Colectivo exige aplicar las sanciones correspondientes a los elementos de la policía que hayan violentado a las mujeres en la marcha del 8M.
Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).- Luego de que se hiciera viral el uso excesivo de la fuerza, abuso de poder y detenciones arbitrarias en el 8M, el Movimiento Feminista de Zacatecas exigió la destitución de autoridades de Gobierno por sus actitudes contra las manifestantes.
A través de un comunicado, las representantes del movimiento pidieron la renuncia de Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario general de Gobierno; Arturo Medina Mayoral, Secretario de Seguridad Pública estatal; así como de Osvaldo Caldera Murillo, director de la Policía de Seguridad Vial.
Además, hicieron un llamado a las autoridades para que lleve a cabo las sanciones correspondientes a los elementos de la policía que hayan cometido violaciones a los derechos humanos de las víctimas.
#Entérate La Unidad Académica de Ciencia Política de la UAZ se manifestó en contra de los hechos de criminalización de la protesta de niñas y mujeres realizada el #8M y exigió que se cumpla el pliego petitorio promovido por el Movimiento Feminista de #Zacatecas. pic.twitter.com/NotZksZYXo
— NTR (@ntrzacatecas) March 10, 2024
De acuerdo con el Movimiento Feminista de Zacatecas, la autoridad “usó el helicóptero policial con francotiradores que dieron el banderazo para que salieran motociclistas de policía con armas largas a fin de continuar fuera de Plaza de Armas”, donde se hicieron presentes 400 elementos mujeres de la GN.
Ante los hechos, el colectivo también exigió Gobernador David Monreal una disculpa pública y el compromiso de la reparación integral del daño a las víctimas directas. Así como el acompañamiento de una Comisión Especial, y de Atención de Víctimas para que se atienda cada caso.
Según los reportes, alrededor de 18 mujeres fueron detenidas en Plaza de Armas, tres de ellas fueron liberadas a los pocos minutos, pero 14 siguieron detenidas de forma ilegal por una hora.
Finalmente, el movimiento pidió Fiscalía General del Estado (FGE) y al Poder Judicial realizar las investigaciones correspondientes, así como de iniciar un proceso perspectiva de género para evitar la impunidad.
