En el marco del Día Internacional del Derecho de los Pueblos Indígenas que se celebra hoy, el Inegi informó que siete de cada diez hablantes de lengua indígena se encuentran en situación de pobreza y persiste una brecha significativa sobre el nivel educativo en esta población. El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social reveló que en México, 18 millones de indígenas sufren discriminación negativa debido a su fenotipo, vestimenta, idioma o sus costumbres. También destacó que actualmente el 80 por ciento de la población indígena vive en condiciones de pobreza y el 30 por ciento de ellos está en pobreza extrema. El Comisionado Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, declaró que los derechos de los pueblos indígenas son los menos discutidos por la clase política en México, y la falta de garantías para cumplirlas ha permitido un robo a las riquezas minerales de las comunidades que tienen niveles de pobreza “más dramáticos que 1994”.
Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).– En México, siete de cada diez hablantes de lengua indígena se encuentran en situación de pobreza y persiste una brecha significativa sobre el nivel educativo en esta población, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicadas en el marco del Día Internacional del Derecho de los Pueblos Indígenas que se celebra hoy.
De acuerdo con el Inegi, al cierre de 2015 en México había 7 millones 382 mil 785 personas que hablaban alguna lengua indígena, de los cuales 13 de cada cien sólo pueden expresarse en su lengua materna; esta población se concentra en Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo y Guerrero y se encuentran entre la población mexicana con niveles de vida de “mayor desventaja”.
El instituto refirió que en 2015, 15 de cada cien personas hablantes de lenguas indígenas no estaban afiliados a servicios de salud; 98 por ciento de quienes sí tienen, lo está en el Seguro Popular, mientras que el 57. 7 por ciento de los hombres indígenas y 45.3 de mujeres no tiene ningún servicio médico.
Respecto al tema migratorio, el Inegi destacó que el 11.7 por ciento de los indígenas -900 mil personas- migró a otra entidad federativa, y 1.4 por ciento se fue a otro país.
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Las entidades con mayor movimiento de emigrantes e inmigrantes son Oaxaca, la Ciudad de México y Veracruz. El principal motivo para abandonar el país es para buscar oportunidades de trabajo.
El Inegi señaló que persiste una brecha significativa sobre el nivel educativo entre la población indígena y la que no lo es, sobre todo entre las mujeres donde se presenta el nivel más alto de analfabetismo y baja escolaridad.
Con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el instituto reportó que el porcentaje de niños indígenas de entre 3 y 5 años que no asiste a la escuela es de 64.4 por ciento. Mientras que 92.7 por ciento de los niños indígenas de entre 6 y 14 años asisten a la primaria y secundaria, contra 96.7 por ciento de niños que no hablan lengua indígena.
De los hablantes de lengua indígena, 23 por ciento son analfabetas; los miembros de pueblos indígenas estudian en promedio 5.7 años, es decir, 3.7 años menos que la población que no pertenece a ese segmento.
En materia laboral, 37.7 por ciento de los indígenas se desempeñan como empleados u obreros; 28.7 trabajan por su cuenta y 11.5 por ciento trabaja en el campo como peones o jornaleros.
LA DISCRIMINACIÓN
En México, 18 millones de indígenas sufren discriminación negativa debido a su fenotipo, vestimenta, idioma o sus costumbres, reveló el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Occidente).
En un comunicado, el doctor Guillermo de la Peña, integrante de ese organismo, expuso que actualmente el 80 por ciento de la población indígena vive en condiciones de pobreza y el 30 por ciento de ellos está en condiciones de pobreza extrema.
En su trabajo “Diversidad Cultural, la Desigualdad Social y los Derechos de Ciudadanía”, el investigador destacó que después de la Revolución Mexicana, el nuevo régimen puso en marcha una política que recibió el nombre de indigenismo, pero durante muchas décadas la Constitución no incluyó ninguna referencia explícita a esta población, a pesar de que reconoció el derecho de las comunidades agrarias históricas a sus tierras.
De la Peña urgió al Gobierno y a la sociedad civil a enfrentar siete grandes retos para saldar la deuda con ese sector de la población.
El primero es combatir su problema de visibilidad, ya que los indígenas todavía sufren discriminación por su fenotipo, vestimenta, idioma o costumbres. El segundo reto es sensibilizar a la población de que los indígenas no sólo viven en zonas rurales, pues antes de la llegada de los españoles existían ciudades en Mesoamérica y los Andes.
Como tercer reto propone promover en las instituciones gubernamentales, como escuelas, centros de salud, comisarías, tribunales, y en los programas sociales en las áreas urbanas, una política de reconocimiento de los sujetos indígenas y medidas de atención especial hacia ellos.
Hacer eficientes los tribunales e instituciones públicas donde se exponen los casos de violaciones de derechos indígenas, es el cuarto reto.
El quinto es erradicar la concepción errónea de que la persistente pobreza de los pueblos indígenas es causada por factores endógenos a sus culturas.
En sexto lugar propuso cambiar la visión de la explotación capitalista salvaje que prevalece en la sociedad como único camino posible hacia la modernidad indígena, a pesar de que la Constitución reconoce su derecho a decidir sobre el uso y destino de sus recursos naturales.
Por último, De la Peña planteó definir de manera clara lo que significa la representación política indígena ante los diferentes niveles del gobierno mexicano, problema más evidente en las zonas urbanas.
SAQUEOS A ZONAS INDÍGENAS
Los derechos de los pueblos indígenas son los menos discutidos por la clase política en México, y la falta de garantías para cumplirlas ha permitido un robo a las riquezas minerales de las comunidades que tienen niveles de pobreza “más dramáticos que 1994”, señaló el Comisionado Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz.
Durante el foro organizado por organizaciones indigenistas, por el Día Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas, realizado en el salón de eventos del Parque Papagayo, en Guerrero, los asistentes reclamaron la falta de apoyos al sector en el municipio y recriminaron que el alcalde perredista, Evodio Velázquez Aguirre no asistiera al evento.
En su ponencia, Derechos y cultura indígenas, Martínez Veloz sostuvo ante unos 80 asistentes que el discurso del Presidente Enrique Peña Nieto en la ONU en septiembre del 2014, debe de reflejarse en la armonización de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas en la Constitución, que plasma lo planteado en los acuerdos de San Andrés en 1994 luego de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas para reclamar los derechos de los pueblos indígenas.
Recordó que el tema de los derechos de los pueblos originarios poco se discute en la clase política del país, a pesar de estar presente en el corazón de México, “hay una deuda grande con los indígenas del país por parte de los políticos”, aunque reconoció el trabajo de los funcionarios, pero que han dejado a un lado los diagnósticos que permitan construir mejores formas de vida. Dijo que en los pueblos indígenas de México “la pobreza sigue persistiendo con niveles más dramáticos que en 1994”.
Esto, a pesar de que son en esas comunidades de donde se extraen las mayores cantidades de minerales pesados del país. En declaraciones Martínez Veloz, indicó que los programas sociales del Gobierno “sí están funcionando, hay buena disposición, el problema es que eso no basta para atender el rezago ancestral” y llamó a analizar si los esfuerzos han sido suficiente o no.
El titular de la Comisión, adscrita a la Secretaría de Gobernación, recordó que fue el ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León quien en 1996 no quiso aprobar los Acuerdos de San Andrés pactados con el EZLN, bajo el argumento de que se pretendía la conformación de un cuatro poder u otro Estado dentro de otro. Cinco años después, luego de que diplomáticos mexicanos y organizaciones defensoras de los derecho indígenas impulsaron la Declaración de la ONU, en 2007 se consolidaron los Acuerdos de San Andrés. Y para septiembre de 2014 el presidente Peña Nieto planteó armonizar la Declaración con la Constitución, lo que aún no se ha concretado.
“No sabíamos qué estaba atrás de esa negativa (en 1996). En el 2001, el Presidente (Vicente) Fox, manda la iniciativa (aprobada en 2002) y el PAN desnaturalizó la propuesta a partir de los Acuerdos de San Andrés: el reconocimiento de los pueblos a tener uso y disfrute de sus tierras y recursos naturales; de ejercer con plenitud su autonomía, es decir partes fundamentales fueron excluidos”, y recordó que fue justamente el panista Diego Fernández de Cevallos quien encabezó ese trabajo en la Cámara de diputados.
CON FOX Y CALDERÓN, LA MAYOR EXPLOTACIÓN DE MINERALES
Martínez Veloz indicó que detrás de la negativa del Presidente priista Zedillo, estaba la gran entrega de territorios a compañías extranjeras para la explotación de minerales pesados y ejemplificó que en 1521 a la fecha en el país fueron extraídos 2 mil 200 toneladas de oro.
En los tres siglos de la Colonia apenas fueron 182 toneladas, y en los últimos 22 años han sido mil 150 toneladas extraídas. “Es decir en los últimos 22 años se han producido seis veces más que durante los tres siglos de la colonia.
De ese tamaño son los interese que se oponen a que se cumplen los Acuerdos de San Andrés o la Armonización en la Constitución de la Declaración de la ONU”. Abundó que en los 70 años del PRI en el gobierno, se repartieron alrededor de 2 millones de hectáreas para la minería; y durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, fueron concesionadas 34 millones de hectáreas, 8 millones con Fox y 22 con Calderón, y dijo que nadie puede hacer eso “sin violar y pisotear los derechos indígenas”.
El Comisionado admitió que en el país no hay un control de los minerales que se extraen y que tampoco los municipios, los estados y mucho menos los pueblos se benefician de la explotación. Indicó que la empresa GoldCorp, instalada en Eduardo Neri, al año tiene ganancias por 4 mil 500 millones de pesos y para el municipio y el estado de Guerrero sólo paga 60 millones. Mientras que en Canadá con esa mismas ganancias la empresa pagaría al Estado unos mil millones de pesos, “es decir esto es un robo”.
Eso sin considerar la devastación y los daños al medio ambiente. De los 85 mil millones de pesos destinados a la población indígena en los distintos programas sociales, lamentó que no se consideró la opinión y la participación de la población indígena en el uso del dinero lo que es fundamental, y recriminó que algunas instancias de gobierno realicen convenios con secretarias de Cultura pensando que el dinero será para mejoras de las comunidades, y no lo hacen con las direcciones o secretarias de asuntos y atención de la población indígena. Martínez Veloz, llamó a las comunidades indígenas a articularse para poder seguir luchando por sus derechos: “la organización comunitaria es lo que permitirá cambiar esta situación del país.
La lucha no es sencilla”. Y dijo que “no es cierto que los indígenas quieran crear un Estado contra otro (recordando a Zedillo), quienes han creado Estados son los grupos criminales… garantizar los derechos de las comunidades indígenas, es una obligación a la cual nadie es ajeno”, sostuvo.
–Con información de El Sur
