En el contexto de la reforma constitucional sobre la presencia de las Fuerzas Armadas que discutirán próximamente las y los diputados, organizaciones que acompañan a la población migrante en México alertan sobre las afectaciones que podría causar en las mujeres que arriban al país en búsqueda de mejores condiciones de vida.
Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).– Defensoras y organizaciones prevén que la entrada en vigor de una reforma constitucional que amplía la presencia de las fuerzas armadas en las calles como apoyo en la seguridad pública hasta 2028 agravará las violaciones a los derechos de mujeres y niñas migrantes que llegan al país, pues alertan que tanto la Guardia Nacional (GN) como militares suman años abusando de su autoridad sin mecanismos de control por parte del Gobierno.
Esta semana, el Senado aprobó la reforma que se votará en los próximos días en la Cámara de Diputados, esto preocupa a organizaciones como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que ha documentado los efectos de la militarización de la política migratoria en México y en mayo de este año publicó un informe donde revela que la Guardia Nacional realiza tareas migratorias sin ningún tipo de acompañamiento ni supervisión, lo que vulnera principalmente a las mujeres.
“Vimos que hay historias de abuso en los aeropuertos durante las revisiones por parte de la Guardia Nacional, también recolectamos testimonios, por ejemplo, de mujeres que habían sido víctimas de violación en estaciones migratorias por la Guardia Nacional y una gran cantidad de mujeres que han sido víctimas de detención arbitraria también por parte de la Guardia Nacional. Nosotros creemos que frente a esta violencia son las mujeres las que son más vulneradas, las que son más susceptibles de afectar a su integridad. Porque, por ejemplo, cuando hay algún operativo o algo, pues las mujeres generalmente van con niños o niñas, no tienen una facilidad para moverse que tienen los hombres”, comenta en entrevista Ana Lorena Delgadillo, directora de la fundación.
Además de la Fundación para la justicia, otras organizaciones como Sin Fronteras y el Instituto para las Mujeres en la Migración presentaron en mayo de este año el informe “Bajo la bota”, que documenta violaciones a los derechos de migrantes en México, ahí denunciaron que la violencia de género está presente en la experiencia migratoria de las mujeres, pues muchas veces esto las lleva a salir de sus países de origen y se enfrentan a ella durante su camino a otras naciones.
Con lo aprobado recientemente en el Senado, a Ana Lorena Delgadillo le preocupa que la GN y los militares actúen en tareas de migración sin ningún tipo de control, como ha sido hasta ahora. Pues alerta que hasta septiembre de 2021, de 32 delegaciones estatales del Instituto Nacional de Migración (INM), 19 estaban bajo el cargo de personal con formación especializada en tareas militares.
“El problema es que, en primer lugar, no existen realmente mecanismos de control ni mecanismos de denuncia, ni mecanismos de seguimiento de denuncia efectivos. El Ejército actúa sin ningún tipo de supervisión, además actúan reservando la información en confidencialidad”, denuncia y pone como ejemplo que el Poder Legislativo en que los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina rindan cuentas de sus operaciones y justifiquen su presencia en tareas de seguridad y las tareas que corresponden a civiles.
Mientras que el Poder Judicial, particularmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), han pasado más de tres años para que se resuelvan cuestionamientos sobre la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.
Ana Delgadillo también alertó que así como no hay mecanismos de control, en estos años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha incumplido su labor de investigar violaciones a los derechos humanos de las mujeres migrantes, un frente que, según mencionó, tendría que reforzarse si el Gobierno federal tiene la intención de dar más poder a militares en cuestiones de seguridad.
“Hay una gran cantidad de violaciones y abusos que se cometen por militares y por la Guardia Nacional y que definitivamente estas personas no tienen a la mano un mecanismo que pueda defender sus derechos. Muchas de las mujeres migrantes ni siquiera saben que pueden, por ejemplo, promover una queja ante la CNDH, promover un amparo en contra de una violación es prácticamente imposible”.
La defensora lamentó que actualmente es prácticamente imposible que las personas migrantes denuncien penalmente violaciones a sus derechos.
“Cómo pensamos que estas mujeres que vienen huyendo de la violencia, muchas, por ejemplo de África, o de otros países latinoamericanos que tienen que pasar por la selva de El Darién, donde ya sufren otro tipo de violencia por parte de las redes del crimen organizado, pero también por parte de las autoridades, interpongan denuncias. En el país hay mucha impunidad, por eso hay casos de migrantes que terminan siendo deportados sin ninguna posibilidad de iniciar un procedimiento”, agregó.
A los retos que enfrentan las migrantes en México se suma el racismo con el que autoridades las tratan según sus países de origen. La ecuatoriana Joy fue testigo de ello luego de llegar a Tapachula, Chiapas, donde fue detenida y encerrada en la Estación Migratoria Siglo XXI. Un mes después hubo protestas por el maltrato hacia las personas detenidas que fueron disueltas por la Guardia Nacional.
“Yo estaba adentro. Sufrí discriminación. Sufrí racismo adentro. Cuando llegas, personas africanas están apartadas del resto. Te dan un ticket de diferente color. Tu color es diferente, ¿por qué? La comida que te dan es diferente al resto”, relata en el informe “Bajo la lupa”.
Durante los ochos meses que esperó para conseguir un documento de refugio de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) sufrió agresiones de policías, que se refrieron a ella y a como “cerdos”.
“¿Por qué nos escogen para pedirnos nuestra identificación? Nos dicen que tenemos apariencia peligrosa. ¡Wow! ¿Apariencia peligrosa? Porque somos negras nos miran así, lo siento”, lamentó la mujer que dejó su país para huir de la violencia.
Mientras que Betty, otra migrante se describió como “una persona destrozada” después de la travesía a la que se enfrentó desde el año pasado, cuando dejó Haití junto con su familia en busca de más oportunidades. Ella denunciaque en México, al igual que en otros países de Latinoamérica, el trato a las mujeres migrantes es discriminatorio. Cuando dejó su país, tuvo que cruzar la selva del Darién, donde sufrió violencia sexual.
En México la situación tampoco fue sencilla al llegar a Tapachula, Chiapas, pues ha sido difícil que sus hijos menores de edad accedan a servicios de salud cuando lo necesitan.
Luego de conocer los testimonios de mujeres como Joy y Betty, Ana Lorena Delgadillo se suma al llamado de otras organizaciones que defienden derechos humanos para limitar el actuar de militares en tareas de control de migración.
“Imagínate una mujer violada, una migrante que está bajo custodia de los militares, cómo va a presentar una denuncia una mujer que llega al aeropuerto, que puede sufrir abuso sexual, tocamientos, ¿cómo se va defender si es una mujer que va a estar a merced de militares?. No tenemos que esperar que nos pase a nosotros para solidarizarnos. Ya les está pasando las poblaciones más vulneradas”, enfatizó.
La participación de las Fuerzas Armadas en la política migratoria no solamente se ha dado por conducto de la Guardia Nacional, sino que elementos del Ejército y la Marina también han efectuado tareas de control migratorio de manera directa. En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expuso a México desde el año pasado su preocupación “por la creciente militarización de las fronteras” en la región y recomendó al Estado “asegurar que las funciones relacionadas con el control migratorio, asistencia y atención directa a dicha población, sean únicamente realizadas por fuerzas y cuerpos de seguridad civiles”.
