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El juicio a Genaro García Luna en Nueva York ha arrojado una historia distinta a la que conocíamos sobre Felipe Calderón. Durante años hemos dicho que, por haber llegado mediante un fraude electoral a la Presidencia de México, Calderón decidió legitimarse estallando una “guerra contra el crimen organizado”. Pero los nuevos datos del juicio señalan que la complicidad con el narcotráfico venía desde mucho antes y que no necesariamente respondió a un dilema político —que no había ganado la elección de 2006— sino, más bien, a que, durante los sexenios de Acción Nacional, se creó una estructura paralela al Estado mexicano, compuesta por servidores públicos, militantes del partido, y jefes del narco, todos unidos por ser cómplices en el delito.

Veamos con más detalle esta historia. Dieciocho días después de que el Tribunal Electoral lo declarara presidente electo, Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, asistieron como padrinos a un bautizo en Torreón, Coahuila. La bebé que sería bautizada era hija del senador de Acción Nacional, Guillermo Anaya Llamas, y de María Teresa Aguirre Gaitán. El hermano de “El Grande”, jefe del grupo de los Beltrán Leyva en la Comarca Lagunera, era esposo de la hermana del senador del PAN y ex alcalde de Torreón. Así que “El Grande” fue encomendado para asistir al bautizo con una petición de La Federación, es decir, de los Beltrán Leyva, el Chapo Guzmán, y el Mayo Zambada, al nuevo presidente electo. Se le pidió a Calderón nombrar a Genaro García Luna como Secretario de Seguridad Pública de México. La exigencia fue aceptada y García Luna tomó posesión como super policía desde el primero de diciembre de ese año. La “guerra contra el narco” fue anunciada dos meses y medio después de ese bautizo, hasta el 11 de diciembre de 2006. Así que podemos concluir que la idea de ponerse al servicio del Cartel de Sinaloa precedió a cualquier plan de supuesta seguridad. Y, por lo tanto, el anuncio de la famosa “guerra contra el narco” que comenzó sin diagnóstico ni estrategia en el estado de Michoacán, no fue sino para esconder el acuerdo previo de apoyar la expansión del cartel de La Federación por todo el país. Tampoco se sostiene que Calderón “no supiera” qué hacía su secretario de seguridad, García Luna, porque fue él quien aceptó una exigencia de los narcotraficantes, en aquel bautizo de Acción Nacional el 25 de septiembre de 2006. Si lo hizo por un cálculo político o simplemente por dinero, queda todavía en lo incierto, pero al poco tiempo volvió a hacer lo mismo: apoyar al Chapo Guzmán. A esa historia volveremos después.

Un año después, en el 2007, el gobernador priista de Coahuila, Humberto Moreira, acusó al senador del PAN, Anaya Llamas, de tener vínculos con el narco. Por los testimonios en el juicio ahora sabemos que el propio Moreira sirvió de fachada, con una partida de fomento al turismo, para la entrega de sobornos a periodistas y dueños de medios de comunicación. Que el propio García Luna pagó “toneladas” de 25 millones de pesos al mes —300 millones al año— al periódico El Universal, para encubrar su imagen como policía eficiente. Que el columnista Antonio Navalón, representante del grupo español Prisa en México candidateó a García Luna para la presidencia de la República en su artículo de El Universal del 25 de octubre del 2010. Cuando ya era dirigente nacional del PRI, Moreira fue investigado por corrupción, endeudar a su estado con documentos falsificados del Congreso local, y lavado de dinero en paraísos fiscales como Mónaco e Islas Caimán, pero fue exonerado por la PGR de Calderón un mes antes de que tomara posesión Enrique Peña Nieto en 2012. Es decir, si de Fox a Calderón hubo una complicidad en ascender de puesto a García Luna —de la AFI a la Secretaría de Seguridad—, de Calderón a Peña Nieto existió el mismo pacto para exonerar a políticos enriquecidos por sus lazos con narcotraficantes.

Pero esta historia viaja de Coahuila a Nayarit. En el juicio en Nueva York se presentó como testigo de la Fiscalía a Edgar Veytia, el ex fiscal del gobierno de Ney González. Con suma sinceridad, Veytia ha dicho que los gobernadores de Nayarit, tanto Ney González como Roberto Sandoval, le tenían lealtad a los Beltrán Leyva porque les pagaban las campañas electorales. Y que, cuando las empezó a pagar el Cartel Jalisco Nueva Generación, traicionaron a sus antiguos patrocinadores. Veytia declaró en Nueva York que fueron Felipe Calderón y García Luna los que les dieron la instrucción: “El Chapo no se toca”, cuando los dos grupos de criminales se enfrentaron en el 2008. Que una vez tuvieron hasta que liberar al capo de una detención en una carretera porque así lo pedía el Presidente Calderón, que esa era “la línea”.

De los testimonios de Veytia podemos concluir que el acuerdo del calderonismo con la Federación duró apenas un año y, cuando se enfrentaron los Beltrán al Chapo, el Presidente Calderón dio la orden de apoyar a éste último. Unas horas después de que se diera este testimonio de Veytia en el juicio, Felipe Calderón respondió desde el exilio en España: “Nunca negocié ni pacté con criminales”. Su esposa, la diputada Margarita Zavala pareció enigmática de tan obtusa. Dijo: “A mí me parece que lo que tenga que suceder en ese juicio, pues que suceda. Y lo demás, pues yo creo que toda la parte de los testimonios, como quiera, yo no veo que estén ahorita aprobándolo”. La abogada confundió claramente “aprobar” con “probar”. Más claras fueron las ocho columnas del periódico Reforma: “Implican a Calderón… pero “de oídas”. Un día antes, cuando se dio a conocer los sobornos de García Luna al Ya al diario El Universal, éste tituló su portada con “Gobierno gasta 1600 millones de pesos en estadios de beisbol”. El Heraldo, otro implicado en los sobornos de García Luna, decidió avisar: “Blindan camino del aguacate al Superbowl”.

Para saber la verdad hay que preguntarse por qué Calderón ordenaba a los gobernadores proteger al Chapo Guzmán. La lógica de la legitimación política por medio de la guerra interna es inoperante ya para 2008. Queda entonces el dinero. Lo que hasta ahora entendemos es que la relación entre los servidores públicos y los narcotraficantes era para financiar las campañas a cambio de alquilarles los puestos de seguridad pública. Que se intercambiaba dinero para lavarlo. Que una parte de él iba a los medios de comunicación, como El Universal, que otra parte era para fundar empresas fachada que vendían, por ejemplo, cámaras de vigilancia a los penales, como fue el caso del dueño de El Financiero. Que se aceptaba dinero para enriquecerse sin ser detectados a cambio de darle a los delincuentes información de operativos que todavía no ocurrían. Más que la simulación, la verdad de Calderón es el dinero.

Hay otros dos explicaciones posibles de la complicidad entre los gobiernos PRIANistas y el crimen organizado. Una es ideológica, la otra económica. Alrededor de Felipe Calderón se agrupó una corriente ideológica militarista. Me refiero a las organizaciones contra la delincuencia y contra el secuestro encabezadas por Isabel Miranda de Wallace, cuyo cuñado trabaja hoy para la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña; María Elena Morera de la “sociedad civil” de Claudio X. González o el mismo Alejandro Martí. Comunicadores y medios como Milenio, Imagen, Reforma, Excélsior, El Universal, El Heraldo y El Financiero. La ideología militarista de Calderón parte de dos ideas: que la seguridad pública es la única labor legítima del Estado mexicano porque de eso depende la inversión privada, la generación de empleos y el crecimiento económico; la otra idea es que la seguridad se logra matando a una parte de la población que se considera “mala”. Estas dos ideas se trenzan en que la solución militar era “necesaria”, que no había de otra, y que iba a ser larga, sangrienta doloroso. Que, como dijo el entonces procurador, hoy prófugo, Eduardo Medina Mora el 29 de mayo de 2008: “La guerra contra la delincuencia se está ganando, aunque no lo parezca”. El resultado fue un amasijo de delitos e impunidades: si los secuestros en 2006 eran 4 mil 307, para el final del sexenio calderonista eran 27 mil 374; si para 2006 los homicidios eran 10 mil, en 2012 eran 26 mil; pero el 80 por ciento de ellos sucedieron sólo en 162 municipios.

No es cierto que la guerra afectó a todos por igual. Si revisamos los datos de desplazamiento forzado, es decir, de los dos millones de personas que se vieron obligadas a salir de sus zonas de residencia rumbo a otros estados o países, descubrimos el horror en los municipios más apartados, pobres, en comunidades indígenas, agrícolas: más de 254 mil desplazados en Chihuahua sólo de la sierra, sin sumar los más de 100 mil de Ciudad Juárez; 185 mil en Coahuila, de los municipios más pobres como Múzquiz y Frontera; 21 mil de Michoacán de municipios como Aguililla o Zacapu; 208 mil en Sinaloa, de Choix y Mocorito; 34 mil en Tamaulipas; 50 mil en Chiapas, de los municipios en la frontera con Guatemala. Estas 850 mil personas, tan sólo de seis estados de la república, vivieron el país del miedo, tomaron la decisión de huir, abandonaron sus casas, se encontraron a la mitad de las carreteras sin saber a dónde llegar. Tan sólo un dato de este drama: hay 8 millones 669 mil casas abandonadas, es decir, el 20 por ciento del total. Esa y no otra es la sustancia de vivir con miedo: los pueblos fantasma, las tierras dejadas. El otro dato es que, al cabo de la guerra de Calderón, había 150 mil niños que se habían vuelto huérfanos. Sin decirlo explícitamente, pero comprobable en los hechos, la parte que el militarismo calderonista quería ejecutar para que el resto viviera en paz, eran los pobres, los habitantes de los municipios más precarios del país. En ese sentido es que la guerra de Calderón es una de tipo racial y económica. Busca una solución burocrático-militar que hace de regiones enteras del país un terreno de guerra o, como se decía en el lenguaje militarista, “operativos conjuntos”. Es decir, provocaron que millones de personas huyeran del terror. Eso facilitó que los criminales tomaran tierras para sembrar amapola o que las mineras canadienses pudieran explotar el subsuelo sin tener que indemnizar a los ejidatarios. No hay que olvidar a la tropa del ejército que desertó en números escandalosos: 114 mil con Vicente Fox y 90 mil con Calderón, de los cuales mil 680 eran de fuerzas especiales, es decir, altamente calificados. Y, mientras los pobres huían de sus comunidades y la tropa desertaba, el gobierno de Calderón y García Luna nunca tocaron los flujos financieros de los narcos ni sus propiedades patrimoniales. Así que no hay razón que sostenga que la guerra fue igual para todos.

Y aquí viene, entonces, el carácter económico de la guerra de Calderón. Generar el caos en ciertos municipios del país para preparar a sus habitantes para cualquier cosa: huir, morir, ser secuestrados o “levantados” como suavizaban los medios de comunicación en aquellos años de la auto-censura. Todo ayudó al regreso del PRI que, con Peña Nieto, se suponía que pacificaría al país como lo había hecho en las décadas de la guerra sucia contra la izquierda. En su guerra, Calderón gastó el equivalente a los presupuestos anuales de Salud, Medio Ambiente, y Desarrollo Social; en seis años gastó mil 800 millones de pesos, sólo en financiar a la Secretaría de García Luna, la Defensa de Galván Galván, la Procuraduría de Medina Mora, Arturo Chávez Chávez, y Marisela Morales, y a la Marina de Mariano Saynez. Sin duda, el gran negocio de la guerra fue a parar a la industria armamentista norteamericana pero también enriqueció como nunca a la burocracia de los “operativos conjuntos” con dinero del Departamento de Estado de los Estados Unidos en su Plan Mérida y sus fallidas operaciones como Rápido y Furioso.

Así, al final la verdad sobre Calderón es mucho más terrible que las ansias por legitimarse una vez consumado el fraude electoral de 2006. Una parte de la estructura del poder en México, llámense políticos, funcionarios, delincuentes, medios de comunicación, industrias de armas, mineras, o inmobiliarias fueron beneficiadas con esta guerra. Puso en un alto cargo público que gastó el equivalente al 30 por ciento de la fortuna de Carlos Slim al ex espía político del CISEN, Genaro García Luna. Mandó decir que el Chapo no se toca. Hizo crecer territorialmente al Cartel de Sinaloa y lo convirtió en una empresa transnacional. Así la verdad sobre Calderón.

Al final, no eran los criminales los que le tenían miedo, sino los pobres de esta país.

Fabrizio Mejía Madrid

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Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.

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