El lunes siguiente, cuando ya sumaban 43 niños fallecidos, el gobernador Eduardo Bours dijo que se llegaría a fondo en las investigaciones.

Aunque los peritajes confirmaron que el fuego inició en la bodega aledaña, propiedad de la Secretaría de Hacienda del estado, el hecho de que ambos establecimientos compartieran muros, así como las evidentes deficiencias en el sistema de emergencias de la guardería, levantaron sospechas y señalamientos en los diferentes niveles de gobierno.

Bours acusó al IMSS por permitir que se instalara una guardería cerca de una bodega llena de papeles, un taller mecánico y una gasolinera. A su vez, Karam señaló al Departamento de Bomberos como el responsable de verificar la seguridad del establecimiento.

La tragedia trastocó la política. El 5 de julio siguiente el electorado castigó al PRI y le entregó la gubernatura del estado al panista Guillermo Padrés, quien desde la campaña se comprometió a apoyar a los padres.

Dos días después de la elección, Padrés repitió que se haría justicia; sin embargo optó por ratificar al procurador del gobernador anterior, Abel Murrieta, aunque una de las peticiones de los padres era que se le removiera del cargo ante la falta de avances en la investigación.

El abogado de las 30 familias reunidas en el Movimiento 5 de Junio, Lorenzo Ramos, explica que hasta la fecha, la PGJE sólo ha ejercido acción penal contra las 13 personas que fueron señaladas el 19 de junio del 2009: ocho son empleados menores de la Secretaría de Hacienda estatal y cinco son funcionarios municipales; sin embargo, los padres quieren que se abra proceso también contra mandos medios estatales como el ex director de Protección Civil y el ex secretario de Hacienda.

“Una de las exigencias grandes que tenemos es que en el fuero común, a través de una orden del gobernador, se integre la averiguación previa y se consigne a las personas que no están ahí”, explica Ramos.

En busca de justicia

La PGR atrajo la investigación correspondiente a los funcionarios federales, y entre el 19 y el 22 de junio del 2009 emitió órdenes de aprehensión para cinco empleados de la delegación del IMSS en Sonora.

Pero los padres esperaban que se actuara contra los propietarios del establecimiento. El 29 de junio, mientras se iniciaba la acción penal contra otras nueve personas –incluidos el delegado del IMSS en Sonora y los cuatro dueños–, los padres y sus abogados llevaban su caso ante la SCJN y pedían a los ministros que ejercieran su facultad de investigación.

La Corte designó una comisión investigadora que presentó un informe preliminar el 1o. de marzo del 2010, en el que se calificó de ilegal la operación del sistema de guarderías subrogadas del IMSS y se señaló como responsables a Bours, a Molinar Horcasitas y a otros altos funcionarios.

La investigación fue la base del proyecto de dictamen que el ministro Zaldívar presentó ante el pleno el 3 de junio del 2010. Sin embargo, luego de discutir el proyecto del 14 al 16 de junio, la SCJN decidió señalar como involucrados a siete de los 15 funcionarios que proponía el proyecto. De esos siete, cuatro están bajo proceso.

Quedaron fuera el director y el ex director del IMSS, el ex gobernador de Sonora, el ex alcalde de Hermosillo y la ex coordinadora de guarderías.

Protección y evasión

El “caiga quien caiga” del Presidente no tuvo grandes alcances y tanto funcionarios como propietarios han evadido la justicia.

Luego de pagar una fianza de 2 millones de pesos para enfrentar el proceso en libertad, la socia fundadora de la guardería, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo –sobrina de Margarita Zavala y prima de Lourdes Laborín, esposa del ex gobernador de Sonora– recibió un amparo del Primer Tribunal Unitario en Hermosillo y quedó fuera del proceso. El resto de los socios también podrían beneficiarse de este recurso y quedar exonerados.

Otra señalada que libró el proceso penal fue la guanajuatense Carla Rochín, coordinadora de guarderías del IMSS en el momento de la tragedia; panista desde 1996 y quien hizo una carrera política paralela a la de su paisana Elizabeth Yáñez Robles, actual subsecretaria de Atención Ciudadana y Normatividad de la SFP. Ambas fueron funcionarias del gobierno de Guanajuato y diputadas en la XIL Legislatura, al lado de Margarita Zavala, Molinar Horcasitas y Salvador Vega Casillas, titular de la SFP.

Por el caso de la Guardería ABC, la SFP inhabilitó por 20 años y multó con más de 3 millones de pesos a seis funcionarios del IMSS, entre los que están el delegado y las coordinadoras de zona; sin embargo, no sancionó a Rochín, pero sí a su antecesora, Dora García Kobeh, quien dejó el cargo desde agosto del 2007.

CNDH: otra decepción

Tres días después del incendio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció que el mismo 5 de junio había iniciado una queja de oficio.

El entonces ombudsman, José Luis Soberanes se reunió el 29 de julio del 2009 con algunos de los padres afectados, quienes le reprocharon que la comisión se valiera de la misma investigación de las procuradurías y que se omitiera el testimonio de algunas familias.

José Francisco García, vocero del Movimiento 5 de Junio, y padre de Andrés Alonso, fallecido en la guardería, recuerda que en esa reunión él mismo le preguntó a los padres ahí presentes si alguien había sido entrevistado por la CNDH, pero ninguno levantó la mano.

Dos días después, la CNDH emitió la recomendación 49/2009 dirigida al director general del IMSS, al gobernador de Sonora y al presidente municipal de Hermosillo, en la cual además de exigir la efectividad en la atención a las víctimas y a sus padres, se pide revisar el sistema de guarderías subrogadas e implementar mejores programas en materia de protección civil.

Para los padres de familia la recomendación no fue suficiente y el 29 de mayo pasado en el Zócalo del DF sentaron en el banquillo de los acusados a la CNDH junto con otras dependencias del gobierno federal en un juicio ciudadano en el que el Estado mexicano fue declarado culpable por el incendio.

La CNDH fue condenada por desatención a las víctimas y por no ejercer sus facultades para proteger los derechos de las mismas ni para exigir el cumplimiento de la recomendación que emitió.

El movimiento social

Aunque las demandas de los padres de los niños fallecidos son las mismas, no se formó un movimiento unificado. Los padres de niños fallecidos se agruparon en el Movimiento 5 de Junio y en Manos Unidas, mientras que los de niños con lesiones se agrupan en Salud y Justicia y en Padres Unidos.

Todos demandan justicia. El Movimiento 5 de Junio, por ejemplo, organizó los tres juicios ciudadanos que han tenido lugar en estos dos años, mientras que los padres de las otras tres asociaciones armaron una huelga de hambre del 24 al 29 de enero en el Zócalo en demanda de mayores apoyos.

La diferencia entre los grupos es su relación con el gobierno federal. El 30 de abril del 2010, el presidente Calderón invitó sólo a 11 familias a celebrar el Día del Niño en Los Pinos.

El 20 de julio de ese año, el Presidente fue a Hermosillo para encontrarse con los padres, pero las diferencias comenzaron con el formato de la reunión. Aunque algunas familias solicitaron que se hiciera pública, ésta fue a puerta cerrada.

Ese día Calderón anunció una serie de apoyos económicos a las familias, pero algunos padres abandonaron la reunión. “¿Podrá darme justicia, señor Presidente?”, preguntó Patricia Duarte, madre de Andrés Alonso antes de salirse.

El Movimiento 5 de Junio también impulsó la Ley General de Estancias Infantiles que se aprobó en el Senado el 29 de abril pasado.

“Retoma aspectos muy importantes como el interés superior del niño, que los niños no están supeditados a los derechos de sus papás”, explica el vocero del movimiento, José Francisco García.

Esa ley es el mayor logro que puede mencionar este movimiento tras dos años de reclamar justicia. Si no reciben la respuesta que buscan, de abrir el proceso a funcionarios medios y modificar el homicidio culposo por doloso, el caso podría llegar a instancias internacionales, específicamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Si tengo que ir a China para apoyar allá voy; la lucha sigue. No podemos tener paz hasta que tengamos justicia, es lo mínimo elemental. Quiero que se haga justicia por lo que se cometió y porque me han arrebatado la vida”, concluye García.

Sanciones de último momento

El pasado viernes, a punto de cumplirse dos años de la tragedia, Carlos Tapia, contralor del gobierno de Sonora, anunció la inhabilitación por diez años de un funcionario y dos ex funcionarios estatales por su responsabilidad administrativa en el incendio.

José Luis Melchor Islas, quien hasta ese día era subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda estatal; Gilberto Inda Durán, ex Secretario de Hacienda, y Wilebaldo Alatriste Candiani, ex titular de la Unidad de Protección Civil hasta noviembre del 2009.