La obesidad y la diabetes siguen siendo un grave problema de salud pública en México debido a que no existen políticas presupuestarias integrales de prevención, reveló un estudio de la consultora Probatio para la Alianza por la Salud Alimentaria.
De los 46 millones que se recaudarán para 2018, por ejemplo, sólo 17 millones van a ser destinados a programas de promoción, detección, tratamiento, control y combate al sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas.
Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- Aunque en México fue declarada una emergencia epidemiológica por la obesidad y la diabetes, aún no existen políticas presupuestarias integrales de prevención, revela un estudio de la consultora Probatio para la Alianza por la Salud Alimentaria.
“El análisis muestra que existe un importante desbalance entre los recursos recaudados por el IEPS a alimentos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas, y el presupuesto que se destina a programas con componentes de prevención’’, expusieron desde el Centro Histórico de la Ciudad de México.
La magnitud del problema de salud provocó que, en 2016, autoridades mexicanas declararan la emergencia. Tras el anuncio se esperaba “una serie de medidas para enfrentar estas declaratorias, sin embargo, nunca fueron presentadas'', de acuerdo con su información.
Los recursos recaudados a través del impuesto deberían ser trasformados en bienes para la población, “bajo un esquema de segunda generación permitiendo ahorros en gastos médicos, mejoras en salud y por en ende en calidad de vida’’, pero las cosas no ocurren así.
De los 46 millones que se recaudarán para 2018, por ejemplo, sólo 17 millones van a ser destinados a programas de promoción, detección, tratamiento, control y combate al sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas.
“El gravamen a las bebidas azucaradas y los alimentos con alta densidad calórica constituye una ventana de oportunidad, la cual ha sido desaprovechada por el Gobierno'', explica Atzimba Baltazar, consultora de Probatio.
Hacienda recaudó 18 millones en 2014; 21 millones en 2015; 23 millones en 2016 y 11 millones en 2017 sólo por el impuesto a las bebidas azucaradas, cantidades que superan lo estimado. En alimentos no básicos con alta densidad calórica, reunió cerca de 65 millones.
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¿QUÉ SE PUEDE HACER?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico consideran necesaria la prevención.
“Se debe inhibir el consumo de bebidas azucaradas (ámbito microeconómica) y proveer bienes y servicios como facilitar el acceso a agua potables como fuente primaria de hidratación, promover campañas de conductas saludables y alimentación sana y balanceada; impartir educación nutricional en planteles educativos; hacer intervenciones gubernamentales en poblaciones vulnerables; crear parques y espacios de activación física y recreación y abrir espacios para la cohesión comunitaria, expuso Federico Cortés, de Probatio.
Probatio recalca la necesidad de transparentar los recursos; aumentar a 20 por ciento el impuesto a las bebidas azucaradas (estándar internacional); balancear los gastos, pues se recaudarán en 2018 46 millones, pero sólo se destinarán unos 17 millones y dejar en claro los beneficiarios, responsables y resultados de las actividades que se lleven a cabo en la materia.
El estudio incluye ejemplos de países que, a través de un impuesto extrafiscal lograron combatir los problemas de salud.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), México se mantiene como el país con la tasa más alta de obesidad en adultos en América Latina –y el sexto con más índices en niños y adolescentes–.
Entre las causas de estos males está la mal nutrición y la calidad de los productos que se distribuyen en las tiendas de servicio.
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