Javier Duarte dijo estar dispuesto a declarar como un «deber ciudadano (porque) al tener conocimiento de una situación que no es correcta, constitutiva de un delito, uno tiene que aportar». Sin querer adelantar qué delitos serían y a qué ex funcionarios involucra su información, señaló que se trata de acciones en las que él participó «en la interacción con el Gobierno federal».
Duarte no es el único priista que ha ofrecido hablar; ayer, la defensa de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, actualmente prófugo de la justicia, dijo que interpondrá un recurso contra la resolución judicial que impedirá llamar a declarar en el caso de Agro Nitrogenados al ex Presidente Peña Nieto y a Luis Videgaray, ex Secretario de Hacienda. La defensa de Lozoya ha dicho que Peña y el ex titular de Hacienda traicionaron a Lozoya.
–Con información de EFE.
Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo/EFE).– Javier Duarte, ex Gobernador de Veracruz (2010-2016) y quien cumple una condena de nueve años de cárcel por corrupción, reveló este martes que ofreció a la Fiscalía «información valiosa y detallada» sobre delitos cometidos por funcionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). No es el único funcionario que ha propuesto hablar contra ese gabinete, pues el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, propuso a través de su abogado ser testigo protegido para colaborar en la investigación por la probable compra irregular de la planta Agronitrogenados.
En una entrevista telefónica con la emisora Radio Fórmula, Duarte dijo haber enviado a la Fiscalía General de la República (FGR) una solicitud para que un agente del Ministerio Público se presente en el Reclusorio Varonil Norte en Ciudad de México para tomarle su declaración.
En su solicitud, el ex Gobernador aseguró contar «con información valiosa y detallada en contra de diversos funcionarios de la anterior administración, que podría ser de utilidad para la integración de las investigaciones» que pudieran estar llevándose a cabo.
Durante la entrevista, Duarte dijo estar dispuesto a declarar como un «deber ciudadano (porque) al tener conocimiento de una situación que no es correcta, constitutiva de un delito, uno tiene que aportar».
Sin querer adelantar qué delitos serían y a qué ex funcionarios involucra su información, señaló que se trata de acciones en las que él participó «en la interacción con el Gobierno federal».
«No puedo decir que fui obligado, pero políticamente sabemos que existe un jefe, el jefe de las instituciones», añadió, en referencia a Peña Nieto.
Por otro lado, Duarte dijo haber sido víctima de una «extorsión» en la que fue obligado a entregarse a las autoridades a cambio de que permitieran a su familia irse del país. «Es como un secuestro: pagas o te matan a un familiar», sostuvo.
Precisó que no fue arrestado en una operación policial, sino que a través de sus abogados negoció con funcionarios de la administración anterior, y que el acuerdo al que llegó fue que se entregara antes de las elecciones del Estado de México, realizadas en junio de 2017. Finalmente fue detenido el 15 de abril de ese año en Guatemala.
Asimismo, dijo que se vio obligado a aceptar las pruebas que «fabricaron» en su contra.
Duarte aseguró que su proceso y encarcelamiento es resultado de «una persecución inédita, un linchamiento público descomunal, basada en elementos que hoy se están cayendo».
«Lo único que existe en mi contra son declaraciones de delincuentes confesos», afirmó.
Respecto a su familia, dijo: «todo el mundo piensa que vive en la opulencia, que vive de manera holgada o vive en un cuento de hadas; la verdad es que mi familia vive en una situación muy precaria, están allá (en Londres, Reino Unido) por necesidad».
«La semana pasada mi hijo menor se rompió la clavícula y no tenían dinero para ir al doctor», añadió.
De acuerdo con Duarte, a su esposa Karime Macías «le inventaron un delito (desvío de recursos públicos) con base en declaraciones de un ex funcionario público de Veracruz que hoy está libre y ha acusado a la Fiscalía del estado de tortura».
Finalmente, quien fue expulsado del entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) en octubre de 2016, dijo confiar en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda), quien asumió el poder el 1 de diciembre de 2018.
OSORIO CHONG NIEGA RELACIÓN
Por su parte, el coordinador del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó las acusaciones de Javier Duarte cuando él era Secretario de Gobernación, sobre su salida del Gobierno de Veracruz y su entrega en Guatemala.
En entrevista con medios nacionales, el legislador exigió al ex mandatario que presente las pruebas que dice tener en su contra.
“Yo le exijo, incluso, que presente las pruebas que dice tener en los señalamientos que en mi persona señala, no tengo absolutamente nada que ver, ni con él, ni con su gente, ni con sus abogados, no los conozco”, afirmó.
Chong aseguró también que la última vez que vio a Duarte fue en la Secretaría de Gobernación, cuando platicaron sobre su salida del Gobierno, ahí, dijo le habría sugerido que enfrentara directamente a la entonces Procuraduría General de la República.
LOZOYA, DISPUESTO A DECLARAR
Lozoya Austin propuso a través de su abogado ser testigo protegido sobre el caso Agro Nitrogenados. “Interpuso de manera formal un recurso para que se le conceda el principio de oportunidad —similar al testigo protegido— y así pueda colaborar en la investigación por la probable compra irregular de la planta Agronitrogenados”, informó El Heraldo de México.
Javier Coello Trejo habría llevado a la Fiscalía General de la República (FGR) la petición. “Está dispuesto a proporcionar datos sobre la verdad jurídica, y aclarar la participación de funcionarios ‘del nivel que sea’” dijo.
El abogado ha pedido que el ex Presidente Enrique Peña Nieto sea llamado a declarar por la Fiscalía; también Luis Videgaray, ex titular de la Secretaría de Hacienda, petición que fue negada por un juez.
Sin embargo, ayer la defensa de Emilio Lozoya informó que se impugnará la decisión judicial de no citar al ex mandatario Peña Nieto ni a Videgaray Caso sobre el caso.
En un comunicado, Javier Coello, abogado de Lozoya, informó sobre la impugnación. “”La Fiscalía indebidamente solicitó una orden de aprehensión en contra de mi representado Emilio Ricardo Lozoya Austin, en lugar de conducirlo al procedimiento mediante citatorio, situación que evidentemente generó que mi defenso no tuviera oportunidad de ofrecer sus datos de prueba, ya que de haberlo citado, hubiera acontecido; por lo que es claro que ha existido una violación flagrante a los principios que rigen el Sistema Penal Acusatorio, por lo que en tiempo y forma se presentará el Recurso de Queja, para que un Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, lo estudie y resuelva lo conducente”, se lee en el documento citado por medios.
Esa mañana se informó que una juez federal negó el recurso solicitado por Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya Austin, para llamar a declarar al ex Presidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre el caso Agro Nitrogenados.
Horas antes se había informado que una juez federal negó el recurso solicitado por Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya Austin, para llamar a declarar al ex Presidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso, ex titular de la Secretaría de Hacienda, sobre el caso Agro Nitrogenados.
El pasado 4 de julio se informó que Lozoya Austin solicitó por escrito a Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, autorizar los interrogatorios del ex presidente Enrique Peña Nieto y del ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, por la compra que la paraestatal mexicana realizó de la planta Agronitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA), en 273 millones de dólares.
Según lo informaron varios diarios nacionales, basados en informes del Poder Judicial de la Federación (PJF), el ex director de Pemex pidió nueve testimonios, incluidos los de Pedro Joaquín Coldwell, ex titular de la Secretaría de Energía (Sener); Miguel Messmacher Linartas, ex subsecretario de Ingresos de la SHCP, y Enrique Ochoa Reza, ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Lozoya Austin solicitó, también, los testimonios de José Manuel Carrera Panizzo, director de P.M.I. Comercio Internacional, subsidiaria de la petrolera mexicana, y de Martha Edith Rodríguez Acosta, apoderada legal de la paraestatal y de Pemex Fertilizantes.
