Desde 2014, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tenía el mandato de expedir lineamientos para proteger la neutralidad de la Red, dispuesto por el Congreso de la Unión en el artículo 145 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se negó abiertamente a hacerlo. Tras casi siete años de retraso en emitirlos – forzado por un juicio de amparo ganado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)- comenzó el proceso de elaboración y consulta de estos lineamientos teniendo como plazo fatal el pasado 30 de junio. El resultado fue lamentable pues se favorecen los intereses privados sobre los públicos.

La neutralidad de la Red es una condición necesaria para ejercer la libertad de expresión en Internet en los términos del artículo 13 de la Convención Americana. La neutralidad de la Red permite la libertad de acceso y elección de los usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal por medio de Internet y que no esté condicionada, dirigida o restringida, por medio de bloqueo, filtración, o interferencia.

Los lineamientos no honran los estándares arriba mencionados pues favorecen los intereses comerciales, permitiendo que los Proveedores de Acceso a Internet (PAI) discriminen el tráfico de algunos servicios, contenidos y aplicaciones con fines comerciales, y dejando de proteger la neutralidad de la Red. Por ejemplo, el artículo 8 permite el acceso “patrocinado”, ya sea por un tercero o por PAI, para ciertos servicios, contenidos y aplicaciones. Este esquema establece un trato preferencial contrario al principio de neutralidad de la Red al discriminar el tráfico basado en criterios comerciales.

Cuando presentó un Anteproyecto de lineamientos, el IFT  consultó a diversos actores como organizaciones, empresas y academia. De hecho se contó con la participación histórica de más de 150 mil personas en defensa de la neutralidad de la Red ─a través de la campaña “Salvemos Internet”. Sin embargo, la consulta no recogió las observaciones y advertencias relacionadas con el tema de neutralidad ni se generó un espacio de diálogo, análisis o comentarios particulares a los lineamientos. Al final, repito, se privilegiaron intereses particulares de las grandes empresas frente a los derechos de las personas en Internet.

Por ejemplo, los representantes de UNICEF y la Oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos recomendaron tener un enfoque basado en género y el respeto a los derechos humanos. En particular pidieron analizar de qué forma los lineamientos podrían afectar los derechos humanos de manera diferenciada para grupos en situación de vulnerabilidad (pueblos indígenas, mujeres, niñas y niños) para favorecer su acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) o generar mayores barreras. Nada de eso fue tomado en cuenta.

Ello contradice al propio Jesús Ramírez Cuevas -vocero presidencial- quien señaló en la audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada el 01 de julio que el Estado mexicano está comprometido con proteger la neutralidad de la Red.

Con los lineamientos aprobados es evidente la falta interés de vincular la agenda de libertad de expresión en el espacio digital y la agenda de este Gobierno. No hay priorización y una visión coordinada a temas vinculados con la neutralidad de la red como la brecha digital y la falta de infraestructura en comunidades indígenas, los elevados costos económicos para acceder a Internet, la lentitud en las descargas de cualquier información que, ahora, será discriminada por el proveedor, así como el retraso y en las políticas públicas sobre la alfabetización digital.

También se pondrá en riesgo la privacidad de las personas, en general, y periodistas en particular la discriminación de clases completas de paquetes que comparten características podría afectar el uso redes virtuales privadas (VPN, por sus siglas en inglés) y el enrutamiento de TOR o el tráfico cifrado. Ello condiciona la realización de investigaciones de interés público, necesarias para una sociedad democrática.

Al final, uno de los grandes damnificados es el propio IFT cuya existencia es seriamente cuestionada por parte del Ejecutivo federal. En lugar de adoptar una visión de derechos y atraer adeptos entre la ciudadanía, deciden “cargar los dados” a favor de las empresas. Eso hace difícil la defensa y alianza con un organismo regulador que es y debe ser pieza fundamental en la diversificación de la oferta en mercados digitales y la tutela de principios básicos como la neutralidad de la Red. Menuda tarea tiene ahora el organismo constitucional: defender su existencia y revertir su distanciamiento hacia la sociedad.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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