Me opongo tajantemente a que el Instituto Nacional Electoral (INE) vuelva al control del Gobierno, el de ahora y el del futuro, pero también repudio que sea botín de las élites económicas, políticas, intelectuales y mediáticas. En ambos casos se prostituye la democracia.

No me gusta el despilfarro de miles de millones de pesos de dinero público para los partidos políticos y la élite burocrática electoral –sobre todo si la mayoría de los trabajadores de este sector están mal pagados–, pero eliminar totalmente el financiamiento público colocaría a las fuerzas políticas bajo el control de dinero privado y hasta criminal.

Urge también disminuir el número de diputados y senadores, así como regidores y síndicos en los municipios del país, pero debe garantizarse la representación popular de minorías y sectores de la sociedad que una elección sólo por listas partidarias quedarían excluidas.

Ante la deliberación y negociación de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados, que sin duda la habrá, urge en la sociedad más información que consignas, más propuestas que descalificaciones y más evidencias que prejuicios.

Toda reforma debe buscar el beneficio colectivo y una electoral debe fortalecer la confianza y la credibilidad en los órganos y procesos de los que surgen las autoridades y la representación popular. Y así como la sociedad es cambiante y dinámica, también debe haber adecuaciones en este ámbito.

No hay reformas para siempre, como lo pretendió Ernesto Zedillo con la de 1996, que ciudadanizó sólo transitoriamente el Consejo General Instituto Federal Electoral (IFE), y tan es así que, entre 2013 y 2014, se hizo una reforma que transformó al órgano electoral en el INE.

El PAN de Gustavo Madero y a través del Senador Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular de Felipe Calderón, fueron los padres del INE, que ofreció abaratar las elecciones y fueron más caras y que ofertó quitarle el poder a los gobernadores y sólo lo transfirió a la burocracia electoral central al servicio de las élites.

Los que se resisten a cualquier cambio en materia electoral son, es preciso recordarlo, los perpetradores y beneficiarios de las trampas electorales a partir de que, ellos sí, hicieron involucionar al órgano electoral desde hace casi dos décadas, en 2003, cuando el Consejo General se integró sólo con incondicionales de PRI y PAN.

En buena medida la desconfianza en el órgano electoral viene de entonces, porque en las renovaciones sucesivas de consejeros, desde Luis Carlos Ugalde hasta Lorenzo Córdova, se ha impuesto la lógica de facción con el reparto de cuotas y cuates que actúan al margen de los principios constitucionales de independencia, autonomía, legalidad, objetividad y certeza.

¿A poco ya nadie recuerda que el Diputado federal Germán Martínez Cázares, quien en 2003 era representante de Calderón y en 2018 llegó al Senado por Morena, se ufanó de haber nombrado a los consejeros electorales, encabezados por Ugalde, junto con Roberto Campa Cifrián, operador de Elba Esther Gordillo, entonces secretaria general del PRI?

“Yo puse a los consejeros electorales. Entre Roberto Campa y yo los amarramos”, confesó Martínez, quien sería el representante del PAN ante el IFE en la fraudulenta elección de Calderón en 2006, cuando el aparato del Gobierno de Vicente Fox se metió en la elección con la directa intervención de Santiago Creel y Ramón Muñoz Gutiérrez, hoy ambos también estrategas de su partido.

El fraude de Calderón en 2006 y luego el de Enrique Peña Nieto en 2012 han mantenido divididos a dos amplias porciones de los mexicanos, aun con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018, cuando el PRIAN ya no pudo cohesionarse para apoyar a uno de sus candidatos –Ricardo Anaya y José Antonio Meade— ni manipular la elección.

Muchos no lo saben y los que saben no lo dicen, pero en el remoto caso de que no haya ninguna Reforma Electoral, ya no digamos la que presente el Presidente López Obrador, Morena sería el gran ganador en la integración del Consejo General del INE.

Sí: En abril terminan su periodo cuatro consejeros electorales, Córdova y Ciro Murayama entre ellos, y las reglas actuales le permiten a Morena reclamar tres de los cuatro consejeros, que deben ser electos por mayoría calificada. Si no la hubiera, la insaculación le permitiría apoderarse hasta de los cuatro.

Más aún: Con los tres consejeros que tiene actualmente, lograría la mayoría de 7 de 11 y podría remover al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, personaje también de la facción de José Woldenberg y que controla todos los recursos económicos, humanos, tecnológicos del organismo nacional y de los estados.

Ese es el inmenso poder que no quieren perder los que afirman que el INE no se toca y que, con la visión patrimonialista, lo reivindican como suyo. El grotesco episodio de la encuesta del INE escondida por sus jerarcas revela, una vez más, la conducta impropia de personas honestas.

Y sí, ya sin máscaras, será maravilloso ver a Fox y Calderón encabezar la marcha del domingo contra todo cambio electoral junto a Ugalde, Creel, Elba Esther Gordillo, Roberto Madrazo, Martínez Cázares, Claudio X. González, José Woldenberg, Héctor Aguilar Camin, Enrique Kauze…

Álvaro Delgado Gómez

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Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.

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