El director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García, advirtió que a la par de los casos de homicidio, las desapariciones se han incrementado en Guanajuato. Indicó que aunque se tiene conocimiento de ocho casos, estos parecen un patrón de reclutamiento. El problema, es que es un tema que no se quiere reconocer.
León, Guanajuato, 8 de octubre (zonaFranca).- La disputa entre grupos delincuenciales, la violencia homicida y el crimen común, no son ajenos para los menores de edad. El deterioro social ha hecho partícipes a adolescentes y niños, pero también los ha convertido en víctimas que reflejan el recrudecimiento de la inseguridad.
Así lo consideró el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García, quien puntualizó que en los últimos años, se ha observado en Guanajuato un fenómeno que no sólo se trata del crimen organizado, como el tráfico de hidrocarburos, pues también se ha registrado un aumento en las víctimas de trata de personas, en las desapariciones y el reclutamiento de menores.
Ayer, Zona Franca publicó que, de acuerdo a las cifras de la Fiscalía General del Estado, 164 víctimas no mayores de 18 años, han sido asesinadas en un año y medio. Prácticamente, el promedio establece que cada tres días un infante es ultimado. De los 46 municipios, Irapuato es el primer lugar, en la relación que cubre el 2018 y el primer semestre de 2019.
“Los niños no quedan ajenos de esta guerra contra el narco como una estrategia fallida que ha tenido grandes impactos. En el caso de Guanajuato es muy particular, porque es ahora donde se da la batalla y guerra. Esto nos habla que el gobierno federal no está acompañado de una manera apropiada al gobierno estatal, no solamente el Gobierno estatal está superado”.
El activista internacional, alertó sobre la falta de estrategias aplicadas para frenar la violencia que ataca a los menores, ya sea como víctimas de la violencia, o como parte del reclutamiento que deriva de la falta de oportunidades.
De entrada, indicó que el papel del fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre, ha sido limitado para detectar estas variables que atacan a los menores de 18 años.
“Este señor Zamarripa se ha vuelto un funcionario más mediático, pero no estratégico. Agregado a que la Fiscalía no tiene la capacidad técnica, ni política (…) En resumen, nadie está frenando con una estrategia indicada estos hechos criminales, sino que se da en las esferas del poder el uso político de la violencia”, señaló.
En medio de esta crisis de violencia, vino la solicitud de la desaparición de poderes en Guanajuato, por parte de los senadores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Para Juan Martín Sánchez, esta resultó absurda al formar parte de un peloteo político que no es serio, ya que realmente no se está buscando cambiar la situación para los guanajuatenses.
“Nos parece muy grave que el estado de Guanajuato, en conjunto con el país, tiene un gran problema de impunidad. Sólo una de cada 100 investigaciones alcanza condena. Y como lo muestran los datos; nueve de cada diez homicidios son ocasionados por arma de fuego. Por el crimen organizado”, acusó.
De acuerdo a la estadística que entregó la Fiscalía General del Estado, en una solicitud de información pública, en 2018 se registraron 100 asesinatos de menores en Guanajuato. A estos se suman los 64 que se registraron en el primer semestre de 2019.
De esa totalidad, 153 hechos se cometieron con arma de fuego en un lapso de año y medio, y apenas 11 fueron con arma blanca.
Juan Martín Pérez agregó que además de los casos de homicidio, las desapariciones se han incrementado en Guanajuato. Indicó que aunque se tiene conocimiento de ocho casos, estos parecen un patrón de reclutamiento. El problema, es que es un tema que no se quiere reconocer.
“Se ve en estos municipios de Guanajuato, la desaparición de mujeres y niños como reclutamiento de jóvenes (…) La guerra necesita soldados, y como los grupos armados no tienen la misma capacidad de reclutamiento, ahora lo hacen de manera forzada”.
Para el director de Redim, urge una respuesta del Estado e su concepto más amplio, es decir, el conjunto del gobierno federal, estatal y los municipios, pero la federación en particular tiene que dar una respuesta articulada.
