La Procuraduría ha divulgado que es un caso como cualquier otro y que abrieron una carpeta de investigación en octubre de 2017. Sin embargo, Univision pudo confirmar con tres fuentes oficiales que el gobierno de Enrique Peña Nieto comenzó a investigar al candidato al menos desde julio de 2017, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El titular de esa oficina entonces era José Antonio Meade, actual candidato a la presidencia por el partido gobernante, el Revolucionario Institucional (PRI).
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Ciudad de México, 9 de marzo (Univisión).- En una modesta casa de un barrio popular en Querétaro, en el centro de México, vivía en 2016 Luis Alberto López, un empleado de bajos recursos. En julio de ese año, López fue registrado como socio de una compañía que compró en 2.9 millones de dólares una nave industrial a Ricardo Anaya, actual candidato presidencial.
A tres semanas de que comiencen las campañas electorales, las autoridades mexicanas investigan el origen del dinero con que se pagó la nave en un caso de lavado de dinero, que ha sido fuertemente criticado en la opinión pública por la inusual velocidad con que la Procuraduría General de la República ha avanzado y compartido detalles de la indagatoria.
Univision Investiga tuvo acceso parcialmente a las declaraciones de dos testigos que han dicho a las autoridades que la compra formó parte de un esquema de lavado. Anaya dice que se trata de una guerra sucia, para perjudicar su campaña presidencial al frente de una coalición de los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática.
La Procuraduría ha divulgado que es un caso como cualquier otro y que abrieron una carpeta de investigación en octubre de 2017. Sin embargo, Univision pudo confirmar con tres fuentes oficiales que el gobierno de Enrique Peña Nieto comenzó a investigar al candidato al menos desde julio de 2017, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El titular de esa oficina entonces era José Antonio Meade, actual candidato a la presidencia por el partido gobernante, el Revolucionario Institucional (PRI).
“No solamente es un ataque político al proceso electoral. Es un insulto a la inteligencia humana y una ofensa a la sociedad”, dijo a Univision Ambrosio Michel, abogado de Anaya. “Este caso respecto al señor Ricardo Anaya no pasa la prueba de la risa”.
RED FANTASMA
En investigaciones paralelas, las autoridades han rastreado numerosas transferencias internacionales que sucedieron entre 2016 y 2017. Encontraron que, antes de llegar a las cuentas bancarias de la familia Anaya, los 2.9 millones de dólares fueron sacados de una compañía con sede en Guadalajara. Durante un año el dinero fue transferido desde esa ciudad hacia Europa, el Caribe y Canadá, a través de una red de, al menos, otras nueve empresas.
Univision obtuvo los registros, direcciones y socios de dichas compañías a través de mecanismos de acceso a la información. La mayoría tiene como socios a David Alberto González y Daniel Rodríguez, dos abogados que declararon ante la Procuraduría en enero. Dijeron que el esquema fue para ocultar el origen del dinero y los supuestos socios de la empresa compradora eran prestanombres.
En dos empresas aparece como socio un tercer abogado Rodolfo Núñez. Al visitar su dirección registrada en Guadalajara para solicitar una entrevista con Núñez, Univision encontró que el número de casa que colocó en sus operaciones, no existe en esa calle. Otras empresas de la red, con sede en Guadalajara, tienen como dirección fiscal la oficina de un notario. Univision acudió preguntando por ellas, pero también dijeron que no las conocían.
La oficina de recaudación de impuestos es la tercera instancia oficial que también investiga el caso. En una auditoría hecha en octubre a Manhattan Master Plan Development, la empresa que pagó los 2.9 millones de dólares, encontró que emitieron facturas falsas y la clasificó como “empresa fantasma”.
En el contrato de venta de la nave industrial, que Univision revisó, hay dos cláusulas en las que Manhattan asegura que el dinero con que pagaría era de origen lícito.
“Es una operación que se celebró en escritura pública y que se pagó el precio a través de transferencias bancarias, cumpliendo con todas las formalidades”, dijo el abogado del candidato.
Este ha sido el principal argumento de la defensa de Anaya: poseen un contrato registrado ante notario, por lo que no tienen responsabilidad alguna en investigar el origen del dinero.
Hoy acudí a la PGR. Exijo que dejen de utilizar las instituciones del Estado Mexicano para hacer guerra sucia en contra de los opositores. También, exijo que hagan público que no he cometido ilícito alguno. pic.twitter.com/Oj3GHvfkMo
— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 25 de febrero de 2018
Tanto el abogado de Anaya como Luis Pérez de Acha, especialista en litigio fiscal, explicaron en entrevista que la clasificación de empresa fantasma y la triangulación del dinero no implica en automático que la transacción por la nave industrial sea también simulada.
“La PGR tiene que probar que el origen del dinero es ilícito y que él (Anaya) lo sabía”, dijo Pérez de Acha.
EL ORIGEN DEL DINERO
El 29 de enero, el abogado Daniel Rodríguez, quien fungió como socio de varias empresas de la red investigada, confesó a la PGR que lo habían contratado para “ocultar el origen de los recursos, así como su destinatario final, simulando una compra venta (de la nave industrial)”.
Quien lo contrató, de acuerdo con su versión, fue Manuel Barreiro, un empresario de Querétaro, viejo conocido de Anaya. El objetivo, dijo, era pagar más de lo que valía la nave, ocultar que el origen del dinero no era Barreiro sino otro empresario y pagar menos impuestos. El abogado de Barreiro no respondió a una solicitud de entrevista de Univision.
“La forma en que MAS Sailing y otras empresas de Manuel Barreiro recibieron los recursos, fue con motivo de un préstamo que (nombre tachado), quien es un empresario de Querétaro, le realizó a Manuel Barreiro por la cantidad de 180 millones de pesos”, declaró Rodríguez a los fiscales.
La versión del expediente consultada por Univision tiene tachado el nombre de este empresario, vital para explicar el origen de los recursos. También tacha los datos personales de los operadores de la red en distintos países.
Extrañamente, la PGR entregó a los testigos una versión que dejó visibles únicamente las partes en que se habla de Barreiro, los abogados, Anaya y su familia.
“Esto es para que la versión de la que se hable en la prensa sea solo la que afecta al señor Anaya”, opinó su abogado.
Univision consultó el precio de un metro cuadrado de construcción de una nave industrial en Querétaro en 2016. El costo de compra del terreno y construcción no pasaría de 850 mil dólares, pero la nave fue vendida en 2.9 millones. Anaya asegura que el precio era igual al promedio de venta de otras naves en el mismo parque industrial.
OCULTAMIENTO
Cuando el caso y las declaraciones comenzaron a ser reveladas en la prensa mexicana, Anaya explicó que había vendido la nave a un conocido arquitecto de Querétaro. En los registros públicos consultados por Univision, este arquitecto fue añadido como accionista una semana después de que se creó la compañía, un movimiento bastante inusual.
Los operadores dijeron a la PGR que esa fecha no es real, sino que se hizo mucho después, de forma retroactiva, cuando el diario mexicano El Universal comenzó a cuestionar la venta de la nave.
En una conferencia de prensa en Ciudad de México, el abogado de los dos testigos colaboradores de PGR expuso que el objetivo de este ocultamiento era impedir que se conociera que el socio original de Manhattan Master Plan Development, Luis Alberto López, era en realidad un prestanombres, que trabajaba como chofer de Manuel Barreiro.
Según los testigos, los supuestos dueños de las empresas no sabían de las operaciones bancarias internacionales, y solo los conectaba el hecho de trabajar para Barreiro.
En agosto de 2016 se realizaron las primeras transferencias, desde una empresa de Gibraltar a México. Varias transacciones se justificaron como préstamos, pero las autoridades encontraron que eran de “prestamistas” recién creados, cuyas únicas operaciones habían sido para mover ese dinero.
El contrato establecía que Anaya debía recibir el pago por la nave en tres entregas, durante la segunda mitad de 2016. Tanto el expediente de PGR como la información recopilada por Hacienda coinciden en que lo recibió mucho después, a mediados de 2017.
“Le pedí (a Barreiro) que nos dejara estructurar mejor la segunda parte del financiamiento de la compra, para así poder cumplir mejor con su objetivo, que era perder el rastro del dinero”, declaró Rodríguez ante la PGR.
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Durante la primera mitad de 2017, se crearon más compañías en Canadá y México, que fueron usadas para transferir los recursos. Univision pudo consultar varias transferencias en los registros recopilados por las autoridades de Hacienda, que no pudieron ser confirmadas independientemente debido al secreto bancario. Allí aparece como apoderado David Alberto González, uno de los testigos clave del caso.
González explicó a la PGR que era indispensable que Barreiro no apareciera al mismo tiempo como dueño de varias compañías que movieron el dinero, para pagar menos impuestos.
“Hubiera tenido la obligación de reportar dicho beneficio económico en México, por lo que al dividirlo en dos personas jurídicas, no adquirió dicha obligación”, declaró González.
Varias de las transacciones consultadas por Univision contenían información privada, amparada por el secreto bancario. Anaya ha dicho que esto es una violación a sus derechos y que solo declarará por el caso ante las autoridades, si se le cita por medio del abogado, explicándole si tienen algo en concreto en su contra. Ni la PGR ni Anaya respondieron solicitudes de entrevista de Univision.
