Detrás de las cifras de muertos y desaparecidos en Chilapa, Guerrero, hay un drama, una tragedia alimentada por la complicidad de las autoridades, denunció el oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Alan García Campos.
“Las desapariciones, ejecuciones y torturas son totalmente inadmisibles bajo los estándares internacionales de derechos humanos, y no pueden justificarse por ninguna circunstancia”, indicó García Campos desde el municipio guerrerense.
Por Luis Daniel Nava
Chilapa/Ciudad de México, 9 de mayo (El Sur/SinEmbargo).- La tasa nacional de homicidios se queda corta con la registrada en Chilapa, Guerrero, y detrás de esas cifras hay una historia de dramatismo y ruptura que se refleja en las miradas de los familiares de la víctimas, expuso ayer el oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Alan García Campos.
Indicó que los asesinatos y desapariciones no son fatalidades naturales, sino conductas humanas que gozan de la complicidad de las autoridades pero que se pueden erradicar.
Recomendó a las autoridades aceptar el problema y sus circunstancias, revertir, suprimir y erradicar el modelo de seguridad policiaco y militar así como que el Estado mexicano, sobre todo los gobiernos locales, adopten marcos regulatorios internacionales en materia de derechos humanos.
Ayer martes alrededor de las 11 de la mañana en el centro de la ciudad fue el primero de dos días del Foro Nacional para la implementación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, ante la Ley 701 del Estado de Guerrero.
El foro fue organizado por el colectivo Siempre Vivos, coordinado por el profesor José Díaz Navarro quien propuso una mesa de trabajo entre autoridades, representantes de los organismos de derechos humanos y las víctimas para que los dos días del foro salgan resultados.
No llegaron colectivos invitados de Veracruz, Michoacán, Coahuila y Morelos por temor a la inseguridad, informó José Díaz.
Participó el vicecoordinador de Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), Rey Yáñez quien explicó el procedimiento para la identificación de las víctimas, y reveló que de diciembre de 2016 a la fecha cuenta con 2 mil 315 perfiles en la base de datos de genética.
El oficial del Alto Comisionado de la ONU-DH, Alan García Campos dijo que se ha demostrado que en Chilapa se vive una tragedia.
“Una vivencia cotidiana para muchos y muchas de ustedes, están cargando sobre sus hombros una tragedia”.
Dijo que el Estado debe garantizar la justicia, la verdad y la reparación del daño para evitar que las familias enfrenten circunstancias catastróficas como las que padecen en Chilapa, Zitlala y sus alrededores.
Indicó que en México hay una crisis en materia de derechos humanos pero la que enfrentan las comunidades de Chilapa han transcendido a nivel internacional, pues son un epicentro del dramatismo aunado a la corrupción y la ausencia del Estado, que socavan los tratados internacionales de derechos humanos.
“Las desapariciones, ejecuciones y torturas son totalmente inadmisibles bajo los estándares internacionales de derechos humanos, y no pueden justificarse por ninguna circunstancia”, señaló.
El oficial de la ONU-DH dijo que para un país que no está en un conflicto armado o en guerra, las cifras oficiales de homicidios son escalofriantes.
En 2017, añadió, se registró a nivel nacional la mayor tasa de homicidios con un promedio al día de 80 personas privadas de la vida, “esta cifra en un municipio como Chilapa se queda corta. De ese tamaño es el dramatismo al que se enfrenta México”.
“Detrás de estas cifras hay una historia de dramatismo, de ruptura, las historias que empezamos a identificar en los ojos, en las miradas de ustedes”, dijo.
Agregó que la impunidad en el país es del 96 al 98 por ciento en los delitos denunciados, con lo que advirtió que en un contexto en el que no hay castigo se repite el ciclo de violencia.
Comentó que las autoridades tienen la obligación de prevenir, pero cuando ya son cometidos los delitos la obligación es investigar, perseguir, enjuiciar y castigar a todas las personas que participaron y la sanción debe ser apropiada a la gravedad de la conducta. “El castigo debe corresponder al daño y a la lesión cometida”.
Además de reparar de manera integral y adecuada a las víctimas, para aminorar el cambio de vida que padecen.
Saludó el proyecto de la Ley de Desaparición Forzada y conminó a hacerlo con organismos de la sociedad civil, de derechos humanos y familiares de las víctimas, además de que posteriormente los congresos locales se apropien de las leyes sin que se desentiendan como, dijo, regularmente sucede.
Deslizó que el origen de la violencia es producto de conductas sociales y de la complicidad con autoridades, pero que se pueden erradicar.
“Las ejecuciones, asesinatos, desapariciones de las personas, no son fatalidades naturales ante las cuales el ser humano no tengan ningún recurso para enfrentarlos, no, estamos hablando de conductas humanas perpetradas desde la maldad pero que gozan lamentablemente, la complicidad entre muchas circunstancias, de las autoridades, que deben erradicarse.
“Y esta obligación (de erradicar) reposa en las autoridades, este estado de cosas puede transformarse porque estamos frente a conductas humanas y como cualquier conducta humana es susceptible de modificarse, de erradicarse”.
“Esto es justamente lo que se tiene que hacer, gobierno, sociedad civil, organismos internacionales: reformar nuestro empeño y conducta para transformar”, indicó.
Los elementos para construir una agenda, dijo, son reconocer el problema, modificar el modelo de seguridad pública e implementar los estándares internacionales de derechos humanos.
“Conocer el problema y sus dimensiones como paso indispensable para enfrentarlo, es fundamental que las autoridades acepten las circunstancias por las que pasa la sociedad”.
“Modificar el modelo de seguridad imperante y recientemente reforzado, de un modelo militar de seguridad a uno de seguridad ciudadano. La guerra contra las drogas, científicamente se demuestra que el paradigma no sólo no ha materializado lo concebido, sino que ha agravado la circunstancia crítica de violencia e inseguridad por la que atraviesa el país”.
“Es fundamental poder revertir ese modelo, suprimir, erradicarlo e instaurar un modelo de seguridad ciudadano que haga compatible el anhelo legítimo de la sociedad con la obligación que tiene el estado de proteger y respetar los derechos humanos”.
Además, Alan García Campos llamó a implementar modelos y marcos regulatorios compatibles con estándares internacionales de derechos humanos, “en México no existen algunos marcos regulatorios, por lo que se permite la violación de los derechos humanos”.
Por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) acudieron Román Jaimes Contreras, tercer visitador general y Adelaido Memije, visitador adjunto. Del gobierno del estado Luis Camacho Mancilla y del gobierno municipal, el secretario general del Ayuntamiento, Aldy Esteban.
