Guadalajara (México) 9 jul (EFE).- Eduardo Almaguer, exsecretario del Trabajo del occidental estado mexicano de Jalisco, tomó posesión hoy como nuevo fiscal de la entidad en sustitución de Luis Carlos Nájera, cuya renuncia fue aceptada por el gobernador Aristóteles Sandoval el lunes pasado.
Almaguer fue el único funcionario propuesto por el gobernador Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien al anunciar la renuncia de Nájera afirmó que enviaría una terna de candidatos al Congreso estatal.
Tras realizar exámenes de control y comparecer a puerta cerrada ante el la Comisión de Justicia del Congreso estatal, Almaguer fue ratificado como nuevo fiscal por los diputados locales con 33 votos en favor y una abstención.
Horas antes, tanto el sector empresarial como el político le expresaron su respaldo, pese a no tener una carrera en el ámbito de la seguridad pública.
Luis Carlos Nájera fue secretario de Seguridad Pública de Jalisco en la anterior administración del gobernador Emilio González Márquez, del Partido Acción Nacional (PAN), con quien también colaboró cuando éste era presidente municipal de Guadalajara, la capital estatal.
Nájera permaneció en el gabinete del gobernador Sandoval, quien lo designó para que fuera el primer titular de la Fiscalía General de Jalisco luego de la creación de esta dependencia, que fusionó a la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría estatal.
Aunque no se han precisado las causas de su renuncia, Nájera dejó la Fiscalía en medio de acusaciones de proteger al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal que es el objetivo de la Operación Jalisco desplegada en esta entidad por el Gobierno federal desde el pasado 1 de mayo.
El nuevo fiscal deberá enfrentar la creciente inseguridad en el estado, señalado como punto principal de operaciones del CJNG, grupo que desde marzo pasado ha realizado diversos ataques contra policías estatales y federales en la entidad.
También elementos de la Fuerza Única de Jalisco, el grupo policial de elite que depende de la Fiscalía, han sido acusados de tortura y violaciones a los derechos humanos por civiles y por los policías de al menos dos de los seis municipios que han intervenidos por esa corporación.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública del Gobierno federal, Jalisco ocupa el segundo lugar nacional en desapariciones forzadas, con 2.235 casos documentados.
En dos años, Jalisco suma 108 funcionarios locales asesinados por presuntos miembros del crimen organizado, entre ellos el secretario de Turismo, José de Jesús Gallegos, en marzo de 2013; el diputado federal Gabriel Gómez Michel, en septiembre de 2014, y el exlíder estatal del PRI, Javier Galván, el 19 de junio de este año. EFE