El pasado 5 de febrero el Ejecutivo federal presentó un paquete de 18 reformas constitucionales y dos leyes secundarias. Algunas de estas iniciativas proponen cambios preocupantes, sobre todo las de materia político-electoral, las que buscan reformar al Poder Judicial o las que proponen la desaparición de distintos órganos. De aprobarse en sus términos, se materializaría el peligro de importantes regresiones en la garantía de los derechos humanos de las personas y al esquema de controles y contrapesos democráticos.

No es la primera ocasión que el Presidente manifiesta sus intenciones de capturar el Poder Judicial de la Federación (PJF) y desmantelar al órgano garante del acceso a la información (INAI), entre otros. El Ejecutivo ha impulsado distintas estrategias para debilitar estos mecanismos de contrapesos, que van desde las narrativas de desprestigio a través de las conferencias matutinas, pasando por la reducción de su presupuesto y la parálisis en sus designaciones. Pero hasta ahora, no había enviado al Legislativo una iniciativa que cristalizara tales intenciones.

En este contexto, la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) demuestra con claridad la necesidad de fuertes controles y contrapesos de órganos independientes. El pasado martes determinó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá entregar la versión pública de la información que posee acerca de la investigación del caso Pegasus.

La SCJN resolvió dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional promovidos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal que buscaban impugnar una resolución del INAI que ordenaba a Hacienda la entrega de estos documentos. Con esta decisión, ratificó el criterio del INAI de considerar infundada la reserva de la información por motivos de seguridad nacional, por lo que la dependencia deberá proporcionar la versión pública de la información recabada por la UIF para investigar la red de empresas comercializadoras de Pegasus entre 2012 y 2018.

Recordemos que esos contratos fueron mencionados por Santiago Nieto -extitular de la UIF- en una conferencia matutina, cuando en el verano de 2021 se publicó la investigación internacional Pegasus Project. En dicha investigación se reveló cómo el círculo cercano de AMLO había sido espiado durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero súbitamente el Ejecutivo perdió el interés en brindar los contratos, aun y cuando se tratara del Gobierno anterior.

La razón principal, suponemos, es que el Ejército siguió comprando el agresivo spyware durante el presente Gobierno. Tal como fue revelado a partir de 2022, el defensor Raymundo Ramos, el periodista y analista político Ricardo Raphael, un periodista del medio Animal Político y dos personas defensoras del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez─ fueron objetivo de infecciones con Pegasus durante este sexenio. Todos vigilados mientras hacían labores relacionadas con abusos perpetrados por las Fuerzas Armadas.  

A partir de ello organización R3D pidió los contratos de la Sedena con las empresas intermediarias, únicas autorizadas para vender Pegasus en México. El instituto castrense ocultó la información y mintió pese a que la existencia de dichos contratos fue confirmada por la Auditoría Superior de la Federación. La estrategia de ocultamiento comenzó por la declaración de inexistencia de información, pero luego de la intervención del INAI cambió por la reserva de la misma. Aunque dicha reserva fue levantada, se niegan a entregarlos.

Tal como se expone en este capítulo de la investigación Ejército Espía “la resolución RRA 20263/22 se considera incumplida por parte del INAI e incluso el Instituto presentó una denuncia por incumplimiento ante el Órgano de Control Interno de la Sedena, sin que exista aún respuesta alguna sobre el resultado de dicho proceso”.

En paralelo, la Sedena ha seguido una estrategia para ocultar las actividades ilegales del Centro Militar de Inteligencia, entregando información contradictoria sobre su operación. La existencia de dicho Centro fue revelada hace un año como parte de la información revelada a partir de las filtraciones de correos del Ejército realizada por el colectivo Guacamaya.

En agosto de 2022, la presidencia de la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa (COVAJ) presentó su primer informe, donde refirió documentos sobre intervenciones de comunicaciones de la Sedena, con las siglas C.M.I. en la parte superior derecha. Al respecto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) preguntó a la Sedena sobre el significado de las siglas C.M.I. que aparecían en los documentos de inteligencia. La Secretaría respondió que las siglas correspondían a la frase “contenido mediático de información”.

En una demanda de amparo, los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos nombraron al Centro Militar de Inteligencia como una de las autoridades responsables. Ante el Juez la Sedena negó la existencia actual del C.M.I., pero reconoció que sí existió al decir que “fue creado como un organismo circunstancial, pero a la fecha ha cesado sus funciones”. A ello se suma un informe filtrado por Guacamaya, en el cual se evidencia una visita del Comando Norte de los Estados Unidos al C.M.I. en septiembre de 2019.

Con lo anterior se demuestra que ante la falta de transparencia necesitamos organismos que hagan contrapeso a la estrategia gubernamental de ocultamiento.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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