Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).- La nueva Ley General de Aguas beneficiará a grandes consorcios y empresas trasnacionales de la talla de Coca Cola o Nestlé, entre otras empresas embotelladoras de agua para su consumo en diversas presentaciones, afirmaron legisladores de oposición conforme avanzan en el análisis de la legislación que aprobará la Cámara de Diputados.
Consideraron que la legislación secundaria propuesta por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), avalada por los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) parece hecha sólo para dar certeza jurídica a las empresas que tienen concesiones para la explotación, uso y aprovechamiento del agua.
“Son las grandes trasnacionales como Coca Cola o Nestlé entre otras, por citar a las más evidentes, las cuales obtienen ganancias millonarias por las concesiones que han ganado”, afirmó el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en entrevista para SinEmbargo.
“Son empresas como Coca Cola y también otra es Grupo Monterrey, en general”, concordó la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a este diario digital, a reserva de profundizar en el texto que se someterá a consideración del pleno este martes 10 de marzo.
Al respecto, la Diputada perredista Aleida Alavez Ruiz detalló que la nueva Ley General de Aguas es una legislación con una redacción “tramposa”, porque por un lado afirma que defiende el derecho humano al agua, pero por el otro fomenta una visión mercantil del líquido al imponer tarifas prácticamente a todo su consumo y elimina los subsidios que apoyan la economía de miles de familias.
Agregó que la legislación “privilegia las concesiones”. Explicó que en la redacción de la Ley prácticamente tienen el mismo sentido los conceptos ‘asignaciones’ y ‘concesiones’, y esto implica que se privilegiará la apertura al sector privado en las diferentes áreas de distribución y operación el agua.
“Y eso lo vemos con mucha alerta porque empresas que puedan pagar las concesiones para explotar pozos de manera ilimitada para extraer agua de esos pozos y después ponerlos a la venta en presentaciones distintas de bebidas, es ver el agua más como una mercancía que como un bien público o un derecho humano”, detalló la también vicepresidenta de la Mesa Directiva.
Los legisladores de oposición indicaron que empresas embotelladoras tienen millonarias concesiones que les permiten explotar aguas nacionales para vender el mismo líquido en productos embotellados, refrescos, jugos, agua mineral y bebidas adicionadas con cafeína.
Sin embargo, coincidieron que en lugar de avanzar hacia una regulación más eficiente, la nueva ley flexibiliza diversas normas, entre ellas la temporalidad de las concesiones.
“De por sí ellos hacen una explotación del agua y un uso comercial de la misma, y tendrían que pagar por ello. Pero aquí no se establecer reglas claras para el uso del agua para consumo humano”, indicó la Diputada Alavez Ruiz.
Según el propio documento que se pondrá a consideración del pleno de los diputados el próximo martes, en el Título Sexto de la nueva ley “prácticamente se reproducen las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales en materia de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales al señalar las reglas para su otorgamiento, prórroga, transmisiones, derechos y obligaciones de los concesionarios, suspensión, extinción y revocación de los títulos de concesión”.
EMBOTELLADORAS Y EL USO DEL AGUA
A través de su página de internet Coca Cola México afirma ser la única empresa de bebidas en el país que trata el 100 por ciento del agua residual de sus procesos productivos.
Asegura que “a través de diversas iniciativas y programas de control y cuidado del agua, lograremos nuestro compromiso de devolver el 100% del vital líquido a la naturaleza en el año 2020”.
Detalla que cuenta con programas para reducir, reabastecer y reciclar el agua. Asimismo, agrega, ha tomado medidas que van desde el incremento de eficiencia en sus plantas embotelladoras y oficinas, hasta la protección de cuencas e iniciativas diversas que tienen efectos muy positivos en las comunidades.
Para ello, Coca Cola informa que al momento ha plantado más de 20 millones de árboles reforestando una superficie de más de 20 mil 270 hectáreas.
Según informa, el compromiso fue asumido con la Secretaría de Medio Ambiente y con el apoyo de Pronatura para plantar 30 millones de árboles en 25 mil hectáreas de bosques prioritarios y que abastecen del vital líquido a las principales ciudades de México, a través del Programa Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua.
Por su parte, la página de internet de Nestlé México asegura que esta compañía mantiene el compromiso de reducir en 15 por ciento la utilización de agua en la fabricación de sus productos.
AGUA PARA FRACKING
La izquierda explicó que otros megaproyectos que favorece la nueva Ley General de Aguas es el impulso al uso de agua para generar energía. Para ello la legislación presenta todo un capítulo en donde se distinguen dos tipos distintos de uso: uno para la generación de energía eléctrica y enfriadora de plantas, y otra para generación de energía eléctrica mediante geotermia.
“Allí más bien sabemos que la lógica es para uso industrial, el uso para la perforación de piedras para extraer el gas mediante la técnica del fracking, que derivado de la reforma energética se requiere de estas formas de sobre explotación del agua”, sostuvo la Diputada Aleida Alavez.
En este rubro podrían ser beneficiadas empresas que quieren incursionar en el ramo, como es la empresa constructora Grupo Higa.
“El manejo que la Ley le va a dar a los trasvases como una política central y donde no nada más es a partir de las obras que van a generar estos trasvases, como es el caso de Monterrey VI sino porque la Ley les va a abrir la puerta a poder manejar las concesiones de los propios volúmenes de agua que estén trasvasando para poder dar servicio industrial y doméstico”, explicó el legislador Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
“Esto va a provocar que Grupo Higa pronto pueda entrar a dar servicios a la industria de la fracturación Hidráulica en Nuevo León, que es para lo que creemos que está haciendo Peña Nieto de forma tan insistente”, agregó.
La ley establece que la explotación, uso o aprovechamiento de aguas del subsuelo, contenidas en yacimientos geotérmicos hidrotermales, requiere de concesión y de autorización en materia de impacto ambiental.
Sin embargo, no serán las autoridades mexicanas las encargadas de realizar los estudios, sino los propios interesados deberán presentar los reportes de impacto ambiental, entre otros.
“El interesado debe presentar a la Comisión los estudios del yacimiento geotérmico hidrotermal que determinen su localización, extensión, características y conexión o independencia con los acuíferos adyacentes o sobreyacentes”.
La Diputada Graciela Saldaña, quien redactó una iniciativa para prohibir el uso de la fractura hidráulica o fracking para romper la piedra de esquisto y extraer el shale gas, consideró que la nueva ley favorece a los megaproyectos para la generación de energía, los cuales solo pueden ser financiados por las grandes empresas trasnacionales mexicanas y extranjeras.
“Cuando decimos que favorece a empresas por supuesto que sí, pero si te fijas, por ejemplo en el caso de fracking ¿quién se va a beneficiar de extraer cantidades industriales como es de nueve a 28 millones de litros de agua para una sola perforación de un pozo? Pues obviamente las empresas privadas [que tengan la concesión]”, explicó.
Otra de las áreas que favorecerá la nueva Ley, explicaron los legisladores de izquierda es el que tiene que ver con el uso de agua para proyectos mineros.
“Hay otro nicho que tiene que ver con la minería tóxica, nada más hay que tener el dato que para obtener un kilo de oro se necesitan millones de litros de agua”, detalló el legislador de Morena Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
Para ello la Ley dispone de un capítulo denominado “Uso en el laboreo de minas” con sólo dos artículos.
Al respecto señala que los titulares de concesiones mineras están obligados a:
I. Obtener el permiso de descarga de aguas residuales en cuerpos receptores que sean bienes nacionales;
II. Cumplir con las normas oficiales mexicanas;
III. Poner a disposición de la Comisión el agua sobrante después del uso que realice, con base en los derechos que confieren tales concesiones, y
IV. Contar con dispositivo de medición y reportar los volúmenes de las aguas de laboreo.
El siguiente artículo sirve para dejar al Reglamento el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales provenientes del laboreo de minas, para fines distintos de las actividades inherentes a la minera y del uso doméstico del personal empleado en las mismas.
