El pasado domingo 6 de diciembre se llevó a cabo la consulta ciudadana sobre el proyecto del Gobierno de la Ciudad de México “Corredor Cultural Chapultepec”. Ganó claramente el “no” al proyecto, con un 63 por ciento del total de los votos. La esencia del rechazo al proyecto consiste en la incertidumbre colectiva sobre la potencial entrega de un bien público a un grupo de empresarios; en este caso, la entrega del espacio público de Av. Chapultepec. Este corredor implica la construcción de un complejo de locales comerciales con dinero público y en espacios públicos para el lucro de particulares. Por su parte, esta obra posee múltiples impactos urbanísticos negativos: i) Aumentaría el caos vial de esta zona tan céntrica de la ciudad al sobrecargarla de comercios adicionales. Las actuales vías públicas ya son de por sí insuficientes, por lo que un aumento de la densidad comercial en la zona aumentaría dramáticamente el tránsito vehicular; ii) Si el espacio público en la Ciudad de México ya de por sí es muy escaso, esta obra destinaría sumas multimillonarias de dinero público para espacios privados. A la ciudad le urge disponer de áreas verdes recreativas; y si se ha de construir infraestructura, que esta sea para aumentar la eficiencia urbanística y el bienestar público; iii) El valor de esta megaobra debe contabilizar no sólo la sumatoria de sus costos de construcción, sino además debe sumársele el sobreprecio de mercado del metro cuadrado por estar tan bien ubicado. El precio del metro cuadrado en esta zona es alto, por lo que invertir un millón de pesos en ladrillos en esta zona tiene un retorno de la inversión muy alto comparado con invertir el mismo millón de pesos en una zona promedio de la ciudad: por eso, esta megaobra significaría un gigantesco regalo de nuestros recursos para un grupo de privilegiados; iv) Esta megaobra carece de valor estético y funcionalidad urbana, de acuerdo a las abrumadoras opiniones de arquitectos y urbanistas que han alzado la voz.

En lugar de este complejo comercial, debería construirse un espacio realmente público, para todos, en cuya planeación se escuchen antes las voces expertas; y si se quieren introducir locales comerciales, que estos no sean una extensión de las plazas comerciales que abundan por todo el país –y que benefician siempre a los mismos empresarios. Bien podría aprovecharse este tipo de espacios para erradicar el comercio en la vía pública y recuperar así –y con toda autoridad- los espacios públicos tomados por el ambulantaje en el Eje Central, en las calles de atrás de Palacio Nacional, en Av. Puente de Alvarado, Av. San Cosme, Calz. México-Tacuba, entre otros muchos espacios públicos actualmente perdidos para los ciudadanos. Así, por cada metro cuadrado construido se podrían recuperar muchos más de espacios públicos, con lo que la ciudadanía obtendría una enorme ganancia neta en términos de calidad de vida al recuperar nuestras banquetas, fachadas de edificios históricos, parques, plazas, jardines, etc., amén de la mejora de la salubridad en la vía pública.

Los ambulantes no sólo son objeto del interés público, también son sujeto. En tanto la economía mexicana continúe sin crecer en términos reales, como ha sucedido durante los últimos treinta años, el gobierno seguirá careciendo de autoridad moral para prohibir el comercio ambulante; en ese sentido son sujetos a respetarse. Sin embargo, no por ello los ciudadanos podemos seguir siendo privados de los espacios públicos que se han apropiado los ambulantes; en ese sentido, deben ser objeto de regulación pública. Ante ello, es Estado debe intervenir: estructuralmente, debe generar más crecimiento económico; coyunturalmente, debe reordenar –casi quirúrgicamente- el espacio público.

El problema del ambulantaje en la Ciudad de México podría resolverse si se le ordena y estructura en grandes centros comerciales en zonas de alta concurrencia, con un valor estético notable, que incluya áreas verdes de calidad y se les dota de ágiles vías de comunicación. No estoy con esto sugiriendo que esto necesariamente se haga sobre Av. Chapultepec, pero sí sugiero que abramos seriamente el análisis al respecto.

Como ejemplo exitoso, cito el caso de Tailandia. Hasta 1985, el comercio ambulante en Bangkok, su capital, era tanto o más conflictivo que el nuestro; con problemas similares en materia de mafias organizadas, condiciones de insalubridad, fricción constante con autoridades y ciudadanía, entre otros.

La presencia creciente de mafias internacionales en Tailandia amenazaba entonces con filtrarse fácilmente en la gran red del comercio ambulante de Bangkok, lo cual habría hecho ingobernable la ciudad. Así, en 1985 el gobierno Tailandés construyó el centro comercial Mahboonkrong, más conocido por sus siglas MBK.

A diferencia de las típicas reubicaciones del comercio ambulante en centros comerciales en México -que fracasan fácilmente debido a la poca afluencia de compradores-, el éxito de MBK radicó en que su construyó en el corazón del centro financiero de Bangkok y las cuotas cobradas a los locatarios por concepto de servicios (electricidad, seguridad, etc.) fueron similares a las pagadas en la vía pública. Sus instalaciones incluyen bancos, restaurantes, estacionamientos, entre otros servicios de calidad. MBK ocupa toda una manzana con espacios óptimamente aprovechados en 10 pisos superiores y 2 subterráneos en la intersección de varias líneas del metro y del tren ligero elevado.

La clave del éxito de esta reubicación consiste en proporcionar al comercio ambulante un espacio alterno con expectativas de ingresos superiores. El error común de planeadores urbanos y autoridades en México consiste en que han subestimando la racionalidad económica de los comerciantes: si el espacio sustituto para establecerse no les garantiza un horizonte de ingresos superior al proporcionado por su espacio actual, no tendrán entonces incentivo para reubicarse.

Si se aplica estratégicamente, esta medida podría incluso fortalecer a la industria nacional. El primer obstáculo a vencer consiste en el origen lícito de las mercancías. Como solución –simultánea al combate a la corrupción aduanera-, podrían establecerse plazos de regularización, lo que les implicaría a los comerciantes cambiar progresivamente de proveedores de mercancías de contrabando a proveedores legales. Ello estimularía la comercialización de productos nacionales, reposicionando, por ejemplo, a la industria nacional textil y del juguete, además de abrir un nicho estable de mercado a los hasta ahora fabricantes de aparatos electrónicos “hechizos”, permitiéndoles establecer fábricas con controles de calidad (de lo cual Vietnam, Tailandia, China y la India proporcionan experiencias exitosas).

No debemos oponernos a la inversión público-privada; por el contrario, es necesario coordinar inversiones para optimizar los recursos de la sociedad. Sin embargo, sí debemos seguir oponiéndonos a la secrecía con la que se están manejando las megaobras no sólo en el Distrito Federal, sino en todo el país; debemos oponernos a que el gobierno no consulte a los expertos en arquitectura, planeación urbana y finanzas públicas para llevar a cabo tremendas inversiones de nuestros dineros; debemos oponernos a que le regalen concesiones a particulares amañados con el gobierno; debemos oponernos a que se lesione el interés público; debemos oponernos a la manipulación de la información de los proyectos públicos; debemos seguir oponiéndonos a que los gobiernos no construyan para los ciudadanos sino para acrecentar fortunas personales. La organización social demostrada contra el Corredor Cultural Chapultepec acaba de ganar una emblemática batalla contra el cáncer de la corrupción en México: es por ahí.

Sergio Saldaña Zorrilla

https://www.sinembargo.mx/author/sergiosaldanazorrilla

Doctor en Economía por la Universidad de Economía de Viena (WU-Wien), en Austria, ex-funcionario de la ONU (CEPAL) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT.

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