El INAI determinó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) sí tiene que proporcionar la información relacionada con los montos desviados y expedientes del caso Segalmex.
Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) debe dar a conocer los hechos de fiscalización que sirvieron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para establecer que los montos desviados del caso Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) asienden a los nueve mil 500 millones de pesos, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Segalmex “constituye posiblemente el mayor desfalco al Presupuesto del presente sexenio vinculado con desvíos en compras de alimentos básicos que debieron llegar a la población más necesitada que acumulan hasta ahora aproximadamente 15 mil 300 millones de pesos”, afirmó el Comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, en la sesión con el pleno del Instituto, el pasado 3 de abril.
La resolución se da tras una solicitud de acceso a la información pública que hizo un ciudadano, en referencia a la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el 29 de junio de 2023, donde el titular de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, señaló que la cifra manejada por la opinión pública, de 15 mil millones de pesos desviados en el caso Segalmex, no tenía fundamento.
Ese día, el funcionario explicó que en realidad, para los ejercicios 2019 y 2020, las observaciones que determinó la dependencia y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ascienden sólo a seis mil millones de pesos y tres mil 500 millones de pesos, respectivamente. De esta forma, la suma total de montos desviados reconocida por el Gobierno es de nueve mil 500 millones.
📄#ElINAIteInforma@SFP_mx debe dar a conocer actos de fiscalización mediante los cuales se determinó presunto desvío de recursos en caso @Segalmex_Mex
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— INAI (@INAImexico) April 9, 2024
En este contexto, una persona solicitó a la Secretaría de la Función Pública que “le informara los hechos de los que parten los actos de fiscalización con los que se llegó a los importes señalados, así como las observaciones expedidas tanto por la dependencia como por la ASF, que dieron origen a faltas administrativas y responsabilidades penales”, explicó el INAI.
Sin embargo, la información no fue entregada por las autoridades, quienes además clasificaron hasta 37 expedientes sobre el caso. El ciudadano inconforme entonces presentó un recurso de revisión ante el INAI.
Al analizar el caso, la ponencia del Comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, advirtió que la búsqueda efectuada sobre las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación realizó a la Función Pública, no fue exhaustiva, pues no se pronunciaron todas las áreas que pudieran conocer de lo requerido.
SPF DIO RESPUESTA “ANTIJURÍDICA”
El Comisionado presidente del INAI determinó que la Secretaría de la Función Pública dio una respuesta “antijurídica, incongruente, inconsistente”. Primero, porque la SFP declaró inexistente la información señalando que no contaba con el sustento documental respecto de los montos dichos por su titular en la conferencia del Presidente.
En un segundo término, porque respecto a las investigaciones administrativas y denuncias penales, se reservaron 23 expedientes con la justificación de que dar acceso a esa información puede poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una o más personas.
Pero también reservó otros 14 expedientes “señalando, en este caso, que dar a conocer la información podría obstruir los actos de investigación” en cinco casos que se encuentran en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, explicó el Comisionado presidente Adrián Alcalá.
Por esto, Alcalá sostuvo: “No se puede clasificar información que se ha declarado “inexistente”, pues la inexistencia significa que no se cuenta con la información y, por lo tanto, no se puede clasificar algo que no se tiene. Es decir, hubo una respuesta antijurídica, incongruente, inconsistente”.
En consecuencia, el INAI aprobó por unanimidad que la Secretaría de la Función Pública debe entregar la información sobre los montos y sobre las faltas adminsitrativas graves detectadas.
