Esta es la segunda liberación que consiguen los ocho militares en el año, pues el pasado 21 de enero los implicados habían obtenido una libertad provisional hasta que fueron reaprendidos una semana después. La representación de las familias de los normalistas acusaron a la Sedena de litigar a favor de los militares.
Ciudad de México, 9 de mayo (SinEmbargo).- Ocho militares acusados de delincuencia organizada e implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 dejarán la cárcel y podrán continuar su proceso en libertad, determinó una Jueza federal este jueves. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien representa a las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, condenó la decisión y aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) litiga a favor de los acusados.
Se trata de la segunda liberación de los militares, quienes a inicios de año pudieron obtener su libertad durante una semana. La audiencia que culminó en las primeras horas de este jueves resultó en la revocación de la medida de prisión preventiva justificada que se había impuesto a los militares en el mes de febrero.
Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien encabeza el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, argumento que no había elementos suficientes para mantener a los procesados privados de la libertad.
Los militares Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz fueron llevados a proceso por delincuencia organizada por la Fiscalía General de la República (FGR), en el contexto de las investigaciones del caso de los 43.
⚠️ Sobre el cambio de medida cautelar a ocho militares implicados en el caso #Ayotzinapa: pic.twitter.com/InpJjGXJ3E
— Centro Prodh (@CentroProdh) May 9, 2024
Según informaciones preliminares, la Jueza les impuso como medida cautelar el pago de 100 mil pesos.
Además, los días uno y 16 de cada mes, los militares tendrán que presentarse ante el Juzgado de distrito y deberán entregar al mismo, en su caso, el original de su pasaporte, quedando prohibida su salida del país.
Asimismo, se les prohíbe acercarse al lugar de los hechos, específicamente, el estado de Guerrero. Por último, tienen la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con víctimas o testigos protegidos, siempre que no afecte el derecho de defensa.
CENTRO PRODH ACUSA A LA SEDENA DE LITIGAR A FAVOR DE IMPLICADOS
“Con criterio parcial y sesgado, un Juzgado federal concede un cambio de medida cautelar a ocho militares acusados de desaparición forzada y delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa”, dijo en un comunicado de prensa el Centro de Derechos Humanos Manuel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
“Sedena sigue litigando a favor de los militares acusados por el caso Ayotzinapa, lo que suma a su reticencia a entregar todos los documentos de sus archivos”, denunció la representación de las madres y padres de los normalistas.
“Esto confirma lo que hemos visto en los últimos años: el poder militar, sin contrapesos, afecta a la justicia y al esclarecimiento del caso”, sentenció el Centro.
Los elementos del Ejército mexicano son señalados por los testigos protegidos denominados como “Neto” y “Carla” de recibir supuestos sobornos del grupo criminal Guerreros Unidos.
En 2022, la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), de la Fiscalía General de la República (FGR), ordenó 22 órdenes de aprehensión contra militares, quienes estarían implicados en la desaparición de los 43 normalistas. Sin embargo, poco después de la aprehensión de Murillo Karam en agosto de ese año, la Fiscalía canceló las órdenes contra los militares, hecho que derivó en la salida del Fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo.
Ante la presión de las familias de los normalistas, en 2023 las órdenes de aprehensión fueron reactivadas, pero sólo para ocho militares, a quienes se les dictó prisión preventiva oficiosa el 22 de junio.
Sin embargo, el pasado 21 de enero la Jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo concedió la libertad a los implicados, en cumplimiento de una orden emitida en noviembre por un Tribunal colegiado, que exigió modificar la medida y eliminar la prisión preventiva oficiosa de los militares. Una semana después, el primero de febrero, los militares fueron reaprendidos y llevados a la prisión del Campo militar 1 A. Esta es la segunda liberación que se les concede.
REUNIÓN CON LOS PADRES DE LOS NORMALISTAS
En los primeros meses del año, el último del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el cargo. Las madres y padres de los normalistas desaparecidos comenzaron una serie de movilizaciones, en exigencia de 800 folios que tendría la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que darían información relevante sobre un grupo de estudiantes que fueron desaparecidos por los militares.
Las protestas llegaron a un punto álgido cuando estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa dieron un portazo a Palacio Nacional el 6 de marzo, algo que distanció al Gobierno y a la Cuarta Transformación (4T) del movimiento de los 43. Las manifestaciones aumentaron cuando un día después fue asesinado el normalista Yanki Kothan Gómez Peralta por policías de Guerrero.
El Presidente ha insistido en varias ocasiones que sí se reunirá con los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pero hasta concluir el periodo electoral. “Desde luego que me voy a reunir con las madres, los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, estamos esperando que pase este tiempo de campaña para que no se utilicen estos lamentables hechos, porque vivimos como tiempos de zopilotes”, indicó.
El Presidente reiteró que la administración federal mantiene los trabajos de búsqueda de los normalistas desaparecidos y añadió que una vez a la semana sostiene una reunión con el Gabinete de Seguridad para conocer los avances al respecto.
