Este mes de febrero, Carlos Zamarripa Aguirre cumplió 8 años al frente de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato. El poderoso funcionario ha visto pasar ya a tres gobernadores y el paso del tiempo solo ha registrado el fortalecimiento de su poder al interior al aparato estatal.

Por ejemplo, Zamarripa que debió lidiar con dos secretarios de seguridad que lo enfrentaban y le competían, Baltazar Vilches y el general Miguel Pizarro, se dio el  lujo de influir decisivamente para colocar al actual titular de esa dependencia, que además ha sido el que más ha durado en dicho cargo: Álvar Cabeza de Vaca.

La influencia y el poder del Procurador no se limitan a la esfera administrativa, sino que también invaden la presupuestal, como cuando convenció al novel Gobernador Miguel Márquez, haciendo pinza con Cabeza de Vaca, para que se adquiriera el costoso y a la postre inútil sistema de vigilancia electrónica conocido como Escudo.

Para ello, nada más se comprometió al erario público con un arrendamiento que alcanzará los 3 mil millones de pesos al concluir el sexenio, un monto superior al programa especial de política social que se aplica en la actualidad y que de ser bien invertido probablemente será más importante para frenar el crecimiento delictivo que padece el estado, que Escudo.

La esfera de control de Zamarripa y su alfil Cabeza de Vaca alcanza buena parte de las corporaciones policíacas en los municipios, pequeños, medianos y grandes.

Si en la teoría de estrategias el control del territorio es un factor primordial para tener resultados, el tándem de la seguridad en Guanajuato no puede alegar que carece de ello, pues son dueños absolutos de la mayor parte del estado de fuerza en la entidad, además de la tecnología asociada a la vigilancia. Ni recursos financieros, ni respaldo político les ha sido escatimado.

Sin embargo, todo ese dominio no se ha traducido en un eficaz combate a la seguridad en Guanajuato. Todo lo contrario: en estos años han aparecido y cobrado auge delitos como el robo de combustible; ha crecido el trasiego y venta de drogas; y, a últimas fechas, la guerra de cárteles se ha apoderado de ciudades como León, Celaya, Pénjamo, San Francisco del Rincón, entre las principales.

En contrasentido del fracaso en el combate a la delincuencia, el Procurador ha acrecentado su influencia en el terreno de la política. Estos ocho años en la misma silla le han dado un control absoluto del panorama político y esto se refleja en el manejo discrecional de averiguaciones previas y denuncias que afectan a políticos prominentes, como ocurre en el caso de los líderes priistas denunciados por fraudes con programas de vivienda, entre ellos por lo menos 3 diputados al Congreso local.

Zamarripa también castiga a quien se porta mal, como ha ocurrido en dos ocasiones con el Partido Verde, al que le decomisó una bodega de propaganda electoral de manera oficiosa, como golpe mediático en la pasada elección; no fue lo único: la filtración a un medio de una parte de la investigación realizada sobre una presunta desaparición del hijo de un ex candidato de este partido, tuvo intenciones de desprestigio.

Las filtraciones intencionadas son comunes desde la Procuraduría de Justicia, y sus fines son eminentemente políticos. Así ocurrió en el caso de los tres niños asesinados en San Miguel de Allende en un operativo policial, donde el periódico Milenio se prestó a recibir la información de que Antonio Luna, padre de los niños, había aceptado su responsabilidad como verdugo de sus hijos.

Solo tres instancias conocían eso: el juez, el defensor y el ministerio público de Zamarripa. Si pensamos en quién fue el más beneficiado de la fuga informativa, tendremos al principal sospechoso.

Ese caso, por cierto, ha inaugurado un nuevo capítulo de la ignominiosa guerra contra la delincuencia que vive nuestro país, cortesía de la Procuraduría de Zamarripa: a las víctimas colaterales, abundantes en el país, hoy se agrega la perversidad de responsabilizar a las propias víctimas de su malhadado destino.

Carlos Zamarripa, tras sus ocho años a cargo del monopolio de la procuración de justicia, y controlando las principales fuerzas de policía del estado desde hace 4 años, es lo más parecido que hemos tenido a un José Fouché, el tenebroso policía que transitó desde los gobiernos revolucionarios, pasando por el bonapartismo hasta la restauración de la monarquía en Francia.

Al igual que Fouché, hoy Zamarripa tiene más información en su poder que los diversos superiores a los que ha servido. Los espaldarazos que Márquez se ha encargado de darle a últimas fechas pueden tener varias explicaciones, pero no es lejano pensar que una de ellas podría ser, precisamente, esa circunstancia.

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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