La organización ASILEGAL comentó que estas pérdidas pudieron haber sido evitadas de implementarse una planificación coherente y apegada a los derechos humanos de excarcelación de personas.
Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- La Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (ASILEGAL) por medio de un monitoreo permanente informó que los Centros penitenciarios han sido duramente golpeados por la pandemia de coronavirus en 26 de los 32 estados cobrando 112 vidas de personas privadas de la libertad y de 130 custodias.
Además de la pérdida de estas vidas, la COVID-19 ha causado 939 contagios entre personas privadas de la libertad y 161 entre trabajadoras y trabajadores regulares de los centros dando un total de 1100 contagios y 142 defunciones.
ASILEGAL comentó que estas pérdidas pudieron haber sido evitadas de implementarse una planificación coherente y apegada a los derechos humanos de excarcelación de personas.
“La inacción, el cierre de juzgados y tanto la inhabilidad como la misma indiferencia a hacer un impacto han resultado en una catástrofe penitenciaria en la que las “soluciones” menospreciaron derechos fundamentales y, a fin de cuentas, no han servido”, explicó la organización a través de un comunicado.
Asimismo, la organización recalcó que existen entidades como el Estado de México cuyos primeros contagios se presentaron durante la última semana de marzo; en Baja California el 30 de abril; en Puebla hasta el 20 de mayo.
Mientras que existen entidades cuyos primeros casos se presentaron hasta el mes de junio como fue el caso de Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán y Nayarit; o Nuevo León que reportó casos hasta el 6 de julio.
ASILEGAL expresó que las entidades con mayor número de contagios como lo son Jalisco, Puebla, Ciudad de México, Chihuahua y Estado de México, no necesariamente son las que presentan la mayor tasa de letalidad como sí lo hacen Baja California, Morelos y Guerrero, donde en el caso de las primeras dos entidades 8 de cada 10 personas contagiadas por COVID-19 mueren.
Mientras que en Guerrero 4 de cada 10 lo hacen. “Ello evidentemente tiene que ver con una serie de factores como la atención médica oportuna y de calidad; una alimentación sana, variada y suficiente; así como la aplicación de medidas de higiene en los espacios concurridos tanto por las personas privadas de libertad como del personal penitenciario” agregó ASILEGAL.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), Baja California, Morelos y Guerrero se encuentran entre las 16 entidades con una calificación promedio de 5 al sufrir un abasto insuficiente de medicamentos; y la falta de personal para atender a los internos; mientras que las últimas dos entidades presentan graves deficiencias en la existencia de un área médica y consultorio y de una alimentación de calidad, al alcanzar calificaciones promedio de apenas 4 de un parámetro de medición de 0 a 10.
De igual manera, la organización destacó que el año pasado, el promedio de calificación de los centros penitenciarios según el DNSP 2019 fue de 6.75, donde el 33 por ciento presentaron condiciones de hacinamiento y sobrepoblación, así como el 26.78 por ciento presentan deficiencias en alimentación, el 32.79 por ciento en servicios de salud y 26.78 por ciento en condiciones materiales y de higiene en áreas médicas.
Durante la explosión de la pandemia, las organizaciones de la sociedad civil llamaron la atención de las autoridades a este punto.
“Para poder delinear un plan de acción que pueda evitar aún más estragos derivados del virus, es importante tener un factor determinante para este tipo de monitoreo, así como el propio de la CNDH: el subregistro. Si bien hemos sido capaces de constatar información oficial, así como lo reportado por medios, también reiteradamente hemos tenido contacto con personas privadas de libertad o personas involucradas con el sistema quienes han hecho énfasis en mencionar que lo visto públicamente no es un reflejo irrestricto de la realidad, sino una porción de la misma”, manifestaron.
Por último, ASILE recalcó que la transparencia es un derecho y exigencia que se ejerce desde la sociedad civil para poder defender los derechos humanos de las personas privadas de libertad en el país. Y que de otra manera, no será posible hacer frente a la crisis en desarrollo.
