Estimaciones del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua indicaron que en el 2019 el agua concesionada a la industria minera equivalía al consumo anual de más de 7 millones de personas.
Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).– Mientras que más del 50 por ciento de la población mexicana no tiene acceso a agua potable continua y de calidad, la industria minera acapara grandes volúmenes de este recurso para las distintas etapas de su actividad, advirtió la especialista Nathalie Seguin.
Aunque no hay manera de contabilizar exactamente cuánta agua es utilizada por este sector, pues actualmente no hay una regulación que permita hacerlo, estimaciones del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) indicaron que en el 2019 el agua concesionada a la industria minera equivalía al consumo anual de más de 7 millones de personas.
“La producción de minera necesita de mucha agua, y no solamente necesita de mucha agua, sino que esta agua la contamina a tal grado que en muchos casos es muy difícil de limpiar, y en el caso de que cuenten con estos procesos de depuración y de limpieza, no se está llevando a cabo”, explicó Seguin, Maestra en Ciencias en Gestión del Agua, en entrevista con SinEmbargo. “Hay una gran falta de regulación, de fiscalización y de penalización sobre las descargas de aguas mineras en los cuerpos hídricos del país”.
En la agenda del Poder Legislativo se encuentra un paquete de reformas a las leyes Minera, de Aguas Nacionales y del Equilibrio Ecológico, enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que tiene entre sus cambios —además de rebajar las concesiones mineras de 50 a 15 años con opción a renovación— el regular el uso de agua por parte de la industria y con ello promover el derecho humano al agua.
“El derecho al agua y saneamiento implica tener un acceso al agua de buena calidad, de cantidad suficiente y de manera continua. Si uno considera el aspecto de calidad de agua, más de la mitad de la población no la está recibiendo, y el acceso con los criterios de calidad de agua y continuidad del agua, no se rebasa el 40 o 43 por ciento de la población que tiene este acceso; incluso me atrevería a decir que mucho menos si consideramos realmente todos los criterios de calidad de agua que se tienen que cumplir por normatividad”, señaló Seguin.
Pero las mineras tienen este recurso a su uso discrecional, pues la legislación actual en la materia permite que en la concesión minera se utilice sin algún tipo de medición el agua de laboreo, misma que no tiene un pago de derechos aparte y no se puede medir de manera directa, pues la Ley Minera y la Ley de Aguas Nacionales actuales no contemplan la obligación de la industria para que se conozca precisamente cuánta agua usan.
“Estas mismas empresas que llegan a operar a México, pero provienen de otros países, no sólo respetan las leyes en otros lados, sino que cumplen con unas condiciones de regulación que son mucho más preventivas de los desastres que estos procesos infieren”, indicó Seguin. “Es fundamental que haya una modificación de la ley para el desarrollo mismo del país. Somos un país que, en efecto, cuenta con recursos mineros, pero estos son explotados de tal suerte que no es sustentable”.
En este sentido, la experta detalló que la figura de una concesión de agua para uso minero —como la que propone el proyecto de decreto y tendría una vigencia de cinco años con posibilidad a renovación— permitiría un mayor pago de derechos y una protección no sólo del agua, sino de todo el ecosistema que permite asegurar su ciclo y por tanto mejore la sustentabilidad.
“Las mineras podrían seguirse desarrollando, porque evidentemente no se puede cortar de tajo una industria cuando en el país tenemos estos minerales, pero una mayor recaudación permitiría realmente invertir en conservar las cuencas, por ejemplo, asegurar el agua necesaria para poder también invertir en el desarrollo social, incrementar la cobertura del acceso al agua y saneamiento, que ahorita tenemos una brecha muy grande en el área rural y es justamente ahí donde estas mineras operan”.
MINERAS PREVALECEN EN ESTADOS CON ESTRÉS HÍDRICO
Casi el 73 por ciento de las concesiones mineras que están vigentes actualmente están ubicadas en estados con una “fuerte” escasez de agua, mientras que más territorio del país cada año se sumerge en crisis hídrica derivado del cambio climático, de acuerdo con un análisis entregado en el proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de las leyes Minera, de Aguas Nacionales,
“De las 23 mil 441 concesiones vigentes, 17 mil 045 –72.71 por ciento del total– se concentran en Sonora, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Jalisco, Coahuila de Zaragoza y Sinaloa, entidades con fuerte escasez de agua”, apunta el documento, con datos de la Secretaría de Economía.
Cabe recordar que fue en Sonora donde en el 2014 se registró uno de los peores desastres ambientales en México, cuando una falla en las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre ubicada en Cananea, que pertenece a Grupo México, ocasionó el derrame de 40 mil metros cúbicos de minerales tóxicos en el Arroyo Tinajas y con afectaciones a los ríos Bacanuchi y Sonora, y la presa Molinito que surte de agua a Hermosillo.
“El derrame causó la afectación de cuatro cuerpos de agua y según datos de la Comisión para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en términos sociales y económicos implicó pérdidas para los agricultores de la cuenca y daños en la salud de 270 personas”, recordó el Gobierno de México.
Asimismo, el 66 por ciento de las concesiones de agua están en acuíferos sin disponibilidad y el 18.96 por ciento de las concesiones para la minería metálica están en acuíferos sobreexplotados. En tanto, al 31 de marzo del 2023, la Comisión Nacional de Agua (Conagua) situaba al 81.62 por ciento de los municipios, ubicados en 29 de 32 entidades, en algún nivel de sequía: anormalmente seco, sequía moderada, sequía severa o sequía extrema.
Ante estas situaciones, el proyecto de decreto prevé prohibir el otorgamiento de concesiones en zonas sin disponibilidad de agua.
La Diputada morenista Adriana Bustamante indicó que este tema integrado en el proyecto de decreto condiciona la instalación de las mineras a la disponibilidad de agua para no dejar a la población sin agua.
“La concesión de tierras para la exploración minera sin que exista ningún control ha permitido la generación de impactos al ecosistema: de contaminación, de sobre-explotación de los recursos. Y por supuesto que estos impactos se ven reflejados en la vida de las poblaciones; originan situaciones de conflicto entre las comunidades afectadas, también ha llevado a temas de conflictos social porque entonces se están quedando sin agua, o los recursos acuíferos son cada vez menos, o están contaminados, y entonces tienen que buscar otro espacio donde abastecerse de agua, y también ha habido mucho conflicto entre la población y las empresas del sector minero precisamente por el agua”, apuntó al respecto la impulsora de la iniciativa y secretaria de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad en el Palacio de San Lázaro.
Asimismo, recordó que aunque la ley no es retroactiva, se espera que aquellas empresas que tienen concesiones en territorios bajo alto estrés hídrico entren en negociaciones con los Gobiernos para que el deterioro ambiental se detenga.
PRESAS DE JALES, “USO IRRACIONAL DEL AGUA”
“Las presas de jales en México son un claro ejemplo del uso irracional del agua que actualmente impera en la industria minera”, acusa el documento enviado desde la Presidencia de la República al Congreso de la Unión.
Estas presas son lugares de disposición y almacenamiento final de los residuos acuosos generados en el proceso minero. Si bien los niveles de agua utilizado por otro tipo de industrias, como la refresquera y cervecera, son muy altos, en el caso particular de la industria minera esta agua es contaminada con tóxicos nocivos para personas y para los ecosistemas, señaló Nathalie Seguin.
“Sin duda, también se tiene que regular a todas las industrias que usan agua y todas las que lucran con agua deberían de tener un pago por derechos de agua mucho más alto del que tienen actualmente, pero hablando de la industria minera, que por volúmenes contamina y usa muchísima más agua que otros procesos industriales”, apuntó.
La legisladora Bustamante también alertó las problemáticas que derivan de estas presas. “Esta iniciativa también contempla el cierre de minar cuando acaba la actividad minera (…) cómo deja las presas de jales, que son estos espacios donde se ponen todos los contaminantes y que si están a cielo abierto, cuando empieza a llover o hay algún tipo de deterioro en la presa, no hay responsables”.
Las empresas mineras, según propone el proyecto de decreto, tendrán responsabilidades claras en el tema de protección al medio ambiente y con respecto a los desechos que generan, expuso la morenista.
“Esto no es el hilo negro, no se está inventando nada. Son reglas a nivel internacional ya aprobadas y que en muchos otros países ya se llevan a cabo, la empresa que tiene una concesión tiene que hacerse cargo de lo que está generando y del uso adecuado de los recursos que se encuentran en el territorio concesionado”.
