Explicó que se trata de una Ley de Impuesto a la Informalidad, que consista en la aplicación de una tasa del 5 por ciento sobre los ingresos obtenidos por las personas físicas que realicen actividades empresariales, cuando en un año fiscal no rebasen los 2 millones de pesos.
Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).- La Alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, Maki Ortíz Domínguez, propuso establecer un impuesto del 5 por ciento al comercio informal, entre ellos taqueros y eloteros.
Durante su participación en el Parlamento Abierto sobre el Análisis del Paquete Económico para 2020, la Presidenta municipal planteó la medida como una alternativa para hacer frente al recorte presupuestal y aumentar la recaudación.
“Queremos que se establezca una ley sobre los establecimientos informales, nadie como nosotros conocemos a los informales, los tenemos en un censo, todos los taqueros, todos los eloteros, toda esa gente que no paga impuestos, que debería tener una tasa para pago de impuestos que debería después transformarse en un fondo que pudiera llegarnos”, expuso.
Explicó que se trata de una Ley de Impuesto a la Informalidad, que consista en la aplicación de una tasa del 5 por ciento sobre los ingresos obtenidos por las personas físicas que realicen actividades empresariales, cuando en un año fiscal no rebasen los 2 millones de pesos.
Con esta recaudación se crearía un “Fondo a la informalidad” que se distribuiría con los municipios que aporten sus padrones de contribuyentes que realizan actividades empresariales. Además, propuso un impuesto a los pagos en efectivo.
Por otra parte, Ortíz Domínguez expresó que la atención a migrantes implica un gasto extraordinario para su Gobierno, puesto que cada uno cuesta entre 300 y 500 pesos por alojamiento, alimentación, educación -al tratarse de menores de edad-, atención médica, fármacos y repatriación.
“Le pido a los diputados que pongan verdaderamente reglas para que los migrantes estén obligados a ser autosuficientes después de un tiempo en donde son negadas sus visas, porque sí somos una ciudad incluyente, abierta, que reconoce la migración […] pero también creemos que la gente debe de trabajar y cooperar”, dijo.
Además pidió que se tenga una certeza jurídica al cobro de los derechos de alumbrado público (DAP).
“Cuando se marca y ha habido diferentes controversias, la Suprema Corte (de Justicia de la Nación) las ha marcado inconstitucionales, pero a final de cuentas, los municipios somos los que ponemos las luminarias, los que pagamos la luz pública y el mantenimiento de todas ellas; deberíamos tener derecho, a que también los ciudadanos cooperaran con nosotros para el servicio de alumbrado, como en muchas ciudades lo hacen en el servicio de basura”, abundó.
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— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 7, 2019
