Fue el 1 de de febrero de 2007 cuando se emitió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, sin embargo, a 15 años de que se emitieron estas reformas en materia de igualdad de género, quedan aún muchos asuntos pendientes por resolver en México, lo que impide que todas la mujeres puedan accedan a una vida libre de violencia.
– Con información de EFE y AP
Ciudad de México, 8 de marzo (SinEmbargo).- La criminalización del aborto, el no poder ejercer los derechos políticos, la violencia económica y la persistencia en los feminicidios son sólo algunos asuntos que sigue pendientes en materia de igualdad de género en varias entidades del país, lo que atenta contra los derechos de la mujeres e impiden que las mujeres en México disfruten de una vida libre de violencia.
El 1 de febrero de 2007, se emitió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, en la que se establecieron cuatro principios rectores: La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; el respeto a la dignidad humana de las mujeres; la no discriminación, y la libertad de las mujeres, a través de los cuales, el Estado mexicano se comprometió a elaborar y ejecutar políticas públicas con el propósito de “prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres”.
En el artículo 6 de la misma se identificaron cinco tipos de violencia contra las mujeres: violencia psicológica; violencia física; violencia patrimonial; violencia económica; y violencia sexual. No obstante, a 15 años de la publicación de esta ley, existen aún varios pendientes que impiden que todas las mujeres en México accedan a una vida libre de estos tipos de violencias.
DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR SOBRE SU CUERPO
En materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, hasta ahora, sólo seis estados han despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, en donde la mujer o persona gestante puede abortar durante las primeras 12 semanas de gestación sin importar las causas o motivos de que la lleven a tomar decisión.
En el resto de las entidades del país, al menos 26, esta práctica continúa siendo criminalizada, por lo que en la mayoría, a excepción de Chiapas, Michoacán y Veracruz, las autoridades locales tienen establecidas sanciones que contemplan penas privativas de libertad, cuando una mujer decide interrumpir su embarazo en cualquiera de sus etapas.
En dichas entidades sólo se permite el aborto cuando el embarazo fue producto de violencia sexual, en algunas cuando el embarazo pone en riesgo vida de la mujer o cuando el producto presenta malformaciones graves, pero en ninguno de estos casos, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es permitida por decisión voluntaria, lo que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), transgrede el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.
Asimismo, activistas han reiterado que, pese a los avances en las primeras seis entidades que aprobaron la ILE, aún faltan políticas con las cuales se garanticen espacios e información precisa a las mujeres, niñas y adolescentes que deseen abortar, ya que no sólo se trata de aprobar reformas en este ámbito.
“La legalización de la interrupción del embarazo debe venir acompañada del derecho a acceder al servicio de salud en condiciones seguras y de calidad; va acompañado de la obligación de los sistemas de salud públicos de garantizar este servicio en las mismas condiciones de seguridad y de calidad que cualquier otro servicio de salud sexual y reproductiva”, dijo Marisol Escudero, asesora de políticas en la organización Ipas Centroamérica y México, en entrevista con para SinEmbargo.
“Desde nuestra experiencia hemos visto que los cambios legislativos no son suficientes si no van acompañados de la implementación de las políticas necesarias para garantizar el acceso a los servicios. Este es un proceso que también requiere capacitación del personal de salud y contar con los insumos de salud necesarios, de todo un proceso necesario también para hacer realidad las leyes”, agregó la abogada.
Durante el 2021, se abrieron un total de 704 carpetas de investigación por el delito de aborto a nivel nacional, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo que evidencia que las mujeres en México continúan siendo blanco de criminalización cuando deciden interrumpir su embarazo, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que ésta práctica debe ser despenalizada.
Asimismo, los estados que mayor número de carpetas registraron de enero a diciembre del año pasado fueron: Estado de México, con 149; Nuevo León, con 119; Ciudad de México, con 102; Tamaulipas, con 44; Querétaro, con 37; y Baja California, con 34. Las denuncias por aborto recogidas por el SESNSP contemplan en su investigación, la acción penal de las mujeres o personas gestantes, así como de terceros que hayan apoyado, y en los estados en los que la ILE está permitida, la práctica se castiga cuando se lleva a cabo después de las 12 semanas de gestación.
A lo que se suma la negligencia y arbitrariedades que los sistemas de salud en ocasiones ejercen contra quienes buscan acceder al ILE, sin importar las circunstancias particulares del caso. Este martes 7 de marzo de dio a conocer que médicos de Guerrero se negaron por varias semana a interrumpir el embarazo de una víctima de violación de nueve años.
A mediados del pasado mes de febrero, se dio a conocer el caso de una niña de nueve años de la comunidad indígena me’phaa, en la región de la Montaña de Guerrero, que fue presuntamente violada por un primo, también menor de edad. Al quedar embarazada como consecuencia de la violación, la pequeña, que es huérfana de madre, fue llevada por sus abuelos y una tía a la Fiscalía local y posteriormente a un hospital de Chilpancingo para que le practicaran un aborto.
Sin embargo, los médicos se negaron a realizarle el procedimiento alegando que la salud de la niña podrían ponerse en riesgo debido a que tenía más de doce semanas de embarazo, decisión que desató una fuerte polémica en Guerrero y presión por parte de la opinión pública, ante lo que intervinieron dos diputadas estatales y una activista que se reunieron con los médicos y autoridades del hospital, tras lo cual la Secretaría de Salud de Guerrero se pronunció a favor de que a la niña se le practicara un aborto el 16 de febrero luego de tres días de ir de un sitio a otro sin lograr una solución a su situación. En tanto, el presunto agresor en este caso aún permanece libre y tiene abierta una carpeta de investigación, indicaron activistas.
VIOLENCIA FEMINICIDA
Otro aspecto con pocos avances es el combate a la violencia feminicida, ya que durante el 2021, hubo mil seis víctimas de feminicidos a nivel nacional, según datos registrados por el SESNSP. Las entidades con mayor número de estos crímenes la encabeza el Estado de México con 146; le siguen Jalisco, Veracruz y la Ciudad de México, cada entidad con 70 feminicidios. Mientras que Nuevo León sumó 66 de estos delitos; Chiapas, 48; Chihuahua, 46; Sonora y Oaxaca, 45 cada uno; y Sinaloa, 42.
Ante este panorama de la violencia de género que culmina en femminicidios, y que persiste, particularmente en la entidad mexiquense, el pasado 21 de septiembre, Amnistía Internacional (AI) dio a conocer un informe en el que denunció públicamente que existe una deficiencia en las investigaciones de estos crímenes, con lo que se vulneran los derechos de las mujeres y acusó de negligencia a las autoridades correspondientes.
A través de un comunicado, la organización señaló que “las investigaciones sobre feminicidios precedidos de desaparición, realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), presentan graves deficiencias por la inacción y negligencia de las autoridades, lo que ha llevado a la pérdida de evidencias, a que no se examinen todas las líneas de investigación y a que no se aplique correctamente la perspectiva de género”.
En el informe “Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México”, Amnistía refirió que durante el 2020, ninguna entidad en México quedó libre de los feminicidios, los cuales sumaron 940, de un total de tres mil 723 muertes violentas de mujeres que se presentaron en el país.
Asimismo, subrayó que las autoridades del Estado de México en muchos de los homicidios de mujeres no aplican la perspectiva de género en el proceso penal, lo que es contrario a “los protocolos para la investigación de muertes violentas de mujeres”.
“El informe demuestra que las autoridades estatales no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos; no resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas; y no realizan pruebas periciales o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios”, se indicó en el comunicado, en el que enfatizó que estas deficiencias violan “los derechos humanos de las mujeres a la vida, a la integridad personal, a la protección judicial de las familias de las víctimas y al acceso a la justicia”.
LOS ATAQUES CON ÁCIDO
En este ámbito, es importante recordar los ataques con ácido, ya que en ninguno de los estados existe una regulación al respecto, mientras estas agresiones siguen en aumento. Desde 2001, al menos 27 mujeres han sido víctimas de agresiones con un agente químico corrosivo en México, según datos documentados por la organización civil Fundación Carmen Sánchez e información hemerográfica consultada por SinEmbargo, y referida en una investigación de la periodista Romina Gándara.
“Desafortunadamente en México no hay cifras oficiales del número de víctimas atacadas con ácido, ni el sector salud, ni las autoridades judiciales tienen cifras”, explicó Ximena Canseco, investigadora de la Fundación Carmen Sánchez en entrevista para SinEmbargo el 27 de junio de 2021, por lo que la activista consideró que pueden haber más víctimas de estas agresiones, pese a lo cual no están tipificadas en el Código Nacional Federal como un delito único, por lo que tampoco hay penas severas contra los atacantes, ni hay una homologación en todos los estados del país.
Por ello, el pasado domingo 20 de febrero, víctimas que han sufrido ataques con ácido protestaron este frente al Palacio Nacional para exigir al Gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador que acabe con la impunidad ante la ola de agresiones contra las mujeres.
Las inconformes, quienes consideran los ataques con ácido como un acto característico de violencia machista, leyeron un manifiesto frente al recinto en el que vive el mandatario federal, con el cual demandaron un diálogo con los funcionarios correspondientes para crear un protocolo para atender a las víctimas y crear prácticas clínicas para las mujeres que llegan atacadas con ácido a las clínicas con el “rostro y el cuerpo destruido”.
VIOLENCIA ECONÓMICA
Por ejemplo, una investigación de la reportera Valeria Gonzáles para SinEmbargo reveló que el número de mujeres que laboran actualmente es menor al que se registró antes de la pandemia de COVID-19. Además, señaló, muchas de estas mujeres fueron confinadas para realizar trabajos de limpieza en el hogar y cuidados no remunerados, lo que se traduce en una forma de violencia económica, ya que, según la ley correspondiente, este tipo de violencia “se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas”.
“Millones de mujeres carecen de ingreso propio y quienes trabajan perciben salarios que no son suficientes para superar el umbral de pobreza y trabajan sin seguridad social. Esa es la raíz económica de la desigualdad de género, que resta autonomía a las mujeres y crea condiciones de riesgo a situaciones de violencia, tanto en la calle como en las casas”, destacó Paulina Gutiérrez responsable de Articulación e Innovación de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza en entrevista con SinEmbargo.
Asimismo, la pandemia de coronavirus ha provocado que las prácticas de trabajos del hogar y de cuidados no remunerados aumenten considerablemente en la región, afectando principalmente a mujeres, niñas y adolescentes, ya que de acuerdo con una encuesta del Instituto Nacional de las Mujeres (InMujeres), realizada en septiembre de 2021, la mayor carga del trabajo en el hogar es para las mujeres con respecto a los hombres: de una a 1.8 horas diarias más a las horas que ya le dedicaban a estas actividades.
En el promedio nacional, 33 por ciento de los hogares son encabezados por mujeres, pero el Instituto detalló que esto se debe a que la razón histórica sobre los roles y estereotipos de género han atribuido al hombre en el rol de autoridad familiar, y que en los la mayoría de los hogares donde se reconoce a una mujer como jefa de hogar se debe a que hay un estatus de divorcio, separación o ser viuda.
El informe Estados con Lupa de Género 2022, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señaló que sólo la Ciudad de México y Baja California obtuvieron una calificación aprobatoria, con 6. 8 por ciento y 62.1 por ciento, respectivamente, en relación a las condiciones que son favorables para que las mujeres logren un desarrollo laboral en el país. Mientras que Veracruz, Tlaxcala y Chiapas, quedaron en los tres últimos lugares del ranking, con 28.3 por ciento, 27.8 por ciento y 26.8 por ciento, cada uno.
Estos puntajes “evidencia que dentro del mercado laboral no solo existen desigualdades entre mujeres y hombres, sino también entre las mujeres que viven en distintas entidades, pues las brechas de desigualdad se agudizan según su lugar de residencia”, se indicó en el documento.
“Al interior del país, las mujeres viven realidades muy distintas que dependen de su contexto. Al comparar las entidades con peor desempeño con aquellas que obtuvieron el mejor puntaje en la medición, las peores tienen una brecha de desigualdad en trabajo no remunerado 8.3 puntos porcentuales mayor, hay 1.4 veces menos mujeres con al menos educación media superior, y hay 1.6 veces más mujeres ocupadas en la informalidad”, se agregó.
MUJERES QUE NO PUEDEN EJERCEN SUS DERECHOS POLÍTICOS
El pasado 15 de enero, la periodista Montserrat Antúnez evidenció que en al menos tres comunidades indígenas del estado de Guerrero las mujeres no tienen derecho a votar, una situación que se repite en 20 municipios de Oaxaca, pese a que el derecho al voto de las las mujeres fue reconocido desde hace 68 años.
Por ello, mujeres indígenas de Ocotequila, en Guerrero, se pronunciaron por llevar a cabo algo histórico: repetir la elección de la persona que las representará en la comisaría para que les permitan votar por primera vez, no obstante, estas exigencias para que se respeten sus derechos políticos suelen generan estigmas alrededor de las mujeres inconformes, reconoce en entrevista Muriel Salinas Díaz, presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses.
“Somos las nuevas generaciones quienes tenemos esta inquietud, ya conocemos un poquito más nuestros derechos y queremos que se ejerzan en la comunidad, pues van avanzando muy poco a poco. Queremos también participar, queremos que tomen en cuenta lo que opinamos, nada más pedimos poder votar”, dijo a SinEmbargo Antonia Ramírez Marcelino, habitante de Ocotequila y una de las mujeres que denunció desde el 2 de enero que ella y sus compañeras recibieron burlas cuando trataron de participar en la elección por la Comisaría, un derecho ganado por las mujeres y reconocido en la Constitución hace 68 años pero que aún no es una realidad en todo el país.
“En el municipio hay mucha inseguridad, ha habido muchos homicidios. Entonces sí nos da miedo que nos vean como sus enemigas y que haya rencores, resentimientos con la misma comunidad, no queremos que nos digan que nosotras estamos dividiendo más, pero pues sí queremos que nos escuchen”, agregó la también Consejera electoral del Consejo local del INE, quien detalló que ha identificado que en Guerrero las comunidades de Potoichán y Patlicha, ubicadas en el municipio de Copanatoyac, donde también está Ocotequila, así como Cahuatache, en la ciudad de Xalpatláhuac, aún no permiten que las mujeres voten para elegir a sus autoridades locales.
En el caso de Oaxaca, desde 2016 el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) informó que son 20 los municipios con comunidades gobernadas por usos y costumbres que no permiten el derecho de las mujeres a votar y ser votadas.
De acuerdo con datos analizados por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados en el estudio “Mujeres y Elecciones” (2012), En México se estima que tres de cada 10 mujeres avisan o piden permiso a su esposo o pareja para decidir por quién votar, lo que evidencia que las mujeres siguen sin gozar de total autonomía para realizar actividades política, lo que el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación considera como una subordinación que coloca a muchas mujeres “en situación de desventaja y vulnerabilidad”.
