A unos días se está del relevo en la presidencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), organismo que surge (antes era el Ifai, surgido con Vicente Fox en 2002) a partir de la publicación de la Ley General de Transparencia, misma que tenía como fin transparentar los recursos públicos que sindicatos, partidos, legisladores, organismos autónomos e incluso personas físicas o morales reciben del Estado.
El Inai se consolida, así, con una nueva visión, nuevos objetivos, etcétera, pero sobre todo con un propósito esencial: atender el reclamo de transparencia y rendición de cuentas de una sociedad cansada de la corrupción, la impunidad y el cinismo de los servidores públicos, que se enriquecen al amparo del poder político y ante un estado de Derecho flaquirucho que, siempre, está subyugado al primero.
Si bien el desempeño de la actual presidenta, la paisana colimense Ximena Puente de la Mora, nunca estuvo marcado por el escándalo o la desaprobación, y en realidad sale bien librada de la tarea que le tocó realizar, la justificación de un organismo que tiene un presupuesto anual de casi mil millones de pesos (más del 90 por ciento del cual se va a gasto corriente) nos pone a pensar sobre su propia idoneidad, sobre todo si pensamos en los alcances de su labor para construir, precisamente, una tarea pública más transparente y menos corrupta, y que sirva a su vez para que ésta promueva un castigo ejemplar contra aquellos servidores públicos que han cometido faltas graves contra el patrimonio de los mexicanos, como en los casos de los ex gobernadores (en su mayoría priistas) que han sido acusados por saquear las arcas de sus estados, entre los cuales se cuenta a Javier Duarte (ex gobernador de Veracruz) y Tomás Yarrington (ex gobernador de Tamaulipas).
Se dice que entre las candidatas a suceder a Puente de la Mora se encuentran, por un lado, Patricia Kurezyn (apoyada al parecer por trincheras afincadas en la Secretaría de Educación y en la Función Pública) y, por otro, Rosendoevgueni Monterrey (quien cuenta con la venia de personajes relacionados con la Cancillería y la Consejería Jurídica de la Presidencia). Hay, por supuesto, más aspirantes (Óscar Guerra, Francisco Acuña, Joel Salas, etcétera), pero sin duda aquí lo más importante no es la persona que vaya a ocupar tan trascendente cargo sino el nuevo rumbo que deberá tomar el Inai para que no vaya a empezar a convertirse en un elefante blanco, uno de esos edificiones que engordan nomás la burocracia nacional y terminan no resolviendo ninguno de los propósitos para los que fueron creados, hoy que la transparencia y la rendición de cuentas se han convertido en el talón de Aquiles de todos los políticos que aspiran a un puesto de elección popular en las próximas elecciones.
No se trata, pues, de sostener un organismo que dejará intocables a la alta clase política (incluido el presidente de la República y su gabinete) y ejercerá todo el peso de la ley contra los funcionarios menores (que normalmente son utilizados como carne de cañón), sino que realmente ponga a temblar todas las estructuras de los tres niveles de gobierno, y del Estado, sin distingos ni ningún tipo de concesiones.
@rogelioguedea
