La guerra que Felipe Calderón declaró a los cárteles de la droga hace diez años pasó, íntegra, al Gobierno de Enrique Peña Nieto. Los abusos a los derechos humanos continuaron y en los espacios donde las políticas del panista “fallaron” (como el abuso a migrantes) la nueva administración sumó.
El mapa de grupos delictivos se ha modificado, una década después, para sumar nuevos actores. Muchos más violentos. En medio, las víctimas y sus familias. Primero había temor por lo que comenzaba a suceder en el país, luego una inundación de coraje que llevó a muchos a encarar a las autoridades.
Hoy, las familias han asumido un rol en el que los gobiernos federal y estatal no han logrado dar resultados satisfactorios; hoy son los padres, madres, hermanos e hijos, los que se encargan de buscar a sus muertos.
CUARTA PARTE DE UNA SERIE
Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- Felipe Calderón llegó a Ciudad Juárez en febrero de 2010. Ahí, en la colonia Villas de Salvárcar, días antes un comando armado irrumpió en una fiesta de estudiantes y mató a 16. En el evento que presidía el entonces Presidente, ocurrió uno de los hechos que marcaron el sexenio completo:
“No voy a guardar silencio porque es la verdad. Disculpe, señor Presidente, yo no le puedo decir bienvenido, porque para mi no lo es. Nadie lo es. Porque aquí son más de dos años que se están cometiendo asesinatos. Se están cometiendo muchas cosas y nadie hace nada. Y yo quiero que se haga justicia y no nada más para mis dos niños, sino para todos los demás niños”, dijo Luz María Dávila, madre que perdió a sus dos únicos hijos en la masacre de Salvárcar.
Ese hecho representó el dolor y el cansancio ante las miles de muertes que hasta ese momento -después de tres años de guerra- ya se habían acumulado.
“Yo no puedo darle la mano y decirle bienvenido, porque para mí no es bienvenido. Yo quiero que esto se haga bien […] Quiero que usted se retracte de lo que dijo: que eran pandilleros, mentira. Uno de mis hijos estaba en la UACH y el otro estaba en la prepa. No tenían… no tenían más que nada, tiempo. No, no, no. Es que no puede ser, señor Presidente, no puede ser que digan que ellos eran pandilleros. No tenían tiempo para andar en la calle. Estudiaban y trabajaban”, agregó con la voz entrecortada.
“Apuesto a que si usted le hubieran matado a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba al asesino. Siendo que como yo no tengo los recursos, yo no los puedo buscar. No, no. Siempre dice lo mismo, señor Presidente. Y aquí no se arregla nada, todo sigue peor. Es la verdad. En mi casa están tendidos ahorita, estamos en el novenario. Yo quiero justicia para mis hijos y para los demás estudiantes, porque eran de 14 años en adelante. Era una fiesta para un muchachito de 18 años. Póngase en mi lugar a ver qué siento yo, que yo no tengo a mis hijos. Eran mis dos únicos hijos. No diga por supuesto, señor Presidente”.
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El 11 de diciembre de 2006, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, luego de un periodo de turbulencia política que dejó el proceso electoral de ese año, decidió que su sexenio sería el que combatiría a los cárteles de la droga. En ese momento, la Procuraduría General de la República (PGR) tenía información de la existencia de siete organizaciones delictivas: el Cártel del Sinaloa, Cártel de Tijuana, Cártel del Golfo, Cártel de Juárez, Cártel de Colima, Cártel de Pedro Díaz Parada y Cártel Milenio.
A diez años de distancia, de acuerdo con información obtenida por SinEmbargo, la PGR hoy tiene detectados nueve cárteles activos: Cártel del Pacífico, el de los Arellano Félix, la Familia Michoacana, de Carrillo Fuentes, de los Beltrán Leyva, Los Zetas, Cártel del Golfo, Caballeros Templarios y Cártel Jalisco Nueva Generación; además de 37 células delictivas.
Este mapa no creció sólo en cantidad, sino también en violencia que rebasó al Estado en más de una ocasión, por la magnitud de los hechos y por la ausencia de justicia que reina en muchos de ellos.
De acuerdo con académicos expertos en la materia, en la guerra contra las drogas no ha existido un cambio de Presidente ni un cambio de partido en el poder. Calderón no encontró retorno en lo que decretó en Michoacán en 2006 y Enrique Peña Nieto apostó por seguir en la misma línea, con un discurso que no menciona la palabra guerra, pero que en números es lo mismo.
De diciembre de 2006 a diciembre de 2015, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) reportó que 186 mil 297 personas fueron asesinadas en México; 122 mil 462 con Calderón y 63 mil 835 con Peña Nieto.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el sexenio panista se abrieron 104 mil 794 carpetas de homicidio, mientras que en lo que va de la administración priista, de 2013 a 2015, fueron 68 mil 082.
Pero hay otra cifra que enmarca la guerra contra las drogas en México: De 2007 a octubre de 2016, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) tiene 28 mil 937 casos.
Es decir, para hablar del tamaño de la guerra y del tamaño de la tragedia, se puede hacer referencia a Villas de Salvárcar y a la desaparición de los 43 normalistas de Iguala, Guerrero, en la misma línea, con las mismas consecuencias, con el mismo resultado.
A partir de las grandes matanzas registradas en el sexenio panista, a los miles de asesinados, o como los llamó el Secretario de la Defensa Nacional de ese Gobierno, Guillermo Galván Galván, “los daños colaterales”, se les empezó a dar un rostro y una historia. Las familias comenzaron a buscar cuerpos y las causas de la violencia que se llevó la vida de miles. El miedo y el enojo comenzaron a crecer en la misma medida.
“La continuación de la guerra marca un margen de violencia ya a niveles realmente grandes. No solamente se refiere a la gente que ha desaparecido, sino a una violencia que en las regiones ha obligado a la gente a salir de sus municipios o organizarse para enfrentar una violencia muy generalizada”, comenta al respecto el doctor René Jiménez Ornelas, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El investigador considera que la violencia desmedida, la cantidad de desaparecidos y los desplazados, son consecuencia de que ni con Calderón ni con Peña Nieto ha existido una política integral de seguridad, que se encargue no solamente de atacar determinadas expresiones de violencia. Criticó que el Estado no ha actuado con base en una estrategia de prevención, sino que siempre responde, por ejemplo, con más policías. Pero estas acciones no resuelven los problemas.
Durante los diez años de guerra, para diversas regiones del país comenzó a ser más común ver cuerpos desnudos colados de puentes, o escuchar de que a otros los bañaron con ácido para desaparecerlos o que a otros los desmembraban.
CUATRO CASOS DE LA GUERRA
Cuatro sucesos son los que podrían manifestar el tamaño de tragedia de la guerra de Calderón. Son casos emblemáticos que por sus ingredientes proyectan lo sufrido por las víctimas, sus familias y las comunidades que presenciaron lo ocurrido.
-Ernestina de Zongolica
Ernestina Ascencio, minutos antes de morir, le dijo a su hija: “los soldados se me echaron encima”.
Esta señora fue violada y asesinada a sus 73 años de edad en Zongolica, Veracruz, el 26 de febrero de 2007.
Un examen médico y dos peritajes de la Procuraduría Estatal decretaron que la señora murió por una fractura craneoencefálica y cervical. Su cuerpo también tenía desgarres en la parte anal y vaginal, además de equimosis.
El doctor Juan Pablo Mendizábal quien fue el primero en atenderla, y quien atestiguó su muerte, afirmó que Ernestina sufrió de perforación de órganos internos (producto de una agresión con un objeto), hemorragias severas, fracturas, luxaciones e inflamación del vientre por perforación del intestino, lo que provocó un envenenamiento de su cuerpo con heces fecales.
Pero para las autoridades todo fue una gastritis.
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Felipe Calderón declaró que la señora murió por complicaciones de una úlcera y negó que hubiera rastros que fue violada. “La CNDH intervino, y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada”, dijo en su momento.
Pese a que se denunció que las muestras fueron contaminadas, porque el personal no utilizó guantes al momento de hacer el análisis en el laboratorio, la CNDH de José Luis Soberanes ratificó la versión del fallecimiento provocado por úlceras gástricas.
Además, luego de la agresión, Ernestina fue encontrada aún con vida y culpó a los soldados.
La Sedena exculpó a los militares y señaló que sujetos vestidos de militares fueron los que la agredieron.
Esta secretaría encuarteló a 93 elementos para interrogarlos, al mismo tiempo que se realizaban pruebas de ADN de los militares y de las muestras que se tomaron del cuerpo de Ernestina. Nada resultó de ello.
-La fiesta en Villas de Salvárcar
De acuerdo con El Diario de Juárez, de 2008 a 2013 se realizaron siete multihomicidios en Ciudad Juárez. El resultado fueron 80 personas asesinadas. Así, 2010 fue el año más violento para Juárez.
En ese contexto, la casa de Villas de Salvárcar se convirtió en un referente internacional de la crisis de inseguridad, escribió Martín Orquiz en ese diario.
Fueron 16 las personas asesinadas en esa fiesta. La versión oficial indica que el comando armado que irrumpió esa noche buscaba a un hombre que estaba ligado al crimen organizado, pero los jóvenes que ahí estaban eran estudiantes del Colegio de bachilleres, del CBTIS y de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).
Era una fiesta de cumpleaños a la que asistieron cercar de 60 personas, pero en la madrugada lo único que quedó fueron los charcos de sangre y los pisos manchados.
Gente que estaba alrededor resultó herida, al igual que otros que corrieron a ayudar a los estudiantes. Los muchachos murieron en los brazos de sus familias. Otros después, en los hospitales donde no sobrevivieron a las heridas de bala. En total se contabilizaron 89 casquillos en tres casas. Ejército, policías federales, estatales y municipales no pudieron capturar a los delincuentes a pesar del tamaño del operativo.
Calderón aseguró días después que el móvil del asesinato fue a que los jóvenes pertenecían a grupos de la delincuencia organizada, eran narcomenudistas y pandilleros.
Luego el entonces Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez Mont pidió disculpas por “las equivocadas palabras” del Presidente.
De acuerdo con Univisión, las armas con las que se perpetró esta masacre cruzaron la frontera gracias a la operación Rápido y Furioso.
En torno al caso ocurrió otro problema que fue documentado por la periodista Galia García Palafox: Israel Arzate fue secuestrado por una camioneta blanca; una persona adentro le preguntó si era Carlos Madrigal y él lo negó; sin embargo, lo subieron y se lo llevaron a una base militar donde fue torturado por elementos castrenses en dos ocasiones para obtener una confesión. Le quemaron los testículos.
A su familia le informaron que Israel había participado en la masacre de Villas.
-Las matanzas de Los Zetas en San Fernando
El 22 y 23 de agosto de 2010 fueron asesinadas 72 personas, casi todas de origen centroamericano, en San Fernando, Tamaulipas.
Fueron ejecutados de uno y más tiros por la espalda. Tenían los ojos vendados y las manos atadas hacia atrás. Los acomodaron a todos en el piso, acostados boca abajo. Así quedaron y así fueron encontrados días después, el 30 de agosto. Los migrantes se negaron a pagar un secuestro y no quisieron trabajar para el cártel.
Iban de Veracruz y quienes los traficaban sí formaban parte de Los Zetas.
En abril de 2011, el horror se repitió, también en San Fernando. En poco tiempo se encontraron 193 cuerpos de personas. Primero se anunció que eran 59, de los cuales las investigaciones concluyeron que se trataba de personas secuestradas de un camión Ómnibus. Después, fueron 13 cadáveres, luego, 16 más. La cantidad total fue de 193.
El autor de estos actos cayó dos años después. A Salvador Alfonso Martínez, “La Ardilla”, jefe regional de Los Zetas, se le atribuyeron 200 cadáveres encontrados en Tamaulipas. Él habría matado a unos 50.
Dos años después, la Caravana de Madres Centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos llegó al lugar donde fueron encontrados los cuerpos. Esta Caravana ha recorrido Centroamérica y México los últimos 12 años buscando algún registro de los hijos de los que por años no han tenido noticias.
En ocasiones la búsqueda es un éxito y las madres festejan haber encontrado a alguien. En otras ocasiones no hay festejo, porque se encuentran con la noticia de que están muertos.
Otras, seguirán caminando el año siguiente.
La masacre de Tamaulipas dejó al descubierto que México era el paso obligado y al mismo tiempo el infierno de los migrantes, que se convirtieron en las víctimas perfectas para el crimen, al ser tratados como ilegales en México y por la pobreza que traen de sus países de origen, donde dejaron a sus familias.
El Gobierno de Peña Nieto abordó el tema de la migración como un problema de seguridad y presentó el Plan Frontera Sur. Así, Estados Unidos recorrió su frontera al sur de México y ahí la cuida con policías y militares. Esa fue otra parte de la política de seguridad.
-El Casino Royale
A las 15:45 horas del 25 de agosto de 2011, un grupo de personas llegó al Casino Royale en Monterrey. Arribaron en vehículos que se estacionaron frente al inmueble.
De los automóviles descendieron sujetos armados, cerca de nueve. Unos entraron y otros bloquearon las entradas.
De los automóviles sacaron garrafones con combustible que rociaron en la entrada del Casino. Dentro, rociaron también la alfombra y las máquinas de juego, y les prendieron fuego.
En las imágenes difundidas por la Procuraduría Estatal, se observa como algunas personas lograron salir, al igual que los sujetos que entraron antes.
El humo también salió y el fuego comenzó a expandirse en la Avenida San Jerónimo, Monterrey. Todo sucedió en menos de dos minutos.
El saldo fue de 61 personas muertas. Los Zetas fueron los señalados como perpetradores del acto. Esa región estaba en disputa por este grupo criminal y el Cártel del Golfo. Durante el periodo de Calderón fue considerada zona de guerra.
La investigación concluyó que el móvil del ataque fue que los dueños se negaron a pagar 130 mil pesos por semana a Los Zetas como cuota.
Calderón comenzó a visitar los sitios donde la violencia llegó a ser extrema. Ahí, condenaba los actos y expresaba solidaridad con las víctimas o las familias de éstas. Luego, los encargados estatales compartían el mensaje de que el Presidente no los dejaría solos, y que el gobierno y las fuerzas ferales seguirían presentes.
LA CONTINUIDAD CON PEÑA
En el marco de esta creciente violencia, también estuvo la promesa permanente de crear leyes que protejan a las familias de las víctimas de la guerra, de crear bases de datos para llevar registros certeros. Pero hasta la fecha, e incluso ya con Peña Nieto, no se ha avanzado.
En entrevista con SinEmbargo, el Ingeniero Pablo Reyna Estévez, Director de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana, consideró que el que no se hayan aprobado leyes como la de Desaparición Forzada, es una señal de que se quiere continuar en la política de guerra sin dar voz a las víctimas y dando un papel cada vez más importante a las fuerzas armadas.
“La estructura militar ha tomado una mayor relevancia política dentro del país. No sólo en las obviedades de realizar labores de seguridad pública, sino que han tomado un papel más fuerte en lo político. Y eso es señal del debilitamiento del Ejecutivo, con una Presidencia que llega a su cuarto año, con un índice de aprobación bajísimo y con un debilitamiento de su equipo. El debilitamiento del Ejecutivo ha dado un campo para que los militares tomen un papel político más importante y eso se refleja en la insistencia de impulsar la Ley de Seguridad Interna que le daría el marco regulatorio a lo que se ha hecho sin él por más de 10 años, que son los militares en las calles haciendo la labor de los policías”, detalló.
Reyna Estévez dijo que esa ampliación del poder militar también se ve en que la Ley de Desaparición Forzada, atorada en el Congreso, pues criticó que está así porque aún no tienen el visto bueno de la Sedena. “Si es así, es gravísimo, porque uno de los actores del Estado Mexicano que históricamente han sido quienes ocasionan las desapariciones forzadas, el Ejército, sería una fuerza en contra de la Ley de la Desaparición Forzada como la que se requiere en este país”, destacó.
En el Gobierno de Peña Nieto, el académico observa a la estructura militar con un mayor poder político del que tuvo con Calderón. Y un ejemplo de ello es Tlataya.
“Es gravísimo lo que sucede en cuanto a las desapariciones. Este Gobierno no quiere aceptar una Ley contra la desaparición en la que se ponga como prioridad la voz de los familiares de las víctimas y de las organizaciones civiles que los acompañan en sus procesos porque son ellos los que conocen la entrada de la corrupción e impunidad que permea en muchos territorios del país; son quienes se han enfrentado a todas las trabas y perversiones que el sistema actual tiene para no buscar, no investigar, pero para armar los casos con una preponderancia en la tortura. Es una señal ominosa, de absoluto desprecio a la sociedad en general y a las víctimas de desaparición y que tiene como uno de sus fines, el encubrirse a sí mismos”, agregó al respecto Reyna Estévez.
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–¿Cuántos muertos más? ¿Cuándo se acaba la guerra?– increpó un joven a Calderón en un evento público.
–Tranquilo, amigo–, contestó.
–¿Cuándo acabe tu Gobierno a dónde te vas a ir a vivir?
–Aquí a Guadalajara, a lo mejor mi estimado.
El auditorio aplaudió y Calderón agregó:
–Las muertes que hay en el país son por las organizaciones criminales, que están reclutando jóvenes como tú y como muchos otros para las adicciones, para sus bandas criminales, para matar a otros jóvenes.
