Daños ambientales, violación a los derechos de los pueblos indígenas y el incremento de violencia son algunas de los aspectos que la construcción de Santa Lucía y del Corredor Interoceánico traería para comunidades en Oaxaca, Veracruz y el Estado de México, de acuerdo con organizaciones comunitarias.
Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- De concretarse la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de México, y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec , dos de los principales proyectos impulsados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, generarían daños ambientales y violaciones a los derechos humanos de comunidades, principalmente indígenas, alertaron personas defensoras.
Comunidades de los estados donde impactarán directamente dichos proyectos mantienen organizaciones que se oponen a ellos y coinciden en la indiferencia de los gobiernos estatales y del federal para escuchar sus demandas, además, aseguran que desde el inicio del sexenio autoridades han impulsado consultas que violan las formas de organización y la libre autodeterminación de los pueblos indígenas por no ser libres e informadas, como los establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.
En el caso del aeropuerto en Santa Lucía, el Jefe del Ejecutivo ha argumentado que los pueblos lo aprueban, aunque sólo se consultó a una de las comunidades de las aproximadamente 20 que rodean la zona. “Se llevó a cabo una consulta de los pueblos de los alrededores de Santa Lucía, ¿qué creen? La gente aprobó el proyecto. Es una muy buena noticia”, festejó el mandatario el pasado 29 de abril al dar el banderazo a los estudios técnicos para la obra en una ceremonia.
Previo a ese a anuncio, solo la comunidad de Xaltocan, ubicada en Nextlalpan, había sido consultada por ser la más cercana a la Base Aérea. “[Xaltocan] es de las más cercanas al aeropuerto, sin embargo más comunidades deben ser consultadas porque no representan ni al 5 por ciento de la población necesario para poder aprobar un proyecto de esta magnitud”, aseguró Nancy Rodea, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, en entrevista con SinEmbargo.
Algo similar ocurre para impulsar el Corredor Interoceánico, o Transístmico, en el Istmo de Tehuantepec, cuyo trazo contempla ir de Salinas Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz. Mario Quintero , integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Defensa de la Tierra y el Territorio, explicó a este diario digital que casi 80 municipios de dichos estados donde habitan más de 11 pueblos indígenas se verán afectados.
“Autoridades han hecho una serie de consultas que son violatorias a las formas de organización y la libre autodeterminación de los pueblos, consultas de un día con las que quieren consultar a regiones enteras de pueblos, pero están manipuladas, incluso llevan acarreados, pero están teniendo legitimidad para el Gobierno federal”, acusó el defensor.
Y es que las consultas realizadas en ejidos de Istmo el 30 y 31 de marzo de este año fueron cuestionadas por organizaciones civiles, por el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional por detectar presiones de parte de autoridades para que las y los pobladores votaran a favor, además de ser sesgadas porque, en sesiones de pocos minutos, se informó a la ciudadanía sobre los beneficios económicos, pero no de las afectaciones ambientales que implicaría el proyecto.
SANTA LUCÍA, LOS DAÑOS
La preocupación principal de las comunidades organizadas en el Frente de Pueblos Originarios en Defensa del Agua es el impacto ambiental que el Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía traerá para los y las habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México, ya que requeriría de 6 millones de litros de agua al día, aproximadamente 70 litros por segundo, de la Cuenca del Valle de México, que abastece a los capitalinos.
“El problema principal es el agua, hasta ahora no se ha hecho una Manifestación de Impacto Ambiental específica para la versión final del proyecto”, indicó Nancy Rodea, y recordó que los pozos que se usarían para la construcción del aeropuerto están bajo la cuenca del Acuífero de Cuautitlán-Pachuca, aunque estos “ya han sido declarados en veda por la Conagua desde 1950, porque están en una sobreexplotación del 800 por ciento, es decir que se extrae ocho veces más el agua de la que entra al acuífero”.
Las demandas medioambientales, aseguró la defensora, son invisibilizadas por autoridades, incluso desde el discurso de López Obrador, pues suele referirse a quienes han interpuesto amparos para frenar la construcción como opositores, afirma que se trata de empresarios, pero ignora que hay comunidades preocupadas por el agua.
“El posicionamiento que ha dado el Presidente es que los al menos 108 amparos contra Santa Lucía no le han permitido construir el aeropuerto y en su narrativa mezcla tanto los recursos legales impulsados por los pueblos como los que han llevado empresas con intereses distintos, pero nosotros defendemos que ni Santa Lucía ni Texcoco deben construirse”, dijo.
También denunció que parece que los amparos promovidos desde la sociedad civil no son leídos por los jueces. “Las respuestas que nos han dado tanto para el amparo por la protección del agua como para el del respeto a las comunidades con consultas libres ha sido las misma, queda en evidencia que [el Poder Judicial] no ha dado una lectura profunda de ellos y que ha sido una línea política que ya les han marcado, de negar la suspensión del aeropuerto”.
La defensora, quien desde el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero acompaña la lucha del Frente de Pueblos Originarios en Defensa del Agua, consideró que el diálogo con las comunidades debe ser retomado por el Presidente, pues él impulsa directamente la construcción del aeropuerto.
EL CORREDOR INTEROCEÁNICO
La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Defensa de la Tierra y el Territorio, que opera en la cuenca del Istmo de Tehuantepec, ha documentado que el proceso para construir el Corredor Interoceánico revivió desde inicios del sexenio una ola de hostigamientos “porque todos los políticos de la ‘Cuarta Transformación’, de los gobiernos locales, pertenecen a Morena, entonces, legalmente y juridiccionalmente todos los municipios están a favor de este proyecto”, afirmó.
A ello se suma que observan un aumento de la violencia y temen que incremente por disputas del crimen organizado porque, aseguran, que puede ser un punto de tránsito de mercancías de droga, de armas y trata de personas.
El corredor comercial contempla usar trenes y carreteras para transitar mercancías entre el Océano Pacífico y el Golfo de México y distribuirlas a nivel mundial.
“El Corredor implica un tren de alta velocidad de dos carriles que van, dos que vienen, una autopista paralela, quieren construir 10 parques industriales, lo que va a representar nuevos centros de población que traerá consigo la explotación de más recursos como el agua”, explicó el activista del medio ambiente.
El proyecto ampliará las líneas ferroviarias, hará lo mismo con carreteras y rehabilitará los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos utilizando los recursos locales, e instalará plantas de manufactura.
Otra problemática que traería, alertó Mario Quintero, es frenar el paso de migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos ofreciéndoles empleos mal pagados; además de poner en riesgo la soberanía nacional, pues el Corredor sería administrado por empresarios, “principalmente con intereses multinacionales”.
“Va a ser una bomba de tiempo la región y nos va a partir el país. Si el sur ya ha estado aislado del resto del país se va a aislar más. Es un atentado grave contra la naturaleza, los pueblos indígenas y contra la soberanía nacional”, alertó.
El pasado 12 de enero, Rafael Marín Mollinedo, Director General del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, adelantó que el tren “arrancaría operaciones del tren en enero o febrero de 2021”, desde la 46 Convención Nacional del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación explicó que se invertirían 3 mil 900 millones de pesos.
Mario Quintero aseguró que a los pueblos les preocupa también el aumento presupuestal para 2020 al Corredor. “Lo vemos peligroso, nos dice que el proyecto va porque va”.
Al llamado por frenar la construcción de Santa Lucía y el Corredor Interoceánico se sumaron ayer en conferencia de prensa 23 asambleas, centros y frentes de al menos 11 estados que de igual forma exigieron cancelar el Proyecto Integral Morelos, las concesiones mineras en Morelos, Puebla, Veracruz y Chihuahua, la Presa Milpillas en Zacatecas; así como negar a la cervecera Constellations Brands el derecho de consumir 20 mil millones de litros de agua potable al año en Mexicali, y llamaron a no otorgar a Coca-Cola el derecho de explotar un tercer pozo en Chiapas.
