El Centro de Lengua y Cultura Zoque denunció que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas excluyó a las comunidades zoques de Veracruz, Campeche, Jalisco y Chiapas del Atlas de los Pueblos Indígenas de México, para “facilitar el saqueo del territorio y los bienes comunes”.
Este acto, apuntaron, se da en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y justo cuando el Gobierno mexicano busca despojar los zoques de 170 mil hectáreas de tierras para entregarlas a las empresas extranjeras y desarrollar diversos megaproyectos.
Dicho pueblo originario defiende 84 mil 500 hectáreas de proyectos relacionados con la Reforma Energética, entre las que se encuentran concesiones mineras, la ampliación de la Presa Chicoasén, una central geotérmica y una represa en San Antonio Poyanó, Ocotepec.
Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) excluyó a comunidades zoques de Veracruz, Campeche, Jalisco y Chiapas (que actualmente se mantienen en resistencia contra megaproyectos) del Atlas de los Pueblos Indígenas de México.
El Centro de Lengua y Cultura Zoque denunció que esto es un acto que constituye una forma sistemática de etnocidio contra esos pueblos, ya que se pretende “borrar del mapa a las comunidades zoques”.
En un comunicado de prensa dirigido a la relatora especial de la ONU, Victoria Tauli-Corpus, el Centro explicó que al no ser reconocidos como pueblos zoques en el Atlas de los Pueblos Índígenas de México, no sólo constituye un acto discriminatorio y de exclusión, sino un trato desigual de las instituciones públicas hacia los pueblos zoques porque es a partir de esos datos oficiales que se diseñan las políticas públicas y se decide la distribución del gasto público en educación, salud, infraestructura, justicia, representación política, entre otros. Esta decisión los estaría dejando fuera, como comunidad indígena, del diseño del Plan Nacional de Desarrollo de los próximos seis años.
“El Gobierno mexicano sigue imaginando las geografías indígenas detrás de un escritorio para facilitar el saqueo del territorio y los bienes comunes (aguas, tierras, bosques) donde los pueblos son borrados, achicados y excluidos de forma sistemática y la mentira es legitimada como historia. Así es como la CDI, en un coletazo de muerte, busca generar una nueva imagen colonial de nuestros pueblos”, plantea el comunicado.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, acusaron que este acto se da justo cuando el Gobierno mexicano busca despojarlos de 170 mil hectáreas de tierras para entregarlas a las empresas extranjeras y desarrollar los proyectos de las Zonas Económicas Especiales del Sureste y la Gran Selva Maya Zoque del Corredor Biológico Mesoamericano, que incluye la instalación de pozos petroleros, gasoductos, oleoductos, minería, geotermia, presas hidroeléctricas, geoparques y privatización de millones de metros cúbicos de agua en ocho subcuencas de la región hidrológica Grijalva-Usumacinta, que impactan directamente en la vida cotidiana de más de 60 mil hablantes zoques y decenas de comunidades en 14 municipios del norte de Chiapas.
Que los zoques no estén en el Atlas, aseguraron, también libra a las autoridades de realizar consultas previas para realizar un mega proyecto, ya que no estarían reconocidos como tal.
En entrevista con SinEmbargo, el antropólogo y defensor de los territorios de los pueblos indígenas y poblaciones en riesgo, Ramón Martínez Coria, explicó que el Atlas también estaría afectando las cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) por el registro censal de la población identificada como indígena, que cuenta con una historia y con valores de quien se reivindica en esa categoría.
“Estar en el Atlas no es sólo aparecer en una foto, porque no es un documento celebratorio, es de referencia y se vuelve fuente de consulta hasta de jueces que pueden asumir que las referencias en ese Atlas son una probanza de ser o no ser población indígena”, comentó.
En el caso concreto de las comunidades zoques, dijo, se le deben añadir las problemáticas que tienen sobre sus territorios por megaproyectos. En defensa de territorios, hay protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que requiere de probar que la población que se reclama indígena es realmente una población originaria, con una cultura étnica, que tienen derechos sobre sus territorios desde antes de la conformación del Estado mexicano.
Hace dos años, Petróleos Mexicanos y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), anunciaron la subasta de 12 pozos petroleros ubicados en la zona norte del estado de Chiapas. Cuando los zoques –el pueblo indígena que habita la zona que se pretendía licitar– se enteraron de las intenciones gubernamentales, se opusieron de manera rotunda y su organización continúa hasta la fecha y en alerta permanente.
Son 84 mil 500 hectáreas que los zoques defienden de los proyectos de la Reforma Energética, que a la vez se traducen en una inversión de más de 300 mil millones de dólares. Pero las actividades extractivas no se limitan a los hidrocarburos: hay 12 concesiones mineras en 70 mil hectáreas, la ampliación de la Presa Chicoasén, un proyecto geotérmico sobre 15 mil hectáreas –que abarca las poblaciones de Francisco León, Chapultenango y Ostuacán… y una represa en San Antonio Poyanó, Ocotepec.
“El subregistro de la población indígena no es una novedad, el asunto es saber si existen razones menos ingenuas […] Los zoques alzaron su voz de inmediato y creo que los pueblos sí pueden tener un efecto colateral de esta publicación, porque cuando no se está ahí queda en duda tu identificación para efectos legales”, agregó Martínez Coria.
Desde su perspectiva, la CDI debe verificar con las comunidades el documento que elaboró, que explique si los borran o no, y si se requiere, se defiendan de los daños colaterales que eso podría tener para sus intereses colectivos.
“Los megaproyectos están detrás de la puerta. Hay una pelea asimétrica de los pueblos por sus territorios y si apareces borrado de un instrumento que identifica a las poblaciones de las que hablamos, habría que revisarlo, porque debe estar al servicio de ellos y no en su contra. Puede haber más omisiones, esta es una muestra”, señaló.
