Ciudad de Mexico, 9 de enero (SinEmbargo).– El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Ángel Gurría Treviño, dio a conocer las recomendaciones en materia económica para que México potencialice y acelere su crecimiento económico, donde destacan la correcta implementación del paquete de reformas estructurales, la eliminación de la informalidad, la corrección de la desigualdad y la necesaria recuperación del Estado de Derecho. Sin embargo, agregó, advierte debido a la realidad cambiante del país, podría ser necesaria una segunda ronda de reformas para reafirmar y asegurar los resultados de la primera.
En el marco de la presentación de los Estudios económicos de la OCDE México 2015, José Ángel Gurría Treviño, titular de la OCDE, expresó las sugerencias en materia económica que México debe de seguir si en los próximos años pretende levantar el deficiente crecimiento económico que ha mantenido en promedio durante los últimos años.
De antemano, Gurría Treviño hizo un reconocimiento al gobierno mexicano por haber impulsado “el paquete de reformas más ambicioso y extenso de cualquier país de la OCDE y del mundo. La profundidad y congruencia de las reformas hace que sea un paquete único en el mundo”.
Estimó que en tan sólo dos años –desde las últimas recomendaciones de la organización–, el gobierno registró avances en dos tercios de ellas, lo que dijo muestra un nivel único de organización. Por ello, afirmó, de seguir así, “las reformas tras la ingeniería política del Pacto Por México, de ser implementadas correctamente se podrá incrementar en un punto porcentual adicional cada año en los próximos años”.
Además expuso que de crear sinergia entre cada una de las reformas se podría alcanzar un crecimiento un crecimiento hasta del 2 por ciento anual adicional.
“Las medidas adicionales que se tomen, en los próximos 5 años se podrá tener un crecimiento acumulado de 2 por ciento. Esta es la medida de la ambición y del tamaño del reto y de lo que se requiere para que tengan éxito y el impacto más importante”, aseguró.
El estudio plantea que con las reformas constitucionales y las leyes secundarias el impacto de su implementación se estima un crecimiento que podría incrementarse en un 2 por ciento del PIB en 2018, o alrededor de 0.5 al año.
De igual manera, en su Artículo IV sobre México para 2014, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que lo efectos de las reformas podrían incrementar el crecimiento en cerca de 0.75 por ciento del PIB durante la próxima década.
En este sentido se destacó que se requiere dar un seguimiento riguroso de su aplicación, “porque no siempre le atina a uno a la primera. El entorno cambia y hay que hacer ajustes a las políticas públicas”. Por lo tanto, consideró necesario “promover una segunda ola de derecho, mejorar la capacidad administrativa de gobierno, en especial en los estatales y municipales, reducir la informalidad y el combate a la corrupción”.
CORRUPCIÓN, ESTADO DE DERECHO E INFORMALIDAD
De acuerdo con el representante de la OCDE, México actualmente “tiene una baja calificación en términos del Estado de Derecho entre los países de economías emergentes, comparables a los de Rusia”, afirmó.
Ante esto destacó la importancia de que las instituciones gubernamentales se acerquen a las mejores practicas en materia de rendición de cuentas y transparencia, ya que también México ha sido uno de los países con niveles más altos sobre percepción de la corrupción.
De acuerdo con el estudio, el Índice de Percepción de la Corrupción clasifica los países y territorios con base en qué tan corrupto se percibe su sector público; en este sentido México se encuentra en el número 60 en el mundo.
“Esta ambiciosa agenda hace de México un ejemplo a seguir por parte de otros países que necesitan reformarse. Sin embargo, la efectiva y total implementación es fundamental y requiere una acción concertada de todos los niveles de gobierno. Requiere también de instituciones sólidas que hagan cumplir las leyes y regulaciones, combatan la corrupción, y doten de niveles adecuados de seguridad para la ciudadanía”, destacó José Angel Gurría.
De igual manera, se resaltó la vinculación que existe entre el actual problema de corrupción e informalidad, cuya resolución consiste en que se mejore la transparencia principalmente en el sistema de justicia mexicano, pues su falta de atención representa un impacto económico importante.
La falta de transparencia “tiende a reducir el tamaño promedio de intensidad de capital de las empresas. El nivel de transparencia en el sector publico a nivel estatal está vinculado al nivel de la informalidad. Se necesita mejorar la eficiencia de tribunales, la claridad y la transparencia de procesos administrativos para el combate a corrupción”, dijo el Secretario General de la OCDE.
De acuerdo con datos proporcionados por Gurría Treviño, la informalidad el año pasado disminuyó de 60 por ciento a 56 por ciento. Sin embargo, afirmó que deje de crecer todavía implica su presencia.
“Es uno de los grandes retos y es un tema crucial, ya que disminuye el impacto de las reformas, no fomenta la competitividad y detiene el crecimiento económico del país” dijo.
En años recientes, la proporción del empleo informal ha aumentado cerca de dos terceras partes de los estados del país, con una variación de entre 80 por ciento en uno de los estados más pobres a 45 por ciento en uno de los más ricos, expone el estudio.
DESIGUALDAD, POBREZA Y EDUCACIÓN
La OCDE presenta también recomendaciones detalladas para aumentar el carácter incluyente del crecimiento de México, mediante la reducción de la desigualdad del ingreso y de las oportunidades, el combate a la pobreza y el fomento de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Dichas recomendaciones incluyen reformas adicionales en el área de educación, promoción del acceso a servicios de asistencia médica y cuidado infantil de calidad, nuevos sistemas de seguro de desempleo y pensión universal, así como la puesta en marcha en su totalidad del programa de transferencias de efectivo PROSPERA.
La desigualdad y la pobreza es un lastre para el desarrollo económico, tanto a nivel América Latina y nacional la desigualdad está más pronunciada y la diferencia entre ricos y pobres es más marcada. Por lo tanto, la reducción de pobreza extrema y desigualdad son uno de los retos más grandes que enfrenta México, y aunque es un fenómeno que pasa en el mundo entero, es 25 o 30 veces más marcada que en otros países más igualitarios cuya brecha es de 2 a 3 veces mayor.
Durante el periodo 2007 y 2010, el país registró una reducción acumulada del 5 por ciento en el ingreso real disponible de los hogares, una de las caídas más pronunciadas de los países de la OCDE. Además, México tiene una de las tasas más elevadas de pobreza en la vejez, ya que cerca del 66 por ciento toral de la población de más de 65 años, es decir 8.6 millones de mexicanos, no tiene acceso a pensión y 4 millones viven en situación de pobreza.
“Los niveles de inseguridad y tensión social están relacionados con esto. Las desigualdades restaron 10 puntos porcentuales acumulados desde 1990 al 2010, por lo que el Producto Interno Bruto podría ser 10 por ciento adicional si no se hubiera tenido este grado de desigualdad”, dijo el Secretario General de la OCDE.
Y agregó que esto “no es un asunto moral, ético, político o social nada más, es todo esto; pero además es un problema que impide el crecimiento. Con el objeto de acelerar el crecimiento, nada mas, se necesita reforzar el sistema de seguridad social”.
La reducción de la desigualdad del ingreso además de ayudar al bienestar también apoya el crecimiento económico. “Es necesario que los beneficios del crecimiento económico sean compartidos por el grueso de la población y no se concentre entre unos pocos. El proceso de reforma tiene que ayudar a disminuir la lacerante desigualdad y garantizar que todos los mexicanos gocen de la oportunidad de tener éxito”, explicó Gurría Treviño.
Por último se destacó la necesidad de crear el seguro de desempleo y de pensiones, para mejorar la calidad de vida de las personas, así como hacer mayor hincapié en la reforma educativa.
De acuerdo con el estudio de la OCDE, las tasas de graduación en México de la educación media superior se incrementaron en 14 puntos porcentuales entre 2000 y 2012, sin embargo sólo 47 por ciento de los estudiantes se gradúa, en parte debido a que las tasas de deserción escolar son aún muy altas.
“[El programa social] PROSPERA incluye todo lo de OPORTUNIDADES pero también becas, sin embargo se necesita más eficiencia en la educación. Estamos en niveles donde el grado de finalización o de éxito es la mitad o menos. No terminan los muchachos. Comienzan la secundaria y menos de la mitad acaban y cada vez más hay más deserción escolar conforme avanzan el nivel. Esto es un desperdicio de los recursos de la sociedad entera”, concluyó.
Se estima que con las reformas sociales en México, como pensiones y seguro de desempleo, se incrementará el gasto público, cuyo gasto anual federal aumentará 0.3 y 0.05 por ciento del PIB respectivamente, para el periodo 2014-2018.
RECORTE AL GASTO PÚBLICO
Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que una de las prioridades de la actual administración es mantener la estabilidad macroeconómica del país ante la depreciación del petróleo y el cambio de la política monetaria de Estados Unidos por lo que, adelantó, de seguir este ambiente habrá la necesidad de hacer un ajuste o reducción al gasto público.
En el marco de la presentación de las recomendaciones de la estudios económicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el funcionario federal expuso que la instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto es que si se mantienen las actuales condiciones habrá un ajuste pero “no se elevarán los impuestos”.
“En este entorno, nuestra prioridad debe ser mantener la disciplina de la política macroeconómica para asegurar la estabilidad, específicamente en la política fiscal, donde la decisión del Presidente de la República es que cualquier necesidad de ajuste por una disminución de los ingresos habrá de acomodarse reduciendo el gasto público; es decir, no habrá un incremento en el déficit público, por el contrario: el objetivo este año será mantener la promesa de no elevar impuestos”, comentó Videgaray Caso en el evento que encabezó el presidente de la OCDE, José Ángel Gurría.
El encargado de la finanzas públicas del país dijo que existen las condiciones para que 2015 sea “el año de arranque” para la implementación de las reformas estructurales. También destacó que cada una de las reformas aprobadas por el Congreso debe ser correctamente implementada para que “esta acción se note en los bolsillo de la gente” y “que pase de la tribuna legislativa a la economía familiar”.
Videgaray aseguró que esto ya se dio con la eliminación del cobro de las llamadas a larga distancia, en la disminución de las tarifas eléctricas y con el fin de los aumentos mensuales a las gasolinas. “Y que no quepa duda: el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se mantendrá por este camino que le ha rendido frutos, y buenos frutos, a la economía mexicana desde hace 20 años”, expresó en la presentación del Estudio Económico de México 2015, elaborado por la OCDE.