Mintieron, falsificaron documentos, actuaron con dolo y, encima, se resisten a pagar las multas impuestas por la Secretaría de la Función Pública. Entre 2003 y 2019, proveedores del Gobierno federal que incurrieron en trampas al adquirir contratos públicos acumularon una deuda con el Estado mexicano de más de 2 mil 300 millones de pesos en sanciones económicas no pagadas. De ser captada, la cantidad alcanzaría para comprar 45 mil camas para los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social o remodelar seis veces los reclusorios federales en la Ciudad de México.
PRIMERA DE TRES PARTES
Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).– Entre 2003 y 2019, las multas impuestas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a proveedores del Gobierno federal que incurrieron en actos de corrupción que no han sido pagadas se acumularon hasta sumar más de 2 mil 300 millones de pesos.
De ser captado, ese monto alcanzaría para 45 mil camas para los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en todo el país si se considera que en una compra realizada en 2018, cada una costó 50 mil pesos; la ampliación de las líneas 12 y 9 del Metro de la Ciudad de México, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; o remodelar seis veces los reclusorios federales en la Ciudad de México si se estima que la Comisión de Reconstrucción de los sismos de septiembre de 2017 destinó para ello 387 millones 500 mil pesos.
Estas sanciones económicas, las impone la SFP a empresas que infringieron las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público con una multa equivalente a cincuenta hasta mil veces el salario mínimo vigente en la fecha de la infracción. Si una empresa no ha saldado la multa, su registro queda en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados. La entidad privada puede recurrir a amparos legales y en el proceso es posible que el cumplimiento de la amonestación caiga en un letargo.
SinEmbargo revisó un universo de mil 806 registros de multas que no han sido saldadas, contenido en ese Directorio desde 2004 -el primer año que operó la Función Pública tal cual es ahora- hasta el día de hoy. El propósito fue calcular cuánto deben los proveedores del Gobierno federal por prácticas vinculadas a la corrupción cometidas durante los pasados 15 años y hasta ahora, un periodo político en México en el que el discurso para combatir ese cáncer ha sido un eje.
En esos años, gobernaron dos Presidentes emanados del Partido Acción Nacional -Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012)- uno del Revolucionario Institucional -Enrique Peña Nieto (2012-2018)- y ahora, uno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Cada uno de estos Mandatarios, en su momento y con su estilo, ofreció programas para abatir la enfermedad de la corrupción, así como reparación de los daños que ha causado. Pero el directorio de la SFP es un muestrario gigantesco de las anomalías que una empresa puede llegar a cometer con tal de ganar un contrato público.
Las razones por las que fueron multadas se desgranan en la falsificación de documentos, las mentiras sobre obligaciones fiscales, la presentación de “fantasmas” ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el incumplimiento, el dolo, la negligencia que ha ocasionado muertes y sobre todo ello, la resistencia a pagar sanciones económicas.
Sólo un ejemplo de este rezago: en el cúmulo de multas envejece la que se le impuso a la Guardería ABC en 2009. Dentro de las instalaciones de esa empresa, un incendio acabó con la vida de 49 bebés y le causó heridas irreparables a otros 79. Es una de las tragedias que más han afrentado a México en los últimos 15 años.
Las multas no pagadas van desde los 70 pesos que debe Juan Pablo Eguia Sandoval a la Comisión Nacional de Zonas Áridas desde 2006 por trabajos de carpintería que no fueron bien realizados hasta los casi dos mil millones de pesos que establecieron los Gobiernos de Enrique Peña Nieto y López Obrador para Constructora Norberto Odebrecht y Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México por presentar información falsa y actuar con dolo.
Para Ricardo Corona, investigador del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), “en términos del combate a la corrupción, el mecanismo de sanciones no es precisamente el adecuado porque envía un mensaje de laxitud y condescendencia hacia los infractores. Deja abiertas muchas puertas que vuelven al sistema muy vulnerable. Deja un rezago frente al cual, hace falta voluntad política que empodere a la Función Pública”.
LAS MULTAS SE ACUMULABAN
El 2 de julio de 2000, postulado por el Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox ganó las elecciones presidenciales con una ventaja de siete puntos porcentuales sobre Francisco Labastida Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Tenía 58 años de edad y consiguió un logro histórico: romper con los 71 años del tricolor en el poder. Aquel día de su triunfo, ofreció acabar con la corrupción, pero no a medias tintas; sino con la pesca de “peces gordos”.
Una multitud le gritaba en las calles: “¡No nos vayas a fallar!” “¡No nos vayas a fallar!” Según la encuestadora Parametría, 70 por ciento de los electores lo aprobaba.
En el sexenio foxista, tres instancias que hoy son clave en el combate a la corrupción fueron creadas. En 2000, empezó a funcionar la Auditoría Superior de la Federación del Congreso de la Unión; en 2001, fue conformado el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en ese tiempo, IFAI) y en 2003, lo que fue la Contraloría de la Federación se convirtió en la Secretaría de la Función Pública.
A partir de entonces, la dependencia empezó a publicar un directorio de empresas inhabilitadas, así como sus sanciones económicas.
Pese a las promesas, el Gobierno de Vicente Fox dejó un rezago en multas sin pagar de empresas proveedoras del Gobierno de más de nueve millones 100 mil pesos. En ese rezago, la razón dominante es la presentación de datos falsos respecto a encontrarse al corriente con sus obligaciones fiscales.
Felipe Calderón Hinojosa usó en la campaña de 2006 el lema “Calderón, manos limpias”; pero no fue más allá de la frase. Concentrado su Gobierno en la política de seguridad que implicaba una guerra en contra del crimen organizado, las instancias creadas durante el Foxismo se asentaron sin anuncios grandilocuentes por parte del ex Presidente Calderón Hinojosa. El sexenio concluyó con un cúmulo de multas no pagadas por parte de proveedores tramposos de más de 284 millones de pesos; es decir, 31 veces más que lo que dejó su antecesor.
Para Enrique Peña Nieto el combate a la corrupción fue el tema que le permitió impulsar un paquete abultado de reformas estructurales. Durante su campaña, presentó una lista de 266 compromisos, de los cuales, el número uno era crear una Comisión Nacional Anticorrupción. Ello implicaba desaparecer a la SFP. Pero la iniciativa para lograrlo se atoró en el Congreso de la Unión. La revelación periodística del equipo de Aristegui Noticias de que poseía una millonaria mansión con un crédito de uno de sus contratistas lo orilló a mantener a la dependencia tal cual estaba.
Pero “corrupción” fue una de las palabras que el ex Presidente Peña Nieto pronunció muy poco. En el programa “Conversaciones a Fondo”, organizado por el Fondo de Cultura Económica, Peña Nieto dijo que la corrupción era “un cáncer social no exclusivo de México … Yo sí creo que hay un tema cultural lamentablemente”. Mientras, en su Gobierno se acumularon más de mil 400 millones de pesos de multas de proveedores sin pagar; es decir, cinco veces más que su antecesor y 155 veces más que en el sexenio de Fox.
En 2018, la Presidencia de México fue ganada por Andrés Manuel López Obrador, postulado por el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), un partido de izquierda. En la campaña y como Primer Mandatario, ha repetido que combatirá la corrupción como se barre una escalera; es decir, desde la cúpula del poder hasta el último ciudadano.
Sólo en siete meses, el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la SFP ha acumulado multas por cobrar por poco más de 573 millones de pesos, 2.5 veces menos que el rezago dejado por Peña Nieto en todo su sexenio y dos veces más que el dejado por Calderón Hinojosa.
DEUDA DE LA GUARDERÍA ABC
Del listado de proveedores con multas sin pagar de la SFP brota la tragedia con sus deudas añejas. Ahí está la multa por un millón 644 mil pesos que le fue impuesta a la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en el Gobierno de Felipe Calderón. En las instalaciones de esa pequeña empresa, el 5 de junio de 2009, un incendio acabó con la vida de 49 niños y le causó heridas a 79. La empresa no ha pagado un solo peso, según la confirmación de este medio digital tanto en el IMSS -la entidad dañada por el incumplimiento del proveedor- y la SFP.
Los socios fundadores de la Guardería ABC fueron Marcia Matilde Gómez del Campo -prima de la esposa del entonces Presidente, Felipe Calderón Hinojosa- , Gildardo Francisco Urquídes Serrano y Sandra Lucía Téllez Nieves, según el acta constitutiva localizada por los padres de las víctimas en el Registro de la Propiedad y Comercio de Hermosillo, Sonora.
Habla José Francisco García, papá de Andrés Alonso, uno de los 49 pequeños: “Es lamentable que sólo de palabras se asuman los compromisos. Sólo faltaría ver que la Guardería ABC o las mismas personas físicas que conformaron la sociedad volvieran a ser proveedora del Gobierno”.
El siniestro de la Guardería ABC es uno de los traumas nacionales más acentuados en la última década. El IMSS, bajo la Dirección de Juan Francisco Molinar Horcasitas, autorizó la subrogación de guarderías. Así, la ABC obtuvo permisos para operar como proveedor contratista del Gobierno. En la ficha, colgada en el sistema de la Función Pública, yace una explicación escueta para justificar por qué se le sancionó: “La guardería, por causas que sólo le fueron imputables, dejó de cumplir con las obligaciones contractuales”.
EL SECTOR ENERGÉTICO
Primero, en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, con la figura de contratos de usos múltiples y después con una profunda reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, en estos 15 años se abrieron los caminos para que compañías privadas exploraran y explotaran petróleo en México.
Este andamiaje legal permitió que en la Comisión Federal de Electricidad, las empresas privadas invirtieran en construcción de plantas de electricidad a través de contratos a largo plazo en los que comprometían de forma exclusiva el 100 por ciento de su capacidad.
- En el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la SFP, el sector energético es el que se ve más averiado. Del total de multas por pagar, 81.2 por ciento corresponde a Petróleos Mexicanos (Pemex), la CFE y hasta la extinta Luz y Fuerza del Centro, compañía requisada en octubre de 2009, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
En el daño al sector energético, de los cuatro Gobiernos revisados (se considera que AMLO apenas lleva siete meses), en el de Peña Nieto es en el que hay más rezago de multas no pagadas: un monto de más de mil 176 millones de pesos.
Entre 2017 y 2018, el penúltimo año de Gobierno peñanietista, se acumularon las multas más altas de la historia correspondientes a Constructora Norberto Odebrecht, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, Petrodata Services, Sepec Well Services, Sepec CTS y Servicios Petroleros Especializados del Centro.
En estas empresas, cuyas multas van de más de ocho a 543 millones de pesos, predominó una práctica: presentaron información falsa, pero una vez que tuvieron el contrato, no cumplieron con los términos.
LA DEUDA MÁS ANTIGUA Y LA MÁS NUEVA
Hay una consideración en la Ley. Si una empresa fue multada y por lo tanto inhabilitada, puede volver a trabajar con el Gobierno si se comprueba que es única para el servicio requerido. Acaso ello explique el caso de Teresa Sánchez Vázquez, la proveedora con la deuda más antigua.
En 2003 proporcionó información falsa al firmar un contrato para suministrarle alimentos a la Lotería Nacional. Al año siguiente se le inhabilitó durante tres meses para participar en licitaciones del Gobierno y se le impuso una multa de 62 mil 558 pesos.
Cuando a esta proveedora se le impuso la multa, corría el cuarto año de Gobierno de Vicente Fox Quesada.
Después, en el Gobierno de Felipe Calderón, continuó con sus trabajos para el Gobierno y logró vender dos millones 864 mil 575 pesos en alimentos para la Lotenal en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, emanados del Partido Acción Nacional, de acuerdo con el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT). El rastro de su multa continúa en el directorio de la SFP; lo que indica que no la ha pagado.
La más reciente multa sin pagar la impuso la Administración de Andrés Manuel López Obrador el 27 de mayo pasado a Turismo y Convenciones SA de CV. Esta empresa, cuyo giro es toda clase de servicios de viajes, presentó información falsa sobre sus obligaciones fiscales en una contratación con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Debe 23 mil 327 pesos.
