Esta no es la primera vez que los litigantes acusan fabricación de pruebas en contra de sus clientes.
Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- César Omar González Hernández y Alejandro Robledo Carretero, abogados de los cuatro militares presos por el caso Ayotzinapa, presentaron una denuncia penal en contra de quienes resulten responsables de falsear información en torno al caso.
Los litigantes acusaron a Alejandro Encinas Rodríguez, titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia, de entorpecer la investigación y fabricar pruebas falsas en contra de sus clientes: el Subteniente Fabián Pirita Ochoa, el Sargento Eduardo Mota Esquivel, el General José Rodríguez Pérez y el Capitán José Martínez Crespo.
“Se ha fabricado su participación con datos de prueba falsos”, afirmó González Hernández en una conferencia de prensa donde también reiteraron que, al no contar con elementos que los impliquen en los hechos, sus clientes son inocentes.
La demanda presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) es por los delitos contra la administración de justicia y fabricación de pruebas en el caso Ayotzinapa, sobre los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Esta es la denuncia de hechos contra QRR interpuesta por cuatro militares acusados del crimen de los normalistas de #Ayotzinapa. pic.twitter.com/tQl37qYyx9
— Raymundo RivaPalacio (@rivapa) November 8, 2022
Los litigantes desestimaron las pruebas presentadas por Encinas con anterioridad y pidieron su destitución por corromper el debido proceso, así como la presunción de inocencia de sus clientes, y, con ayuda de un video, indicaron que no es posible demostrar la veracidad de las conversaciones de WhatsApp mostradas como pruebas por el Subsecretario el pasado 18 de agosto.
Los licenciados dijeron que, al igual que Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), el Subsecretario Encinas debería separarse de su cargo “ya que además de tener un claro conflicto de interés, su permanencia en el cargo de la Comisión sólo puede ir en detrimento de la verdad y de la justicia”.
De igual forma, el abogado Robledo Carretero señaló a Encinas de anteponer intereses políticos por encima del esclarecimiento de los hechos, puesto que “necesitaban un chivo expiatorio para justificar sus casi cuatro años de investigación y la verdad parece más distante que nunca”.
El pasado 27 de septiembre, los abogados acusaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) de presentar pruebas falsas y pidieron dejar de “manipular” las investigaciones de los hechos transcurridos hace ocho años.
De igual formal, la defensa legal de los militares rechazó las acusaciones del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) en contra de estos elementos del Ejército.
“Pedimos al Subsecretario Alejandro Encinas, presidente de la CoVAJ, deje de politizar las investigaciones, para que los padres de los estudiantes desaparecidos y todo México puedan realmente conocer la verdad y tener acceso a la justicia sin sesgos ni manipulaciones”, expuso el abogado César Omar González Hernández en conferencia de prensa.
Respecto al informe de la Comisión de la Verdad, los abogados dijeron que “se encuentra plagado de falsedades, conjeturas y especulaciones, como la afirmación de que toda la información y productos obtenidos los han entregado a la Fiscalía especial para el caso y al GIEI [Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes], lo que fue desmentido por éste”.
A las afueras de la Puerta 8 del Campo Militar 1-A, el legista Alejandro Robledo Carretero explicó que no es posible que se haya dictado un auto de formal prisión basándose en las acusaciones de un testigo protegido sin considerar las pruebas presentadas, por lo que, afirman, el caso está “politizado”.
“No es posible que ese Juez haya dictado un auto de formal prisión, desestimando las pruebas que se le aportaron, con el argumento de que éstas no fueron suficientes para acreditar que los indiciados no han realizado algún acto de colaboración con el grupo criminal [Guerreros Unidos], pretendiendo que sea el acusado quien pruebe que no cometió ningún hecho, que debe ser el Ministerio Público quien acredite que si lo cometió, esto es el principio esencial del derecho penal”, expuso.
“No puede ser obra de la casualidad el signo de la politización que un día se presente el informe del presidente de la CoVAJ haciendo graves acusaciones a los militares y, al otro, se anuncia el libramiento de órdenes de aprehensión contra ellos y que no se refieren a aquellas acusaciones, pero que sí generan esa duda y esa percepción”, agregó.
A su vez, Robledo Carretero dijo que las acusaciones de Encinas han causado mayor confusión, por lo que “resulta injustificable que se siga manipulando la información e inventado evidencia para fabricar culpables”.
El informe presentado por el Encinas el pasado 18 de agosto señala que la desaparición de los 43 normalistas “constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones diversas del Estado mexicano”, dijo el Subsecretario, al presentar las conclusiones preliminares sobre el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
“No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida, por el contrario todos los testimonios, evidencias, acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, dijo Encinas en conferencia de prensa en Palacio Nacional, a la par que indicó que “la creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”.
El Subsecretario Encinas indicó que “la investigación continúa y la búsqueda de los estudiantes continúa” e informó que como parte de las conclusiones preliminares se determinó que las autoridades federales y estatales “del más alto nivel” fueron omisas y negligentes existiendo elementos de presunción respecto de “alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos”.
Encinas añadió que “en todo momento” las autoridades federales, estatales y municipales “tuvieron conocimiento de la movilidad de los estudiantes desde la salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes así como el homicidio de otras seis personas”.
-Con información de Sugeyry Romina Gándara
