa. La defensa de su permanencia fue limitada y en la lectura de los artículos que sustentaban su actuar se leyeron entrecortados.
Fueron 40 minutos en ese primer desahogo. La defensa de Robles lo puso sobre la mesa, la Fiscalía se defendió y de nueva cuenta los abogados tomaron el micrófono para desestimar lo dicho.
Fue el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el que luego de 20 minutos de análisis decidió que era procedente la participación de la ASF como parte quejosa.
Una fuente que conoció de primera mano las auditorías que revelaron los presuntos desfalcos –no quiso que su nombre fuera revelado en público por temor a represalias–, dijo también a SinEmbargo que la comparecencia era “una farsa”.
“Lo hicieron [la ASF y la Fiscalía, no ir preparados] a propósito. No quieren culparla”, dijo.
También señaló que David Rogelio Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior hasta 2025 pero designado cuando Peña Nieto todavía era el Presidente, no pretende que este escándalo conduzca al enjuiciamiento de Robles. Insistió en presunto contubernio y complicidad.
“Pedía que cerraran la terraza para echarse sus botellas de vino tinto con Rosario; ellos son los que congelaron todo el caso”, dijo, para ejemplificar la presunta relación entre la ex Secretaria y el actual auditor.
Pero luego de un receso de dos horas en la comparecencia de Robles, los agentes del Ministeruo público federal tomaron las riendas, luego de leer durante dos horas los señalamientos que la Auditoría hizo a las cuentas públicas de las administraciones de Robles.
Fue ahí cuando sacaron los testimonios de las personas que trabajaron con Rosario tanto en Sedesol como en Sedatu: José Antolino Orozco y María del Carmen Gutiérrez, quienes aseguran que le dijeron a su entonces jefa de las irregularidades en los convenios y además, poseen sello de recepción de la oficina de Robles en diversos oficios sobre los contratos.
“Esta Fiscalía solicita vinculación a proceso. Hay pruebas que establecen delito y la participación de la imputada. Es procedente la vinculación por los hechos con apariencia de delito”, comentó Mario Fonseca Barrera del MP.
Ante eso, Robles decidió no utilizar el derecho de réplica que le concedió el juez y la Fiscalía tomó el micrófono y no lo soltó hasta tres horas después.
Presentaron pruebas y testimonios de que Robles no informó de los hechos y los omitió, cuando tenía la obligación de pararlos o reportarlos al Presidente Enrique Peña Nieto. Por el testimonio de Antolino, realizado en junio de este año, dijo frente al juez que la ex funcionaria tuvo conocimiento de las afectaciones patrimoniales, de junio de 2014 a octubre de 2018, es decir, en las dos secretarías.
Que tuvo conocimiento de que ella y su equipo estaban haciendo irregularidades en ambas oficinas. María del Carmen Gutiérrez también dijo que Rosario tuvo pleno conocimiento de las afectaciones a la Sedatu porque se generaron oficios al respecto.
HASTA EL LUNES
El juez Felipe de Jesús Padilla citó de nueva cuenta a las partes el próximo lunes a las 18 horas para determinar la situación jurídica de Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
En una situación sorprendente para el propio juez, la parte acusatoria no solicitó medidas cautelares para Robles. Ella dijo que se presentará el lunes, como hoy lo hizo, para dar la cara.
El Ministerio presentó testimonios de ex funcionarios que, aseguraron, Robles autorizó pagos ilegales tanto en Sedesol como en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y que no los detuvo, por lo que su actuar se considera doloso.
Los testimonios de la Fiscalía señalan que hubo reuniones fuera de la oficinas de la Sedatu. Una fue en 2018, y la presidió Emilio Zebadúa. Le dijo al staff, en nombre de Rosario, que ante el número de irregularidades detectadas por la ASF, “que no se preocuparan, que todo estaba arreglado.
El testigo, aseguró el representante del Ministerio, Mario Fonseca Barrera, dijo que en ambas secretarías existieron estructuras definidas para la simulación de contratos y falsificación de firmas.
“Dejan en claro el actuar. La forma de operar organizada”, agregó Fonseca.
También contaron de una ocasión en que funcionarios de la Sedesol y Rosario Robles asistieron a la ASF para sostener una reunión con en el entonces Auditor, Juan Manuel Portal.
Él le dijo a Robles que las auditorías a la Sedesol estaban plagadas de irregularidades porque estaban abusando de las contrataciones con universidades. Rosario le dijo que la ley lo permitía, Portal dijo que sí pero que además había inconsistencias por parte del Oficial Mayor (Zebadúa) y por recursos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre que no estaban llegando a la población pero tenían firmas de entrega.
Rosario terminó esa reunión de manera abrupta con Portal, pero quedaron varios testigos de ese hecho.
MÁS DE 5 MIL MILLONES
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acusaron este jueves a Rosario Robles Berlanga, ex titular de Sedesol y Sedatu, por omisiones que permitieron el desvío de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos en las secretarías que dirigió en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La Fiscalía y la Auditoría presentaron como pruebas 27 convenios que realizaron las dos secretarías mientras Robles era su titular. Dichos convenios se llevaron a cabo con la Universidad de Morelos; con la Universidad Politécnica de HidalgoM; con la Televisora de Hermosillo; con la Universidad Politécnica de Quintana Roo; con la Universidad de Chiapas; con Radio y Televisión de Hidalgo y con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.
En voz de Teresa Maldonado, Agente del Ministerio Público (MP) federal, las imputaciones directas a Robles son “por el posible ejercicio indebido del servicio público, porque supo por el cargo que ella tenía, de estos actos y no informó al Presidente [Enrique Peña Nieto], y no actuó en contra a pesar de que ambas cosas están estipuladas en los reglamentos de Sedesol y Sedatu”.
“Usted, señora María del Rosario, estando en la Sedesol y Sedatu, de 2012 a 2015 y de 2015 a 2018, respectivamente, sabía que resultarían afectadas terceras personas y usted era Secretaria de Estado (…) En junio de 2014, usted tuvo conocimiento de los actos, por parte de Juan Manuel Portal, entonces auditor superior de la federación, y volvió a tener conocimiento en septiembre de 2014 y junio de 2015”, dijo Maldonado.
La agente enlistó las acusaciones y enfatizó en que lo que se hizo en la Sedesol se repitió en la Sedatu. Lo que pidió fue “el auto de vinculación a proceso por los hechos conocidos como la “Estafa Maestra”; por las irregularidades de las que tuvo conocimiento de manera interna y por la ASF, por hechos cometidos por servidores públicos de sus secretarías”.
SU PASO POR SEDATU Y SEDESOL
Rosario Robles fue Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018), Secretaria de Desarrollo Social (2012-2015) y jefa de Gobierno sustituta del Distrito Federal (1999-2000) entonces por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
A Rosario Robles se la relaciona con el desvío de 7.670 millones de pesos. Este dinero habría sido entregado entre 2013 y 2014 a 186 empresas, pero 128 de ellas no disponían de la infraestructura ni de la personalidad jurídica para prestar servicios.
Desde 2013 a 2016 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había presentado 32 denuncias penales ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) contra ambas dependencias, universidades públicas y sistemas públicos de comunicación relacionados por posibles daños al erario público, de acuerdo con el informe del órgano fiscalizador sobre el estado de solventación de observaciones al corte de marzo de 2019.
Robles Berlanga dirigió Sedesol de diciembre de 2012 a agosto de 2015, año en que la ASF presentó nueve denuncias ante la PGR contra esa dependencia encargada de la entrega de programas sociales a población vulnerable.
