El Gobierno no sólo cedió el control de la infraestructura ferroviaria con Ernesto Zedillo, sino que además otorgó en el Gobierno de Vicente Fox, de manera irregular, miles de millones de pesos a su favor y en años recientes, sobre todo en las gestiones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, prometió proyectos de trenes de pasajeros que se quedaron en la palabra.
Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).– Con el argumento de que gran parte de la red ferroviaria estaba deteriorada y que el Estado no tenía los recursos suficientes para atenderla, el Presidente Ernesto Zedillo reformó en marzo de 1995 la Constitución para abrir la puerta de los ferrocarriles a la industria privada que hasta la fecha mantiene casi en su totalidad el control de las vías que recorren el país y de la cual obtuvo beneficios una vez que dejó la Presidencia.
De esta manera se permitió que capitales extranjeros y mexicanos, entre ellos a Grupo México de Germán Larrea y Grupo Peñoles de los Baillères obtuvieran concesiones —que aún operan— hasta por 50 años, con la posibilidad de renovarlas. Posteriormente entraron al negocio Grupo Carso de Slim que compró a Grupo Triturados Basálticos (Tribasa) su concesión, y una vez constituida como Ferrosur vendería la misma en 2005 a Grupo México.
Como consecuencia de la decisión adoptada por Zedillo entre 1997 y 1999 se dejó de brindar el servicio de transporte de pasajeros, a excepción de algunos recorridos turísticos, algo que busca revertir el Presidente Andrés Manuel López Obrador con un decreto para que las vías férreas de trenes de carga se usen también para pasajeros.
Tras la privatización, Ferrocarriles Nacionales, organismo del Estado, se quedó con unas cuantas rutas que no habían sido concesionadas hasta que cerró sus operaciones en 1998 y tres años después, ya en el foxismo se declaró su extinción.
Zedillo ha sido cuestionado desde entonces, no sólo por haberse desecho de los ferrocarriles mexicanos, sino por haberse beneficiado de esta transacción una vez que dejara la Presidencia. El priista, que recientemente reapareció para advertir “riesgos a la democracia”, se volvió socio de la empresa ferroviaria estadounidense Kansas City Southern, una de las principales operadoras en el ramo con 4 mil 312 kilómetros de vía en el país, e integrante del consejo de administración de la empresa Union Pacific.
Pese haber sido un transporte que se propagó rápidamente a inicios del Siglo XX, en la dictadura de Porfirio Díaz, y cubrir gran parte del país con conexiones en puertos, el Estado no sólo cedió el control de la infraestructura ferroviaria, sino que además otorgó en el Gobierno de Vicente Fox, de manera irregular, miles de millones de pesos a su favor y en años recientes, sobre todo en las gestiones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, prometió proyectos de trenes de pasajeros que se quedaron en la palabra… o en obra negra.
EL “REGALO” DE FOX
El 12 de septiembre de 2005, el Gobierno de Vicente Fox Quesada aceptó las condiciones que le impuso Transportación Ferroviaria Mexicana, de la extranjera Kansas City Southern, y firmó un convenio para devolverle el Impuesto al Valor Agregado (IVA) como parte de la compra que realizó en el Gobierno de Ernesto Zedillo, aún cuando nunca existió constancia de que pagó este impuesto.
Así, de un monto de 12 mil 965 millones 742.2 pesos que reclamaba la empresa, el Gobierno de Fox otorgó 5 mil 623 millones 927.3 pesos correspondientes a las 276 millones 797 mil 501 acciones que aún poseía el Gobierno de Transportación Ferroviaria Mexicana, así como un pago del ISR mediante la cesión de los derechos de cobro de TFM sobre la devolución del IVA. A cambio la empresa supuestamente cedió en el pago de 6 mil 789 millones 941.9 pesos correspondientes a los intereses moratorios de la devolución del IVA, que nunca pago.
No obstante, en la Cuenta Pública de 2005, la Auditoría Superior de la Federación determinó que este último pago señalado como “supuesto beneficio del Gobierno Federal” en realidad “no fue reflejado en dicha cuenta debido a que en la Contabilidad Gubernamental no se tiene establecida en la normatividad la política contable de provisionar los créditos en litigio”. Es decir, no hay constancia de que se quedara en las arcas públicas.
La Auditoría considera que la Secretaría de Hacienda de Vicente Fox no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la devolución del IVA de los 2 mil 111 millones 111.8 de pesos más actualizaciones e intereses, que ascendió a un total de 12 mil 965 millones 742.2 de pesos, “ya que no se demostró que el IVA se liquidó” al Gobierno federal.
Asimismo apuntó que que el título de concesión y el subarrendamiento financiero no generaban IVA.
PROMESAS Y OBRA NEGRA
En mayo de 2007, en las labores de supervisión del Tren Suburbano, Felipe Calderón Hinojosa prometió junto al entonces Gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto sería la punta de lanza para proyectos de trenes de pasajeros similares en todo el Valle de México.
“En eso estamos comprometidos con el gobierno del estado de México y pronto, muy, muy pronto, tendrán ustedes mayores noticias de los proyectos por venir”, dijo. Incluso, como reseñó La Jornada, aseguró que su Gobierno promovería el aprovechamiento de la infraestructura ferroviaria existente en otras zonas metropolitanas, como las de Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes y San Luis Potosí, para impulsar proyectos similares al Tren Suburbano.
Un año después, Calderón prometió un Tren Suburbano que correría de Jardines de Morelos, en el estado de México, a Martín Carrera, en la actual Alcaldía GAM de la Ciudad de México, un proyecto que sufrió diversas modificaciones, licitaciones desiertas… hasta que quedó, como otros proyectos de ese Gobierno, en el aire.
Con la llegada del peñismo lo hicieron también las promesas de proyectos ferroviarios, que al final, como con Calderón, quedaron en el tintero o incompletos.
Uno de los principales proyectos que se dieron a conocer durante el sexenio del priista fue el el Tren México-Querétaro que fue cancelado en medio de una de las tramas de corrupción que tuvieron lugar en el Gobierno de Peña Nieto.
Angélica Rivera, el expresidente Enrique Peña Nieto, el cuñado de Carlos Salinas de Gortari y el empresario Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa, fueron los personajes involucrados en la cancelación de esta obra en el año 2014.
Este proyecto, que se otorgó al consorcio conformado por las empresas China Railway Construction Corporation, Prodemex, Grupo GIA, Constructora TEYA, China South Rolling Stock Corporation y GHP Infraestructura Mexicana, generó polémica desde su adjudicación porque la mayoría de estas firmas eran cercanas al entonces Presidente Enrique Peña Nieto y a Carlos Salinas de Gortari. Además, su costo ascendía a 58 mil 951 millones de pesos, 21 por ciento más caro de lo presupuestado.
La cancelación se anunció un día antes de una investigación periodística que reveló que la entonces esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, había comprado una lujosa mansión al Grupo Higa, un contratista del Gobierno con participación en la firma Teya.
La “casa blanca”, como se le conoció a esa propiedad adquirida por la exprimera Dama, terminó siendo un escándalo que también provocó la venta del inmueble (ubicado en Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México) y con una investigación ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) que finalmente absolvió al expresidente Enrique Peña de un conflicto de interés en el año 2015.
El otro proyecto prometido por el peñismo fue el Tren México-Toluca, el único que sobrevivió ante los recortes del gasto público. El Tren sería una de las obras insignias, se debía inaugurar en 2017, pero hasta a la fecha sigue sin acabarse. Los retrasos y sobrecostos fueron la constante en una gestión marcada por la corrupción.
El actual Gobierno abrió un primer trazo en septiembre pasado y se ha comprometido a tenerlo listo en 2024 con un costo que ya se triplicó en nueve años de obras. Su costo inicial fue de 38 mil 608 millones de pesos previstos en 2013, pero las últimas cifras dan cuenta de un gasto de 105 mil millones de pesos.
