Genaro García Luna es el más alto exfuncionario mexicano jamás juzgado en Estados Unidos por narcotráfico. Se le acusa de aceptar millones de dólares en sobornos de “El Chapo” para que se le permitiera llevar cocaína a Estados Unidos.
Por Gardenia Mendoza
México, 9 de febrero (LaOpinión).- El juicio en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna despertó la ilusión de justicia entre las víctimas de Ciudad Juárez, la entidad que fue epicentro de la violencia con hasta siete mil asesinatos en la época en que el funcionario estuvo al mando de la Policía Federal, en el tiempo que este favorecía al Cártel de Sinaloa.
“Se debe investigar a todos los involucrados, incluyendo al expresidente Felipe Calderón (2006-2012) porque no es posible que no se diera cuenta: evidencias sobran”, destaca en entrevista con este diario la activista Cipriana Jurado desde Estados Unidos, donde se encuentra en condición de refugiada.
Cipriana jurado fue una las sobrevivientes de aquella época en que presuntamente las autoridades encabezadas por el Gobierno federal iban a la caza de todo aquel que se interpusiera a la expansión del cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán, como han reafirmado los testigos del juicio a García Luna que se lleva a cabo en Nueva York.
Cuando la activista huyó de Ciudad Juárez sumaban entre 20 y 25 defensores de derechos humanos asesinados entre las miles de muertos que convirtieron a la ciudad fronteriza la más peligrosa del mundo en diversos rankings.
“Nos llamaban víctimas colaterales pero lo que hicieron fue destrozar muchas familias”, detalla.
A Jurado le dieron pronto el asilo, en parte porque trabajaba con organismos como Amnistía Internacional, pero de ese tiempo aún hay solicitudes que siguen paradas, a las que Estados Unidos no ha dado respuesta. Primero por la política de Trump y luego con el coronavirus; a otros, se las han negado.
“Perdimos trabajo, propiedades y negocios, nos quitaron todo: familia, hijos, hermanos y, sobre todo, nos dejaron sin Patria”, destaca la activista. “Creo que se debe juzgar también por lo que quisieron al pueblo mexicano”.
MÁS ALLÁ DE EU
A sus 54 años, Genaro García Luna es el más alto exfuncionario mexicano jamás juzgado en Estados Unidos por narcotráfico. Se le acusa de aceptar millones de dólares en sobornos de “El Chapo” para que se le permitiera llevar cocaína a Estados Unidos; de delincuencia organizada y de mentir al Gobierno de ese país.
Pero, ¿cuál fue su papel en Ciudad Juárez?
Los primeros en denunciar los abusos de tropas y fuerzas federales fueron los activistas que desde antaño vociferaban todos los problemas locales, entre ellos y uno de los más fuertes: los feminicidios.
Cipriana, quien llevaba más de 15 años trabajando en la defensa de los derechos humanos, denunció que desde la llegada de los militares la situación empeoró para las personas que, como ella se opusieron a la participación del Ejército en la seguridad pública y recibieron hostigamiento y amenazas por parte de los integrantes de esas fuerzas.
La también extrabajadora de la maquila comentó que en abril de 2008 fue detenida por una denuncia supuestamente realizada desde 2005 por parte de Caminos y Puentes Federales por unas protestas que se hicieron contra el feminicidio y los cazamigrantes.
“Casualmente nunca me notificaron la denuncia”, y en 2007 a la llegada de los militares, reabrieron el caso. En 2008 la detuvieron elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), sin identificación, sin orden de aprensión y en un vehículo sin placas.
“Les estorbábamos”, resumió.
Pero la alerta máxima para ella fue cuando asesinaron a Josefina Reyes, otra activista. Para el 2010 ya habían matado a entre 20 y 25 defensores de derechos humanos en Nuevo Casas Grandes, Juárez y Chihuahua capital, entre ellos, Armando Villarreal y a tres hermanos de Josefina y mucha gente del Valle de Juárez.
Testimonios de habitantes de los municipios de El Valle como Praxedis G. Guerrero dijeron a este diaro en aquellos tiempos que los policías federales llegaban a las casas buscando a supuestos colaboradores del Cártel de Juárez y los acusaban sin evidencias, los desaparecían y quemaban sus casas. “Querían darle la frontera al Cártel de Sinaloa”.
En 2011, el grupo armado La Línea, del Cártel de Juárez, se adjudicó una emboscada que provocó la muerte de seis efectivos de la Policía Federal, de una mujer policía del municipio y un menor de 17 años una emboscada. En una pinta que apareció en las calles 16 de Septiembre y Colombia, en el centro de la ciudad, el mensaje decía.
“Inspector General de la PF (Policía Federal), Raymundo Agustín Hernández Guzmán, y a su oficial Raúl Mendoza Vázquez, lo mismo les va a pasar a ustedes, hijos de puta, como les pasó a los de la unidad 627 por andar con ‘El Chapo’ y a todos los mugrosos que lo apoyen. Atentamente La Línea”.
Calderón había ordenado despliegue de cinco mil elementos de la PF, efectuado a partir de la última semana de marzo en sustitución de tres mil militares para patrullar las calles de dicha ciudad después del asesinato de 15 jóvenes en una fiesta en la colonia Villas de Salvárcar.
DE LEJOS
Amnistía Internacional solicitó una acción urgente a la Secretaría de Gobernación para que garantizara la seguridad de Cipriana Jurado pero no hubo respuesta y ella tuvo que huir. Primero a Chicago y luego a Nuevo México.
No era algo que estuviera en sus planes. Su hijo ya había pasado el examen para ingresar a la Universidad de Ciudad Juárez, donde ella trabajaba. Tenía una beca cuando la madre se lo llevó a empezar de cero, sin trabajo ni idioma. Su otra hija tenía siete años, había terminado el año de primaria.
El primer año de exilio, mientras le daban el permiso de trabajo, recibió ayuda de la organizaciones civiles y de la iglesia presbiteriana mientras la información seguía reportando de los pleitos de García Luna con el Procurador de Justicia Eduardo Medina Mora porque el primero disminuyó la capacidad operativa de la Policía Ministerial en la Investigación contra grupos criminales.
“Había muchas evidencias para ver de qué lado estaban las fuerzas de seguridad”, destaca Jurado. “Eso costó vidas y a quienes denunciamos nos robaron la esperanza, los sueños nos obligaron a emigrar y nos robaron todo: allá tenía mi casa pagada y se robaron muebles, ropa, la de sus hijos, hasta los cables de la luz y por eso también hay que pedir cuentas”.
