Las organizaciones Artículo 19 y Fundar habían hecho un llamado a la Suprema Corte para resolver con perspectiva de derechos humanos los recursos legales que estaban pendientes. Mientras que a la administración federal pidió generar las condiciones políticas necesarias para abrir una discusión en torno a una nueva ley.
Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó hoy al Congreso de la Unión corregir las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social, la llamada “Ley Chayote”, que da al Gobierno mano libre para gastar sin reglas los recursos de la publicidad oficial.
Y la orden es que los diputados y senadores hagan el ajuste antes de que finalice el siguiente periodo ordinario de sesiones, el de 2021, según detalló la organización Artículo 19, quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter.
“Después de 3 años de litigio, hoy la @SCJN otorga el amparo a ARTICLE 19, el cual considera inconstitucional la Ley General de Comunicación Social“, anunció. “Esta sentencia es un paso adelante para el ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión”, aseguró.
También afirmó que “con una mejor Ley General de Comunicación Social se podrá contar con criterios más eficaces de asignación de publicidad oficial y así evitar su uso para el control mediático”, tal y como ya lo había adelantado en un informe, elaborado junto con la organización Fundar.
📣 Después de 3 años de litigio, hoy la @SCJN otorga el amparo a ARTICLE 19, el cual considera inconstitucional la Ley General de Comunicación Social.
🙌 Esta sentencia es un paso adelante para el ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión. pic.twitter.com/6xMY3TEFBs
— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) September 8, 2021
En ese documento, subrayó que “la falta de una debida y correcta legislación en la materia genera consecuencias nocivas para el ejercicio de derechos como la libertad de expresión y el derecho a la información, así como la permisibilidad de malas prácticas y planeaciones en el ejercicio del gasto”.
Esa fue a la conclusión a la que llegaron ambas organizaciones después de analizar el gasto definitivo de publicidad oficial en 2020, el cual fue obtenido a través del Sistema de Comunicación Social (COMSOC), perteneciente a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De acuerdo con los datos, se ejercieron dos mil 248 millones de pesos, de un total de dos mil 452 millones aprobados para ese ejercicio fiscal. “Esto significa que el Gobierno federal gastó alrededor de una quinta parte con respecto a los 11 mil 398 millones de pesos del segundo año de la administración de [Enrique Pena Nieto] EPN. Así, se sostiene la tendencia a la baja en el gasto de publicidad oficial”, explicaron.
Asimismo, Artículo 19 y Fundar consideraron “factible afirmar que es necesario generar políticas de comunicación social que permitan conocer a detalle las campañas, sus finalidades, que tomen en cuenta las necesidades de las audiencias a las que están dirigidas y que la información sea accesible, verificable, comprensible, oportuna, clara, idónea, suficiente y veraz para satisfacer los fines informativos, educativos o de orientación social establecidos en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución”.
🔍 Con una mejor Ley General de Comunicación Social se podrá contar con criterios más eficaces de asignación de publicidad oficial y así evitar su uso para el control mediático. #MediosLibres
Tal como lo señalamos @FundarMexico y A19 en este informe:
👇https://t.co/RZNjQ8XQiu— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) September 8, 2021
Desde ese momento seguían pendientes de discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tanto las acciones de inconstitucionalidad 52/2018, 53/2018 y 55/2018, presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el partido político Movimiento Ciudadano y un grupo de senadores y senadoras en contra de la actual y vigente Ley General de Comunicación Social. De igual manera, la resolución del amparo en revisión 308/2020 presentado por Artículo 19.
“Las tendencias identificadas a partir de los datos de 2020 refuerzan la necesidad de que la actual Ley General de Comunicación Social sea abrogada. Es necesario dar pie a una nueva discusión en la que converjan voces de la sociedad civil, la academia, legisladores y legisladoras, medios de comunicación, periodistas y especialistas en la materia, para que en un ejercicio de parlamento abierto se encuentren las opiniones que encaminen una nueva legislación con enfoque de derechos humanos y que coloque en el centro a la sociedad”, decían las organizaciones.
