La negativa a ratificar como Fiscal a Ernestina Godoy evidencia una alta dosis de venganza política y también un error al creer en la posibilidad de interrumpir procesos abiertos donde algunos de sus integrantes están involucrados.

En la autocelebración, tan descuidada como la práctica que llevó a la extorsión por permisos para construir, departamentos a cambio de permisos, contratos de empresas amigas de panistas a cambio de autorizaciones, pueden PAN y PRI perder de vista el impulso involuntario dado ahora al espíritu de cuerpo no solamente de Morena sino del mayoritario segmento ciudadano constitutivo de su soporte social.

Morena estableció un principio como regla: mientras mantengamos un control abrumadoramente mayoritario tenemos derecho a decidir. En el caso del nombramiento y ratificación de la o el titular de la FGJ aquel se ha convertido, con este episodio, en uno de los temas a reflexionar y revisar.

Con esa autoimpuesta y durísima regla habrán ahora de lidiar opositores y mayoría.

La decisión legislativa debió estar fundamentada y el futuro deberá estarlo, únicamente, en la búsqueda del beneficio colectivo y el respaldo a un proceso en ascenso para la transformación del Ministerio Público y la Policía de Investigación, ordenado, disciplinado y con espíritu de cuerpo.

Reclutamiento, capacitación, dignidad profesional, capacidades investigativas al centro de todo proceso penal podrían perder momentum por la negativa a ratificar a Godoy. O simplemente se mantendrán si, como es de preverse, quedarán integrantes de un mismo equipo el cual no dejará su espacio a otro u otra fiscal, sino hasta que el mismo Congreso, con todas las dificultades previsibles, acuerde un nuevo nombramiento.

El error de los diputados del PAN y del PRI ha sido creer que la ausencia de la primera mujer fiscal en la capital nacional implicará el carpetazo a las investigaciones ante procesos extorsivos inmobiliarios en la alcaldía Benito Juárez o frente a las indagatorias por Trata de Personas contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, expresidente priista en la CDMX.

En el caso de los fraudes inmobiliarios, la devolución de cinco departamentos valuados en 80 millones de pesos por parte de exfuncionarios involucrados es un reconocimiento del ilícito cometido.

A diferencia de la administración anterior, Godoy trabajó para erradicar viejas prácticas como el maquillaje descarado de cifras de incidencia delictiva o la llamada “imaginaria”, consistente en desalentar a las víctimas para denunciar o, algo todavía más grave, clasificar los delitos en una categoría menor en la cual los feminicidios se convertían en suicidios.

El trabajo de Godoy se integró en una coordinación plena con la política de seguridad diseñada y desplegada en la CDMX por Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno y continuada por Martí Batres.

La ciudadanía reconoce los avances y también sabe distinguir la vendetta de la oposición.

Salvador Guerrero Chiprés

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Salvador Guerrero Chiprés es coordinador general del C5, ex presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

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