Tras más de 13 horas de audiencia, el ex Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, fue vinculado a proceso acusado de las irregularidades en la compra de terrenos y facilidades otorgadas a la armadora coreana Kia. Aunque se le pretendían imputar tres cargos: delitos patrimoniales, peculado y ejercicio indebido de funciones, sólo de éste último se logró acreditar el delito, según el Juez.
Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).– El ex Gobernador de Nuevo León Rodrigo, Medina de la Cruz, fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones.
Tras más de 13 horas de audiencia, el ex mandatario fue vinculado por el Juez Jaime Garza Castañeda, acusado de las irregularidades en la compra de terrenos y facilidades otorgadas a la armadora coreana Kia .
Sin embargo, el Juez consideró que los delitos de peculado y daños en contra del patrimonio estatal no estaban acreditados por la Fiscalía de Nuevo León.
El ex mandatario negó los cargos.
Esta mañana, Medina de la Cruz acudió a la audiencia con un Juez de Control para la presentación de cargos en su contra por haber otorgado incentivos fuera de la Ley a la empresa KIA, lo que habría generando un daño patrimonial al estado por 3 mil 683.5 millones de pesos.
El pasado 2 de agosto un Juez de Distrito le negó a Medina un amparo, por lo que su abogado admitió entonces que el ex mandatario fuera citado de nueva cuenta a comparecer dentro del proceso por las irregularidades con la empresa asiatica.
Días antes, el ex Secretario de Finanzas y Tesorero de Nuevo León, Rodolfo Gómez Acosta, fue vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones, delitos patrimoniales y peculado.
De acuerdo con Comunicación Social de Nuevo León, también fueron vinculados a proceso Víctor Martínez Trujillo, ex Director Sistema de Caminos; Juan Manuel Vallejo Ramos, ex Coordinador General de Administración de la Secretaría de Desarrollo Económico; y Esteban Cepeda Ochoa, ex Coordinador Sistema de Caminos.
Gómez Acosta ha sido acusado de permitir que se entregaran incentivos fuera de la ley y no solicitados por la empresa KIA en el Municipio de Pesquería por lo que dañó al erario público por una cantidad de 3 mil 680 millones de pesos.
