Parto de dos preguntas para exponer mi argumento en esta columna: ¿es necesaria una reforma al Poder Judicial en México? Y, ¿la propuesta de reforma que propone el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido es la que necesita la sociedad mexicana? Las respuestas son: sí y no.

A estas alturas todos los sectores y actores de la vida pública mexicana coinciden en la necesidad de reformar al Poder Judicial. Quizá este es el mérito de la propuesta presentada el 5 de febrero por el Presidente López Obrador. Antes de que presentara su propuesta, pocos hablaban en serio de una reforma a la judicatura. Ahora todos, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admiten que este poder debe ser reformado.

Es necesario, entre otras razones, por cuestiones de austeridad. Los ingresos y prebendas que se pagan a la alta burocracia de este poder son insostenibles en una sociedad de tantas carencias, como la mexicana. El promedio salarial anual de México es de 20 mil 090 dólares cuando la media de los países de la OCDE es de 55 mil 420. Y sin embargo, los salarios e ingresos de los ministros de la Corte y otros altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación están entre los más altos del mundo. En España el sueldo de un Magistrado del Tribunal Constitucional es de 261 mil 305 pesos mensuales, mientras el de un Ministro de la SCJN es de más de 600 mil pesos. La diferencia es abismal.

Las razones de fondo para hacer una reforma es que el Poder Judicial de la Federación opera con opacidad e impunidad, pese a un discurso en contrario. Tras el manotazo de mano del Presidente Ernesto Zedillo quien en 1995 ordenó la extinción de la Corte que existía y decretó el nombramiento de nuevos ministros, se hizo creer que el Judicial era más transparente y eficaz gracias a que se creó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Se dijo entonces que así se garantizaría el buen desempeño de los juzgadores, desde los ministros, hasta jueces y magistrados.

Y del mismo modo que en el mismo sexenio de Zedillo se defendió que el financiamiento público a los partidos garantizaría que no entrara dinero ilegal a estas organizaciones, entonces se defendieron los altos salarios de los impartidores de justicia, como una supuesta garantía de su rectitud e incorruptibilidad.

Treinta años después, dichas premisas fracasaron. En el universo de juzgadores y trabajadores de este poder público, sin duda habrá servidores públicos dedicados y honestos que desempeñan bien su trabajo. Pero lamentablemente los ejemplos del mal desempeño de varios juzgadores sobran.

El fracaso del Judicial para revisarse así mismo, a través del CJF, lo expuso de modo contundente Zorayda Gallegos en su reportaje “Jueces sin castigo: Las fallas de un sistema negligente” publicado el 4 de septiembre en Quinto Elemento Lab (https://cutt.ly/weEcPEal). Gallegos revisó todas las sanciones disciplinarias que el CJF emitió entre el 2000 y 2023. En ese periodo apenas hubo 664 sanciones por faltas disciplinarias que se tradujeron en un simple regaño y que creó un sistema donde los juzgadores no se juzgaron así mismos. En 24 años, sólo 22 jueces y ocho magistrados fueron destituidos, a pesar de la comisión de graves delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, defraudación fiscal, abuso de autoridad, hostigamiento sexual y delitos contra la administración de la justicia.

Estos últimos son casos donde jueces federales dejaron a libertad a narcotraficantes, o declinaron juzgarlos como a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el hijo de “El Chapo” Guzmán, porque según el Juez Jesús Guadalupe Luna Altamirano no hay evidencias de que el dinero del padre fuera “allegado” al hijo. Este mismo Juez absolvió a Jesús “el Rey” Zambada, hermano de Ismael “el Mayo” Zambada en 2010. A pesar de que el CJF entabló una denuncia penal contra Luna Altamirano, ésta no prosperó.

Y muchas veces los casos de enriquecimiento ilícito de los juzgadores pasó desapercibido del radar del CFJ, hasta que se les denunció en el extranjero como ocurrió con el Juez Isidro Avelar Gutiérrez, “suspendido precautoriamente el 17 de mayo de 2019, el mismo día en que el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos lo exhibió en su lista negra como ‘narcotraficante designado’ debido a sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación”. Según el Departamento del Tesoro de EU, “Avelar Gutiérrez recibió sobornos de estas organizaciones de narcotráfico a cambio de proporcionar fallos judiciales favorables a sus miembros principales”, reveló Gallegos.

Se cita también el caso del secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, a cargo del Juez Álvaro Tovilla León, que tenía depósitos bancarios por 432 millones de pesos. Este caso, tan escandaloso debido a que en este juzgado se desahogaban importantes juicios para los sectores de telecomunicaciones e inmobiliarios, tampoco prosperó. Reveló Zorayda Gallegos: “El CJF destituyó a Tovilla seis años después, en 2017. Pero no lo castigó por tener ingresos adicionales a los de su cargo, por haber mentido en sus declaraciones patrimoniales de tres años y no declarar tres cuentas bancarias. Cuando detectó estas faltas, ya había prescrito su facultad para hacerlo, indica el expediente. En lugar de eso, lo sancionó por descuidar su juzgado, por no vigilar el resguardo de diversos expedientes y por ser omiso ante los actos de un subordinado. La denuncia penal contra Tovilla tampoco prosperó. Aunque el MP inició en junio de 2014 una averiguación previa por enriquecimiento ilícito y delitos contra la administración de justicia, a la fecha sigue en trámite”.

Esto ocurre a escala federal, ahora sumemos los casos donde la justicia se niega a los ciudadanos en cada una de las 32 entidades federativas, y los casos donde jueces y magistrados en los estados actúan por consigna de otros poderes (de un gobernador o de un jefe de plaza del crimen), del poder económico o simplemente que vende sus sentencias al mejor postor. En Jalisco es tan redituable ser Magistrado que en 2020 dirigentes panistas denunciaron a sus colegas diputados locales por vender plazas de magistrados al Supremo Tribunal de Justicia de estado, hasta en cinco millones de pesos.

Por todo ello, la reforma al Poder Judicial es necesaria e inevitable, pero difícilmente la reforma que plantea AMLO y Morena resolverá los problemas que se tienen ahora. La razón es simple, como lo recordó el Capitán Marcos del EZLN en un comunicado reciente. En la moderna sociedad se parte de la falsa premisa de que “todas las personas son iguales ante la ley”, y no, porque “quien paga, manda”. Así es ahora, y así será luego de la siguiente reforma.

Rubén Martín

https://www.sinembargo.mx/author/ruben-martin

Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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