#MetaDatos | La creación de un registro único y centralizado con los datos biométricos de los mexicanos –huellas dactilares, reconocimiento facial y de iris, entre otros– es una medida que los gobiernos de las últimas dos décadas han promovido bajo diferentes argumentos sin lograr consolidarlo, en un contexto de vacíos legales y vulnerabilidades en cuanto ciberseguridad, así como exceso de vigilancia, critican.
De acuerdo con la Red en defensa de los derechos digitales (R3D), el Gobierno mexicano necesita explicar qué resolvería el registro único vinculado al Registro Nacional de Población (Renapo) y qué garantías ofrece a la ciudadanía.
Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).– La creación de un sistema centralizado, masivo y obligatorio con los datos biométricos de 30 millones de mexicanos –vinculado al Registro Nacional de Población (Renapo)– es un proyecto neoliberal al que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador estaría dando continuidad de manera contradictoria y sin contemplar los riesgos que implica, afirma Luis Fernando García, director ejecutivo de la Red en defensa de los derechos digitales (R3D).
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de datos personales (INAI) define a los datos biométricos como “propiedades físicas, fisiológicas, de comportamiento o rasgos de la personalidad, atribuibles a una sola persona” que son universales, permanentes, únicos y medibles, estos datos permiten la identificación en algunos casos por si misma a partir de un registro, pero en otros requiere de un procesamiento adicional. La concentración de estos datos en un solo registro facilita la identificación de las personas pero conlleva riesgos de acuerdo con especialistas.
DÉCADAS DE ATRASO
La recolección de datos biométricos para la creación de un registro único de identificación ha cambiado de discurso y de nombre durante la actual administración, pero en sustancia es el mismo proyecto que intentó iniciar el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, y que su homólogo Enrique Peña Nieto trató de continuar sin éxito en medio de vacíos legales y sin presentar una propuesta alterna para reforzar las medidas de resguardo y tratamiento de los datos.
Entre 2006 y 2012, en el Gobierno de Felipe Calderón se introdujo el concepto de “identidad biométrica” y se promovió la creación de un documento único de identificación llamado Cédula de Identidad Ciudadana (CEDI), mismo que no se logró concluir.
La CEDI funcionaría de manera conjunta con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE), para garantizar la identidad jurídica de los ciudadanos. Ya desde 2009, el registro contemplaba la recolección de huellas dactilares, rostro e iris. Pero además de la identificación de los ciudadanos, estaba orientado a la mejora de los accesos a los programas sociales.
“Se trata de que sea una llave que abre las puertas a la información relevante de cada quien frente a quienes le prestan servicios. como el sistema de salud a los asegurados, o el sistema de apoyo sociales a los (beneficiarios) de Oportunidades y 70 y más, entre otros”, afirmó en el 2009 Felipe Calderón.
El tema fue retomado durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, esta vez con la intención de garantizar el acceso a los servicios sociales. Bajo el argumento de que “México no tiene resuelto su problema de identidad” y de que este era posiblemente el único país del G-20 con esta problemática, José Antonio Meade Kuribreña, ex Secretario de Hacienda y Crédito Público, propuso la creación de un sistema único a partir de datos biométricos, no solo para eliminar las duplicidades en los sistemas como la CURP, sino para mejorar la atención a la ciudadanía.
“Por lo que debiéramos de resolver el problema de identidad y, en consecuencia, de tener un padrón único, no para evitar duplicidades, un padrón único para asegurar una adecuada atención (a los beneficiarios de los programas sociales)”, afirmó a los medios Meade Kuribreña.
El proyecto se impulsó en el marco de las tensiones surgidas a raíz del caso Ayotzinapa, y a partir del que el propio Enrique Peña Nieto se comprometió a impulsar la creación de una Clave Única de Identidad como una medida desesperada para fortalecer el estado de derecho. Esto tampoco se llevó a cabo.
DATOS VULNERABLES
Lejos de que Calderón y Peña Nieto consolidaran el registro único de datos biométricos, durante sus sexenios se tuvieron pocos avances en esta materia, y de manera simultánea los problemas que padecían los registros ya existentes se acentuaron. De acuerdo con una investigación de la Unidad de Datos de SinEmbargo, meses antes de que concluyera la administración de Peña Nieto, existían discordancias importantes en el registro de la CURP que contaba en ese entonces con un sobreregistro por 46.4 por ciento con respecto a los datos del Consejo Nacional de Población (Conapo).
Los problemas en los registros no estuvieron exentos de derroches presupuestarios. En tanto que casi la mitad de la población mexicana contaba con CURP duplicada, la Secretaría de Gobernación –bajo la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong– invirtió más de mil millones de pesos en el mantenimiento de las bases de datos de la CURP. A esto se sumó un problema con los datos biométricos en poder del INE, ya que en octubre de 2018 el instituto informó que habría solicitado la colaboración de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Cibernética, debido a que detectaron que el padrón electoral habría sido puesto en venta, luego de que los mecanismos de seguridad en el resguardo de estos datos habrían sido vulnerados.
Desde el arranque del proyecto de registro único de datos biométricos existe una contradicción en cuanto a su justificación con fines identificatorios ya que, de acuerdo con Luis Fernando García, mientras que algunos mexicanos no cuentan con CURP o acta de nacimiento, otra gran cantidad de mexicanos se encuentran sobreidentificados y cuentan con más de un documento de identidad. En tanto que los Gobiernos nunca han sido claros acerca de qué problema resolvería realmente la creación de un registro único.
“Una vez que el Gobierno mexicano decida qué problema está tratando de resolver, podríamos evaluar si la construcción de una base de datos que están proponiendo es razonable, pero no parece ser el caso,” afirmó el director de R3D.
LA 4T NO EXPLICA QUÉ RESOLVERÁ
El Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) ha resignificado la motivación del proyecto que Calderón y Peña promovieron con fines identificatorios y para garantizar el acceso a los programas sociales. Desde octubre de 2019, el proyecto ha recibido el nombre de Proyecto de Identidad Fundacional y de acuerdo con Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), busca garantizar el derecho a la identidad, lo que le añade una dimensión con perspectiva centrada en los derechos humanos.
La reinterpretación del registro de datos biométricos como un derecho a la identidad, surge en un contexto de crisis forense, acentuada por la cifra de desaparecidos y personas no identificadas en las morgues de todo el país. La generación de un registro biométrico en estos momentos facilitaría el trabajo de identificación post-mortem. Pero en este caso se trataría de una medida reactiva ante una crisis que va más allá de mejorar los mecanismos de identidad con los que ya cuentan los ciudadanos con fines burocráticos. El Gobierno mexicano todavía si este es el verdadero propósito.
Tampoco aclara a la ciudadanía la metodología por la que obtendrá los registros biométricos. Además de la vía mediante la incorporación de los datos ya existentes en el INE y otros organismos como instituciones bancarias y otros, hay una propuesta para recolectarlos de manera directa por parte del Gobierno federal.
De acuerdo con una investigación realizada por El Universal, el Gobierno de la 4T estaría buscando generar el registro único de datos biométricos, en un proyecto alterno que implica la adquisición por parte de la Segob de software especializado. De acuerdo con el rotativo, los documentos relativos a este proyecto han sido reservados hasta el 2024.Con el objetivo de prevenir el robo de identidad recolectaría tres tipos de datos biométricos que se vincularían a la CURP y el Renapo.
PAÍSES DESARROLLADOS LOS EVITAN
La tendencia global apunta a que los países desarrollados evitan la creación de estos registros únicos y centralizados de datos biométricos. De acuerdo con Luis Fernando García, su creación presenta vulnerabilidades y costos que ya han resultado contraproducentes en otros países donde se han aplicado por lo que el Gobierno de México tendría que garantizar antes que las bases de datos no serían vulneradas como ya ha ocurrido con anterioridad.
“Los datos biométricos son datos que una vez comprometidos afectan de manera permanente a las personas vulnerables. Si en este caso se llega a perder la base de datos biométricos se pone en riesgo la identidad, seguridad y privacidad de más de 30 millones de personas. Es un riesgo muy grave porque ya en otros países han habido alteraciones de datos personales y datos biométricos en muchos países, en Estados Unidos, en Corea, en Libia y en México tenemos un historial de que las bases de datos del Gobierno han sido vulneradas,” afirmó el abogado.
Además de los riesgos cibernéticos, también existe un riesgo latente de sobreexposición a prácticas de vigilancia y control social que han sido expuestos por Luis Fernando García.
“Está un riesgo latente importantísimo y muy grave en cuanto a la vigilancia y el control social. La única razón por la que a nosotros se nos ocurre que al Gobierno construya una base de datos obligatoria, centralizada que se incluyan todos los datos de los mexicanos con datos biométricos es porque pretenden que este método de investigación sustituya a cualquier otro y que empiece a ser requisito para el acceso a una serie de servicios tanto públicos como privados. Generaría un registro de la actividad de cada una de las personas juntar todas las bases de datos de la actividad de una persona.
“Hay qué preguntarse por qué hay otros países que no tienen este sistema Reino Unido no tiene un sistema así Canadá, el propio Estados Unidos no tiene un sistema y lo ha rechazado el público, lo ha rechazado políticos y lo han rechazado sociedades por los costos, por los riesgos y por la falta de necesidad de hacer esto”, sostuvo García.
El registro único en el contexto actual requeriría una actualización de la Ley en esta materia ya que la recolección de este tipo de datos, amparada por la Ley mexicana desde el año 1992, se encuentra desactualizada y no garantiza la protección de los derechos de los ciudadanos en el contexto actual debido a los avances tecnológicos en cuanto a la recolección, procesamiento y tratamiento en general de los datos biométricos, según Luis Fernando García.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador intenta concluir el proyecto que lleva décadas de atraso, pero adelantándose a las reformas necesarias en la materia, un motivo por el que el INE se ha amparado para entregar la base de datos biométricos solicitada este mes por la Secretaría de Gobernación con el fin de crear el registro único, lo que ha obstaculizado la operación.
