Sin duda es buena y sana la propuesta que formuló el presidente Andrés Manuel López Obrador en la iniciativa de reformas electorales que envió al Congreso de la Unión el pasado lunes 5 de febrero del 2024, que pretende unificar a todas las autoridades electorales administrativas del país en una sola entidad denominada Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC), que sustituiría al actual Instituto Nacional Electoral (INE) y sería responsable de realizar todos los procesos electorales del país, tanto los federales, como cada uno de los que se realicen en las 32 entidades del país.

Y por supuesto, el nuevo Instituto Nacional de Elecciones, también sería el responsable de realizar todas las consultas populares que fuese necesario y los ejercicios de revocación de mandato, tanto para quien esté en la presidencia de la República, como en los casos de quienes sean los responsables de las 31 gubernaturas y de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La reforma contempla la desaparición de todos los institutos electorales de los estados.

La duplicidad de funciones y el sometimiento pleno de los Organismos Públicos Locales (OPLES), que organizan los procesos electorales estatales, a las decisiones del Instituto Nacional Electoral (INE), hacen obligada una reforma en la materia, para racionalizar el gasto y aligerar la carga a los contribuyentes. En 2024, los 32 instituto electorales estatales, conocidos como OPLES, representarán un gasto de 27 mil 515 millones de pesos, que rebasan por mucho los 22 mil 323 millones de pesos que ejercerá el Instituto Nacional Electoral para la realización de los comicios federales de Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales en todo el país.

En el documento enviado por el Presidente de la República al Congreso se advierte: “La presente iniciativa propone emprender una nueva etapa electoral para el país. Se plantea transformar la institucionalidad electoral al suprimir al INE y crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como autoridad electoral independiente garantizando los principios rectores de la función electoral, como siempre debió haber sido”.

Y agrega: “El Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC), sería la única autoridad administrativa electoral del país. Sus funciones absorberían las de los órganos públicos locales (OPL), es decir, organizaría la totalidad de los procesos electorales de la república, a nivel nacional, estatal y municipal. Además, se propone que lleve a cabo los ejercicios de democracia directa que prevén la Constitución y leyes”.

El sometimiento de los institutos electorales estatales al Instituto Nacional Electoral lo determina el artículo 41 de la Constitución General de la República, al establecer que el INE puede asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los Organismos Públicos Locales (OPLES). Y faculta también al INE para atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los institutos electorales estatales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación.

La misma Constitución señala que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los Organismos Públicos Locales. Todas estas atribuciones del INE convierten a los organismos electorales estatales en meras oficialías de partes y oficinas administrativas en materia electoral, que en cualquier momento pueden ser relegadas y sustituidas por la autoridad electoral nacional.

En la propuesta de reforma enviada por el presidente López Obrador se explica: “Cabe mencionar que el INE, desde su creación hasta la fecha, ha ido ejerciendo cada vez más su facultad de atracción sobre las funciones de los Organismos Públicos Locales, al grado de realizar o verificar prácticamente todas las actividades significativas que corresponden formalmente a dichos órganos, salvo la investigación y substanciación de quejas; el registro de candidatos, cómputos y declaración de validez. Contar con una autoridad administrativa única abonará a dar mayor certeza y a armonizar los procesos electorales y de participación ciudadana”.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales reitera en su Artículo 98 que “el consejero presidente y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales (OPLES) serán designados por el Consejo General del Instituto, por un periodo de siete años, conforme al procedimiento previsto por esta Ley”. Y además agrega que, “los consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales podrán ser removidos por el Consejo General [del INE]”, por incurrir en causas graves, que serán determinadas por el propio Instituto Nacional Electoral.

Este sometimiento de los OPLES al INE está claro también en lo que dispone la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 104, cuando advierte que “corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones, entre otras, en las siguientes materias: a).- Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y esta Ley, establezca el Instituto [Nacional Electoral]”.

Más adelante, en su Artículo 119, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales reitera que “la coordinación de actividades entre el Instituto y los Organismos Públicos Locales estará a cargo de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y del Consejero Presidente de cada Organismo Público Local, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, en los términos previstos en esta Ley”.

Y agrega el mismo enunciado: “Para la realización de las funciones electorales que directamente le corresponde ejercer al Instituto en los procesos electorales locales, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Constitución y en esta Ley, y en concordancia con los criterios, lineamientos, acuerdos y normas que emita el Consejo General del Instituto, la Secretaría Ejecutiva del Instituto presentará a consideración del Consejo General, el proyecto de Plan Integral que contenga los mecanismos de coordinación para cada proceso electoral local”.

Los institutos electorales más caros del país (OPLES) son, el del Estado de México que en 2024 ejercerá un presupuesto de 3 mil 541 millones de pesos; el segundo OPLE más caro es el de la Ciudad de México, con 2 mil 974 millones de pesos de presupuesto; y en la tercera posición está el Instituto Electoral de Nuevo León, con 1 mil 565 millones de pesos. Luego aparecen entre los más caros Jalisco, Veracruz y Puebla.

El Instituto Nacional Electoral ejercerá este año 22 mil 323 millones de pesos y los 32 institutos electorales estatales gastarán en conjunto 27 mil 515 millones, lo que significa que tan sólo la estructura de las autoridades administrativas en materia electoral representará, durante 2024, un gasto total de 49 mil 838 millones de pesos.

Pero habría que sumar  el abusivo financiamiento a los partidos políticos, que en el ámbito federal recibirán durante 2024 un total de 10 mil 444 millones de pesos, en tanto que el financiamiento estatal a los partidos políticos, en la suma del subsidio otorgado en las 32 entidades federativas, representa 8 mil 846 millones de pesos. Es decir, durante 2024, entre financiamiento federal y estatal, los partidos recibirán 19 mil 290 millones de pesos.

Pedro Mellado Rodríguez

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Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace casi cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.

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