El pasado 1 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior. Ahora, la decisión de avalarla y pasarla al Presidente de la República, para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), queda en manos del Senado. Mientras sucede, el aval del Congreso es criticado por representantes de la sociedad civil, especialistas en materia política y de defensa de derechos humanos, quienes concuerdan que los legisladores actúan en favor de intereses privados: los del Presidente; los de las Fuerzas Armadas, e inclusive los del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el marco de las elecciones de 2018.
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Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).– Tres ex relatores de la Organización de las Naciones Unidas expresaron su consternación por la Ley de Seguridad Interna que se discutirá en el Senado, ya que, aseguraron, la intervención de las fuerzas armadas en materia de seguridad ha agravado la desaparición de personas, tortura y ejecuciones en México.
En un posicionamiento conjunto, los ex relatores sobre la tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, recordaron las visitas que hicieron a México para conocer las violaciones graves a derechos humanos resultado de la estrategia de seguridad.
"Constatamos cómo la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad no ha contribuido a mejorar la situación de seguridad en el País; por el contrario, ha agravado las problemáticas", manifestaron Juan Méndez, Ariel Dulitzky y Christof Heynz.
Los ex relatores agregaron que se unen a las víctimas, organismos internacionales y organizaciones que rechazan la iniciativa, al considerarla contraria a las recomendaciones que emitieron desde Naciones Unidas.
Tras seguir de cerca el debate sobre la Ley, los tres llamaron a que el Senado no apruebe la legislación.
"Constatamos que no aborda las causas estructurales de la violencia, ni propone medidas transformativas para superar la situación actual", argumentaron.
Además, las legislación no cuenta con salvaguardas, controles ni definiciones precisas, criticaron.
El pasado 1 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior. Ahora, la decisión de avalarla y pasarla al Presidente de la República, para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), queda en manos del Senado. Mientras sucede, el aval del Congreso es criticado por representantes de la sociedad civil, especialistas en materia política y de defensa de derechos humanos, quienes concuerdan que los legisladores actúan en favor de intereses privados: los del Presidente; los de las Fuerzas Armadas, e inclusive los del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el marco de las elecciones de 2018.
De ser así, el Ejecutivo federal tendría más atribuciones legales para disponer, a discreción y sin controles legislativos, de la totalidad de la fuerzas armadas [Ejército, Armada y Fuerza Aérea] y de las instituciones de seguridad pública para preservar el orden y prevenir “el surgimiento de amenazas”. El riesgo, señalan analistas consultados, es la violación de derechos humanos a partir de una estrategia autoritaria.
Con 215 votos a favor, 101 en contra y 4 abstenciones, los diputados aprobaron el dictamen, y desecharon las reservas interpuestas.
