La historia contemporánea nos ha demostrado que las sociedades autoritarias han fracasado y las que han logrado construir instituciones democráticas, es decir, instituciones que, entre otras cosas, permiten enfrentar a quienes detentan el poder cuando estos están haciendo un abuso de ese poder para su propio beneficio, han sido sociedades más exitosas.
La crisis global que enfrentamos, desde su expresión financiera hasta la ambiental, no es mas que la expresión de la falta de instituciones lo suficientemente fuertes para regular los poderes que han llevado a estas crisis: regular a los bancos y las instituciones financieras, regular a las empresas petroleras y sus aliadas para que no influyan y determinen las decisiones en los congresos, en especial, de los republicanos en los Estados Unidos. Así como hemos visto las consecuencias económicas devastadoras a escala mundial de la falta de regulaciones en el mundo financiero y el avance acelerado del cambio climático por falta de acuerdos internacionales, así hemos visto avanzar la epidemia global de obesidad y sus consecuencias en salud provocada por la falta de regulaciones a la industria de alimentos y bebidas.
Así como el poder financiero impulsó una serie de desregulaciones durante el gobierno de Ronald Reagan, también lo hizo la industria de alimentos y bebidas, por ejemplo, al quitarle facultades a la Federal Trade Commission cuando se propuso regular la publicidad de alimentos que se dirige a los niños y que representa un riesgo para la salud.
La creciente concentración de empresas ha sido posible gracias al debilitamiento de las regulaciones anticompetitivas, en especial las leyes antimonopólicas que existían en los Estados Unidos. Esta creciente concentración les ha dado más poder para bloquear regulaciones que son urgentes Este es el caso de un grupo reducido de empresas de alimentos y bebidas que está controlando gran parte de la alimentación y la hidratación de la población mundial a la vez que está generando una epidemia de obesidad también global.
Este modelo de alimentación se ha impuesto sobre la destrucción de las dietas tradicionales. Se enajena el conocimiento cultural y es sustituido por una alimentación altamente industrializada basada en el diseño y comercialización de productos especializados en la deformación del gusto de los consumidores. La deformación del gusto inicia desde temprana edad con la comercialización y publicidad invasiva de alimentos y bebidas con altos contenidos de azúcar, grasas y sal. Así es como se deforma el gusto de los niños pequeños que al consumir estos productos ya no encuentran el gusto por los vegetales y, en muchos casos, por las propias frutas, desconocen el sabor de los cereales integrales y pierden el hábito de hidratarse con agua.
La epidemia se ha desarrollado por un ambiente obesigénico que encuentra su máxima expresión en México. En nuestro país la mayoría de los niños no son amamantados por sus madres. Este fenómeno no sólo provoca un deterioro en el gusto del bebé al sustituir la leche materna por leche de fórmula, también aumenta el riesgo de obesidad, diabetes, muerte prematura y un sin fin de enfermedades para los individuos que no han sido amamantados.
Antes de hablar, el bebé ya identifica las marcas de la comida chatarra y sus personajes gracias a la publicidad que ha invadido su espacio, la misma publicidad que deforma sus gustos y que unos años más tarde lo incita no sólo a demandar la compra del producto sino a “fastidiar” para obtenerlo. Generar el “fastidio” de los niños para la compra del producto, lo que los publicistas llaman “el Nag Factor”, es un logro de las empresas. El logro es ponerlos en contra de los padres y que consuman un producto que no es saludable, que les deformara el gusto y los volverá adictos a ese tipo de “alimentos”.
Por su parte, los padres, sumidos en un analfabetismo alimentario, son engañados tanto por la publicidad como por las propias etiquetas. En un país que es centro de origen de uno de los cereales con mayor nivel proteínico, el amaranto, al pedirle a las madres de familia que mencionen un cereal, en muchos casos, señalan a las Zucaritas o los Choco Krispis. Estos productos no sólo no contienen las propiedades de un cereal integral, contienen entre una cuarta y tercera parte de su peso de azúcar refinada. Las etiquetas de estos productos les dicen a los padres que están adicionados con vitaminas y minerales, no les advierten la cantidad de azúcar que contienen, ni la ausencia de fibra. No se informa al consumidor que están elaborados con harina refinada y con una mezcla de colorantes artificiales, como los Choco Krispis. De igual manera, los padres de familia consideran que un jugo industrializado o un yogurt publicitado para niños son una opción saludable porque así se los insinúa la publicidad y el etiquetado.
En una sociedad democrática estas situaciones no deberían de existir ya que en ella es prioritario defender los derechos humanos, en especial, de los sectores más vulnerables, como los niños. En una sociedad democrática se establece y protege el derecho a la salud y para ello es básico que los ciudadanos tengan acceso a información veraz sobre la calidad de los alimentos. En varias naciones esto ha significado la prohibición de la publicidad de comida chatarra dirigida a la infancia y el desarrollo de etiquetados que den información veraz a los consumidores.
Las grandes empresas procesadoras de alimentos y bebidas se han aliado para oponerse a estas regulaciones como lo hicieron contra los lineamientos para los alimentos y las bebidas en las escuelas en nuestro país. Y no sólo se alían las empresas procesadoras de alimentos, se suman a ellas las demás empresas que se niegan a que el interés público prevalezca sobre el suyo. El propio Consejo Coordinador Empresarial se ha opuesto a que se regulen los alimentos en las escuelas, que se regule la publicidad, a que se establezca un impuesto a los refrescos, que podría reducir su consumo y, principalmente, dar recursos para introducir filtros y bebederos de agua en todas las escuelas y atender los daños provocados por la epidemia de obesidad. Estas agrupaciones atentan contra los derechos humanos y tienen una responsabilidad en la situación que se genera por la falta de este tipo de regulaciones que ellas combaten.
México ha fracasado por la falta de instituciones democráticas que nos permitan poner por encima del interés de los poderes fácticos, los intereses generales de la población. En el caso de la salud, esta situación se ha traducido, entre otras cosas, en que: seamos los mayores consumidores de refrescos; que los niños de nuestro país sean los que menos están siendo amamantados; que la población no tenga acceso a agua potable ni en las escuelas, ni en el trabajo, ni en los espacios comerciales, ni en los espacios públicos; que presentemos los mayores índices de sobrepeso y obesidad; que medio millón de personas hayan muerto en el último sexenio.
El gobierno que encabeza EPN está en la disyuntiva entre iniciar el combate al mayor problema de salud pública del país a través de las regulaciones que se recomiendan y aplican internacionalmente o flotar de “vivito” mientras los muertos y enfermos aumentan alrededor y el sistema de salud pública termina por colapsarse: entre el ejercicio de la democracia o seguir dejando la alimentación en manos de los intereses fácticos.
