Pese a la apertura para investigar estos casos, este mensaje del Ejecutivo es, ante todo, una defensa a la labor de las Fuerzas Armadas en el país, e incluso rebate algunos de los argumentos del citado estudio.
“México valora muy especialmente las labores de las Fuerzas Armadas de México en labores de asistencia humanitaria, así como acciones en apoyo a las autoridades civiles en materia de seguridad pública”, se lee en un comunicado.
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México, 8 noviembre (EFE).- El Gobierno de México defendió hoy la labor de las Fuerzas Armadas y la transparencia en respuesta a un informe de la organización WOLA que denuncia la impunidad existente en los delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por soldados.
“El Gobierno de México reafirma su rechazo a toda violación a los derechos humanos, así como su compromiso de garantizar la protección del territorio”, indicaron la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación en un boletín conjunto.
En este mensaje, el Ejecutivo reiteró que investigará “diligentemente” y a través de la PGR los presuntos delitos contra civiles cometidos por las Fuerzas Armadas del país, y acorde a la ley.
“Particularmente, aquellos que podrían constituir violaciones a derechos humanos y así, cerrar cualquier espacio de impunidad, con absoluta transparencia”, aseguró el texto.
Pese a la apertura para investigar estos casos, este mensaje del Ejecutivo es, ante todo, una defensa a la labor de las Fuerzas Armadas en el país, e incluso rebate algunos de los argumentos del citado estudio.
“México valora muy especialmente las labores de las Fuerzas Armadas de México en labores de asistencia humanitaria, así como acciones en apoyo a las autoridades civiles en materia de seguridad pública”, añade.
Además, asegura que militares y marinos cuentan con la “confianza y aprecio” de los mexicanos, quienes entienden que estén desplegados en las calles para protegerlos, afirma el texto citando encuestas.
Recuerda que el Código de Justicia Militar fue reformado en 2014 para asegurar que los casos de violaciones a los derechos humanos de militares a ciudadanos sean juzgados por tribunales civiles.
“Durante la presente administración, las Fuerzas Armadas de México han ampliado su programa de capacitación en materia de derechos humanos, para reforzar la cultura de respeto y su promoción. Lo anterior ha dado como resultado una visible reducción de las quejas”, agregó.
Por último, el Gobierno mexicano dice valorar el informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), pero “considera relevante” destacar que instituciones académicas alaban el nuevo sistema de justicia penal.
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También recuerda que la lucha militar contra el crimen organizado, que arrancó hace una década, es de “acompañamiento” a las autoridades locales y “temporal”.
Y responde “a los enormes retos” que ocasionan en México el tráfico de armas desde Estados Unidos y los flujos de capital a organizaciones criminales. “Estudios en ese sentido serían una enorme contribución”, concluyó.
En el informe “Justicia olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, publicado el martes, WOLA analiza los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos por soldados mexicanos.
Así como los casos que han sido investigados y sancionados en el sistema de justicia civil y los que permanecen sin castigo.
De acuerdo con el estudio, la estrategia de seguridad militarizada tuvo tres consecuencias graves: un aumento de la violencia y violaciones a derechos humanos “constantes”, una disminución de la presión para una reforma policial y una rendición de cuentas “prácticamente inexistente”.
El documento destaca que, tras la reforma al código militar, las investigaciones de tribunales civiles a delitos presuntamente cometidos por soldados son “aisladas” y las autoridades no “muestran voluntad política” para la justicia.
De acuerdo con estadísticas oficiales, entre el 2012 y el 2016 la PGR inició 505 investigaciones por delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por soldados a civiles, pero solo se registran 16 sentencias condenatorias.
“En cuatro años, la PGR sólo tuvo éxito en 3.2 por ciento de las investigaciones”, remarca el texto.
