La Suprema Corte declaró infundada una controversia constitucional que interpuso el INE por el presupuesto destinado para la consulta popular que llevaría a juicio a los expresidentes.
Ciudad de México, 9 junio (EFE).- La Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) de México rechazó este miércoles el reclamo del Instituto Nacional Electoral (INE), que exigía más recursos para hacer la consulta pública sobre investigaciones a exmandatarios que propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Corte declaró infundada la controversia constitucional que interpuso el INE, por lo que el organismo deberá organizar con sus recursos actuales la votación del 1 de agosto en la que los ciudadanos decidirán si quieren abrir investigaciones contra acciones de los expresidentes.
La Primera Sala de la SCJN informó que no existe una obligación del Congreso para establecer “los recursos económicos con los que el INE deberá llevar a cabo la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular”.
El fallo ocurre a menos de dos meses de que sea la consulta popular con la que López Obrador pretende recabar si los electores desean indagar a los exmandatarios del “periodo neoliberal”: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
“¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”, es la pregunta que avaló la Suprema Corte.
Pero el INE ha denunciado que la Secretaría de Hacienda le recortó de 870 millones de pesos (43.5 millones de dólares) a su presupuesto, pese a que este mismo año debía organizar las elecciones intermedias del 6 de junio, las más grandes en la historia del país, y esta consulta.
Por ello, el organismo electoral impugnó la realización de la consulta popular “tras estimar que con su aprobación y expedición el Congreso de la Unión violó su autonomía constitucional y presupuestaria”, según el informe de la SCJN.
La #PrimeraSala validó la constitucionalidad de los Decretos relativos a la consulta popular sobre las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos.
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El costo y la validez de la consulta de López Obrador ha recibido críticas de los opositores, quienes la tachan de un “capricho” del Presidente.
En octubre de 2020, según estimaciones del propio INE, realizar la consulta supondría un gasto de mil 500 millones de pesos (unos 75 millones de dólares) aunque ahora, con ajustes, sería de 890 millones de pesos (unos 44.5 millones de dólares).
El 6 de abril, el INE propuso a la Secretaría de Hacienda mexicana la instalación de unas 91 mil casillas para realizar la consulta, casi 70 mil menos que las 163 mil instaladas en en las elecciones del domingo pasado.
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, había argumentado que no podría realizar la consulta sin el presupuesto especial.
“No se puede autorizar la utilización de recursos que este Instituto hoy no tiene”, sostuvo en abril.
