La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está en condiciones de asestarle a Felipe Calderón, en pleno proceso electoral, uno de los golpes más fuertes de su sexenio.
La revisión del amparo promovido por la ciudadana francesa Florence Cassez contra la sentencia de 60 años de prisión por su supuesta participación en la banda de secuestradores Los Zodiaco, le da la oportunidad a la Corte de responder a las severas y reiteradas críticas que ha hecho Calderón al Poder Judicial.
La propuesta del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea de amparar a Cassez y, en consecuencia, darle la “libertad absoluta e inmediata”, responde no sólo a su declarada posición de hacer de sus fallos una defensa de los derechos humanos.
También se explica por su cercanía con el ministro presidente de la Corte, Juan Silva Meza, quien en público y en privado le ha reclamado a Calderón sus pretensiones de influir en los jueces para que lo apoyen en su “guerra al narcotráfico”.
El 15 de diciembre pasado, durante su primer informe como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, teniendo a un lado a Calderón, Silva Meza señaló: “Entendemos que, a veces, pero cada vez con mayor frecuencia, las resoluciones del Poder Judicial, especialmente aquellas con un alto impacto social, político o mediático, causen dificultades para algunos actores políticos.
“Entendemos que, a veces, no se comprenden a cabalidad. Lamentamos que en muchas ocasiones sus fundamentos y consideraciones se vean como meros legalismos o tecnicismos judiciales. No compartimos que se desacrediten, sin fundamentos”.
La respuesta no pudo ser más directa. Calderón se la había pasado criticando a los jueces que “por corrupción” o “tecnicismos” liberan a los delincuentes que su gobierno agarra y agarra”.
Esa posición, sin embargo, no es la única en el máximo tribunal, en tanto que se trata de un órgano colegiado. Presidente de la Primera Sala de la Corte, Zaldívar requiere por lo menos dos votos más para su propuesta.
Sin entrar al fondo respecto de la responsabilidad o no de Cassez de las acusaciones de secuestro, delincuencia organizada y posesión de arma prohibida, la Primera Sala podría resolver por la forma en que actuó la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) cuando detuvo a la ciudadana francesa, en diciembre de 2005.
Como lo ha dicho la defensa de Cassez, Zaldívar considera que la AFI violó los derechos consulares y de presunción de inocencia de la ciudadana francesa al lincharla en los medios de comunicación, en especial en los noticiarios de televisión.
En ese entonces, Genaro García Luna era el director de la AFI y Felipe Calderón estaba a un año de ocupar Los Pinos. Calderón hizo suyo el caso y, contra toda evidencia, sigue defendiendo a toda costa la actuación de quien ahora es su secretario de Seguridad Pública.
En los próximos días, Felipe Calderón presionará a la Corte para evitar el golpe y capitalizar electoralmente el caso. Pero si ampara a Cassez, el Poder Judicial le daría un severo golpe a la política de seguridad de Calderón, a las pretensiones del PAN de mantenerse en la presidencia y en particular a García Luna, como actor principal del montaje sobre la detención de Cassez.
No sería la primera vez que García Luna quedara exhibido en el máximo tribunal del país.
Hace casi un año, en abril de 2010, la Corte lo hizo por primera vez cuando ordenó la liberación de las indígenas nañu Alberta Alcántara y Teresa González, detenidas en 2006 por la AFI de García Luna, acusadas de secuestrar a dos agentes de esa corporación durante un operativo contra la venta de productos pirata en Santiago Mexquititlán, Querétaro.
En ese caso, la liberación ordenada por la misma Primera Sala se debió a las graves irregularidades en el proceso, de manera similar a lo ocurrido con Cassez.
En un gobierno democrático, con una efectiva rendición de cuentas, García Luna sencillamente no tendría cabida. Ya por decisión personal o por orden presidencial, hace años que habría dejado de vivir del dinero público y de administrar los millonarios y sensibles recursos encomendados a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Calderón, por el contrario, lo encumbró como funcionario. Le dio una fuerza de más de 30 mil hombres para su Policía Federal, lo equipó con el caro apoyo de Estados Unidos y lo protegió ante las reservas y abiertas críticas de las Fuerzas Armadas, en particular de mandos del Ejército.
Y aun cuando el desempeño de la SSP ha quedado en entredicho en las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación –dependiente de la Cámara de Diputados–, Calderón ha preferido pagar un alto costo antes de deshacerse de su colaborador. Muy caros le han salido los servicios que le hizo durante la anterior disputa presidencial.
– Apro
