El exfuncionario es acusado por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) retiró este martes la Ficha Roja que había emitido para localizar y detener al titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio peñista, Carlos Treviño Medina (2017-2018), quien tiene una orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
La Secretaría de la Comisión de Control de los Ficheros de la Interpol eliminó la notificación contra el exdirector de Pemex, pues señaló que la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, ha incurrido en irregularidades graves e incompatibles con el debido proceso y los derechos humanos, violentando así los estándares internacionales.
“Los argumentos del solicitante, en conjunto con la falta de respuesta adecuada por parte de la Oficina Central Nacional (INCB, por sus siglas en inglés) de México con respecto a los argumentos hechos valer, demuestran que pudo ocurrir una denegación evidente a una audiencia justa y que el tratamiento de información del solicitante [Carlos Treviño] no cumple con lo previsto en el artículo 2 del Estatuto de la Interpol”, explicó la Comisión.
“La información del solicitante no cumple con los reglamentos de la Interpol aplicables al tratamiento de datos personales y, por lo tanto, se eliminarán de los archivos de la Interpol”, concluyó.
Además, la resolución fue avalada por unanimidad por los integrantes de la Comisión que derivó de la petición de Treviño para revisar su caso, pues consideró que no hay condiciones para que tenga acceso a un juicio justo.
El pasado 24 de noviembre de 2022, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal otorgó un amparo a Carlos Alberto Treviño Medina que ordena realizar una audiencia para determinar cuál Juez de control debe conocer la causa en su contra, por presuntamente recibir un soborno de cuatro millones de pesos, de parte de la constructora brasileña Odebrecht, por aprobar la Reforma Energética.
Por unanimidad, los magistrados del Tribunal Federal confirmaron la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, el cual concedió la protección de la justicia para el exdirector general de la empresa paraestatal y ordenó la celebración de la audiencia.
El Juez federal que amparó a Treviño Medina señaló que se vulneraron los derechos fundamentales de debido proceso y audiencia del quejoso. Lo anterior, porque la autoridad responsable se limitó a dar argumentos para sostener por qué no contaba con elementos para resolver las solicitudes planteadas, sin embargo, lo realizó incumpliendo con el trámite previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por su parte, el Ministerio Público Federal afirmó que el Juez de Distrito no motivó ni fundó la resolución impugnada, ya que, en su consideración, los argumentos expuestos carecían de sustento legal y estaban alejados de la realidad fáctica.
El exdirector de Pemex es acusado por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, esto de acuerdo a las declaraciones de Emilio Lozoya —quien también desempeñó el mismo cargo que Treviño Medina— como testigo, en las cuales lo acusaba de estar a cargo de operar los contratos y sobornos a una empresa filial de Odebrecht.
De acuerdo a Milenio, en su momento, Carlos Treviño declaró que ni siquiera conocía a Emilio Lozoya y que sus acusaciones se trataban de una estrategia para buscar salvarse inculpando “a quien sea”.
Posteriormente, un Juez ordenó su captura por no comparecer en la audiencia en donde sería imputado por dichos delitos.
Según la información presentada por Abel Barajas en Reforma, Daniel Ramírez Peña, Juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, ordenó detener al exfuncionario de la petrolera mexicana, pues la la Fiscalía General de la República (FGR) busca llevarlo ante la justicia por las declaraciones de Emilio Lozoya Austin, su predecesor en el cargo y preso en el Reclusorio Norte desde el 4 de octubre del año pasado.
Los informes judiciales señalaron que después de que el 7 de septiembre de 2021 Carlos Treviño no se hiciera presente en la audiencia de imputación, el Juez lo declaró como “sustraído de la acción de la justicia” y posteriormente ordenó su captura con el objetivo de llevarlo a proceso.
TREVIÑO DENUNCIA A GERTZ POR TORTURA
El pasado 1 de agosto, el extitular de Pemex presentó una denuncia contra el Fiscal General Alejandro Gertz Manero y contra el Fiscal de Control Competencial, Juan Ramos López, su mano derecha, por el posible delito de tortura psicológica por “presionar” a Emilio Lozoya Austin y a sus familiares con “amenazas” para que firmara una denuncia de “hechos falsos” en carácter de criterio de oportunidad, incluyendo en su contra, lo que le da carácter de ofendido.
Una de las consecuencias de la tortura es la obligación que tiene el Estado de investigarla, pero siendo el perpetrador el propio titular de la Fiscalía General “es evidente que eso no sucederá”, por lo que recurrirán a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expone la denuncia de la que SinEmbargo tiene una copia.
Lozoya Austin, actualmente en prisión preventiva en el Reclusorio Norte, declaró en agosto de 2020 ante la Fiscalía luego de ser extraditado de España que Treviño Medina supuestamente había sido uno de los funcionarios que participó en los sobornos de Odebrecht.
En julio, se filtró un audio donde se escucha una conversación previa a la extradición en la cual el Fiscal Gertz pidió al padre de Emilio Lozoya que cambiara de abogado y se desistiera de ampararse contra cualquier orden de aprehensión en su contra, por lo que la defensa legal de Treviño, Óscar Zamudio, pidió en un escrito al Fiscal desechar esa denuncia con declaraciones “falsas”.
La petición por escrito escaló a una denuncia penal presentada ante Sandra Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR.
“Mi defendido, Carlos Alberto Treviño Medina, tiene el carácter de ofendido por haber sido objeto de señalamientos falsos como consecuencia de los actos de tortura perpetrados directamente contra el señor Emilio Ricardo Lozoya Austin y sus familiares [padres y hermanos]”, afirma la denuncia.
Derivado de la declaración de Lozoya, se emitió una orden de aprehensión contra Treviño por supuestos delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa del caso Odebrecht.
“Sin lugar a dudas, la denuncia de hechos falsos firmada por el señor Emilio Lozoya fue obtenida por medio de tortura psicológica o mental perpetrada directamente por el titular de la Fiscalía General de la República, que también lo obligó a allanarse materialmente al procedimiento de extradición y a cambiar de defensores por unos elegidos por la propia Fiscalía que no se opusieran al plan fraguado por su titular”, resume la denuncia.
La denuncia presentada apela a una resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó que la información que se obtenga para incriminar a alguien con motivo de la práctica de la tortura –física o psicológica– nunca es fiable, ni tiene vínculo lógico con la realidad material.
FICHA ROJA DE LA INTERPOL
El pasado 11 de noviembre de 2021, la Interpol había emitido una Ficha Roja para localizar y detener a Carlos Alberto Treviño Medina.
Dos días antes, el 9 de noviembre, la FGR solicitó a la Interpol la ficha para la búsqueda en 194 países de Treviño Medina.
La solicitud se dio luego de que el exdirector de Pemex no se presentara el 7 de septiembre de 2021 a la audiencia inicial en la que iba a ser imputado por supuestos sobornos recibidos por el contrato de la planta de Etileno XXI por lo que fue considerado por un Juez federal como “sustraído de la acción de la justicia”.
Durante la audiencia procesal, la defensa de Treviño Medina presentó un escrito en el que justificaba su inasistencia, argumentando que no había condiciones de legalidad y seguridad jurídica que garantizaran un juicio justo.
