Las cifras de homicidios y desaparecidos en este sexenio son ya el doble de lo contabilizado en toda la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Pero ese indicador no es el único donde el Gobierno de Enrique Peña Nieto –en sólo 3 años y siete meses– supera ampliamente al calderonista: también el número y el monto de adjudicaciones directas –las que no pasan por concurso o licitación pública– en su administración se ha duplicado, y además no hay manera de que el propio Estado ni los ciudadanos sepan si el contrato cedido tiene las mejores condiciones de precio-resultado para el erario público.
Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) lo advirtió en su dictamen sobre la “política de adquisiciones” de la actual Secretaría de la Función Pública (SFP): no cuenta con una manera de saber si las decenas de miles de contrataciones de bienes y servicios públicos que realizan las dependencias de la administración federal “garantizan las mejores condiciones de compra para el Estado”.
Uno de los motivos, advirtió la entidad revisora, es la caída en el número de licitaciones públicas y un aumento en el de procedimientos de “adjudicación directa”. Tan sólo en los cinco años analizados por la ASF, entre 2009 y 2014, las primeras decrecieron a un promedio anual de 12.6 por ciento mientras que las segundas –consideradas con mayor margen de discrecionalidad– aumentaron en casi la misma proporción: un 11.9 por ciento más cada año.
“Durante la auditoría (se identificó) la carencia de indicadores para valorar que se garantizan las mejores condiciones de compra para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”, dice el dictamen de la ASF.
Estadísticas de la Secretaría de la Función Pública muestran, por separado, que en la actual administración del Presidente Enrique Peña Nieto el número de adjudicaciones directas son ya casi el doble de las que había en los últimos años del anterior sexenio: 115 mil 309 procedimientos asignados sin licitación de por medio en 2015 frente a 58 mil 849 en 2011.
En millones de pesos, el monto de lo asignado de manera directa dobla también en la actual administración pública lo ejercido de esta forma en el calderonismo: 148 mil 272 millones sin licitar en 2015, frente a 72 mil 285 en 2011.
De acuerdo con los mismos datos de la SFP, el aumento en el número de adjudicaciones directas, de un 96 por ciento entre 2011 y 2015, fue mayor que el registrado en el número total de contratos, que creció un 85 por ciento. También el aumento registrado en el monto asignado de manera directa, que fue de un 105 más que en el final del sexenio anterior, fue superior al crecimiento en el presupuesto general de contrataciones, que fue de un 96 por ciento.
A diferencia de la ASF, que detectó promedios anuales de disminución en las licitaciones públicas, la Función Pública reporta aumentos en este renglón, pero menores a los presentados por las adjudicaciones directas: sólo un 62 por ciento más en el número de procedimientos licitados que en el calderonismo.
Un ejemplo de asignaciones directas otorgadas durante la presente administración son los 88 contratos de la empresa Actidea, S.A. de C.V., encargada de la organización de los eventos y celebraciones del Presidente Enrique Peña Nieto, desde las ceremonias del Grito de Independencia hasta los que de presentación de las reformas estructurales o la visita de los Reyes de España.
“Actidea ha sido la reina en la obtención de contratos sin mediar concurso en el terreno de los festejos y actos públicos. Y cuando ha competido o está en un contrato marco casi siempre ha resultado ganadora”, publicó SinEmbargo en abril pasado.
“Juntos, esos contratos fueron por 428 millones 54 mil 523 pesos con 61 centavos. Seis de estos 88 se desprendieron de un contrato marco; es decir, hubo otros participantes que también pudieron ser requeridos, pero sobre los cuales, Actidea fue la seleccionada”, agregó la investigación difundida por este medio.
Otros ejemplos son los nueve contratos de la compañía Eolo Plus, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa, y que también ha sido seleccionada de manera directa para prestar servicio de traslados aéreos de ejecutivos de dependencias de Gobierno federal, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
“Al asumir la Presidencia Peña Nieto –que es considerado amigo del contratista– Hinojosa Cantú amplió su cartera de clientes en el Gobierno federal y aumentó de 15.8 millones de pesos a 44.8 millones los recursos convenidos con el Ejecutivo sin tener que someterse a concurso o licitación”, publicó también SinEmbargo en marzo de 2015.
FRAUDE AL CONTRIBUYENTE
“Los problemas fundamentales de las adquisiciones han sido ‘la corrupción, la ineficiencia administrativa y la falta de competencia al momento de comprar, que implican desperdicio de recursos, y por lo tanto representan un fraude hacia los contribuyentes”, dice el dictamen de la ASF.
Y la Secretaría de la Función Pública, agrega la entidad revisora, “no acreditó en qué medida se avanzó en la resolución del problema público respecto de asegurar las mejores condiciones de compra para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad en los procesos de adquisiciones, a fin de que se otorguen bienes y servicios de calidad que generen confianza en la ciudadanía”.
La revisión de la ASF incluye un apartado de “antecedentes” que recuerda cómo ha avanzado la legislación alrededor de los procedimientos de contratación de bienes y servicios del sector público, de ser inexistente en la década de los años 80 hasta la actual Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Regulación necesaria, agrega el informe, dada la importancia de los recursos asignados a través de las contrataciones del Gobierno: “A 2012, esta actividad representaba aproximadamente el 40.0 por ciento del presupuesto total del sector público mexicano y el ocho por ciento del Producto Interno Bruto, por lo que se consideró a las adquisiciones como ‘la actividad gubernamental con mayor impacto en la economía nacional (…) y, en un sentido más amplio, además de maximizar el bienestar de la ciudadanía, las contrataciones públicas deben considerarse como una palanca de desarrollo para el Estado”.
