El Presidente López Obrador dio a conocer que enviará un escrito al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en contra del Juez “por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal e injusta”.
Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que Martín Santos Pérez, Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, se extralimitó y que violentó la libertad de expresión al ordenar al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a otros funcionarios cesar expresiones “de malicia” y discursos de odio contra Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante presidencial de la oposición.
“Informar de algunas decisiones relevantes. El día de ayer, por parte de un Juez federal, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, informarlo sobre todo por la preocupación respecto a que se está extralimitando de sus facultades y no sólo eso, sino que aprovechándose de un amparo, se toman decisiones que violentan la libertad de expresión no sólo del Presidente de México, sino el derecho también a la información de todas las mexicanas y los mexicanos. Y, por supuesto, afecta con ello a la democracia”, dijo.
La funcionaria recordó que “el Juez federal Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos Pérez, concedió el día de ayer a Xóchitl Gálvez una suspensión provisional que ordena al Presidente abstenerse de realizar manifestaciones, y entre comillas ponemos, ‘con malicia efectiva’ en las señales y redes sociales oficiales, esto derivado de un amparo que fue promovido por Xóchitl Gálvez el 18 de julio, tras hacerse públicos aquí el tema de sus empresas”.
“La medida ordena al Presidente abstenerse de transmitir, nuevamente con comillas, ‘cualquier discurso de odio hacia la quejosa, así como eliminar de todas las cuentas oficiales las declaraciones y comunicados que la aludan’, en particular hace referencia a las conferencias matutinas del 3, 4, 5, 7 y 14 de julio”, explicó desde Palacio Nacional.
Alcalde Luján detalló que el mismo Juez también ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); al Servicio de Administración Tributaria (SAT); a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) “abstenerse de proporcionar información sobre la situación financiera, fiscal, bancaria y empresarial”.
“Aquí también señalamos que este Juez de Distrito en Materia Administrativa no es la primera vez que toma estas decisiones para efectos de suspensiones. Tiene algunos antecedentes”, advirtió.
La Secretaria de Gobernación puso los siguientes ejemplos: “había otorgado suspensión del acuerdo que permitía a las Fuerzas Armadas realizar labores de seguridad pública hasta 2024; también suspendió el programa piloto de la SEP para aplicar el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria 2022-2023”.
“También suspendió la prohibición a la venta de cigarrillos electrónicos. También otorgó la suspensión para la prohibición a restaurantes para fumar en sus instalaciones y también había suspendido la prohibición de utilizar personajes infantiles en productos chatarra”, mencionó.
Asimismo, Luisa María Alcalde subrayó que “la quejosa, es decir, Xóchitl Gálvez, es asesorada por abogados del Consejo Nacional de Litigio Estratégico”, el cual está integrado por Gustavo de Hoyos Walther, Claudio X. González, Miguel Carbonell Sánchez, Fernando Gómez-Mont, Lía Limón García, entre otras consejeras y consejeros opositores.
“Presentaremos los recursos necesarios, pero sí hacemos pública nuestra preocupación de que este Juez se extralimita afectando nuestra democracia y pretendiendo, a través de este amparo, silenciar al Presidente de México”, acusó.
Posteriormente, López Obrador consideró que ya se está viendo cómo lo quieren silenciar. “Un Juez que habla de ‘malicia efectiva’. Le voy a contestar al Juez. Sí, por escrito, porque la ‘malicia efectiva’ es de su parte”, anunció.
“Le voy a enviar también formalmente un escrito al Consejo de la Judicatura [Federal] en contra del Juez por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal e injusta. Además, politiquera”, informó.
En su intervención, el Jefe del Ejecutivo federal compartió que lo mandará hoy o mañana, pues tiene un plazo de 48 horas para hacerlo. “Es una oportunidad. Entonces voy a fundar el escrito, y se lo voy a enviar al Juez y también al Consejo0 de la Judicatura”, insistió.
“Voy a denunciarlo por todos sus antecedentes y por lo que está haciendo en mi contra”, añadió frente a las y los representantes de los medios de comunicación.
LA DECISIÓN DEL JUEZ
Ayer, un Juez federal ordenó al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a otros funcionarios cesar sus expresiones “de malicia” y discursos de odio contra Xóchitl Gálvez, Senadora del Partido Acción Nacional (PAN).
El Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos, concedió la suspensión provisional para la legisladora panista, quien promovió un recurso de amparo el pasado 18 de julio, días después de que el Presidente López Obrador revelara datos sobre ingresos empresariales de Gálvez Ruiz durante una conferencia de prensa matutina.
“Se concede la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de llevar a cabo manifestaciones, con malicia efectiva en todas las señales de la Presidencia de la República y redes sociales de las autoridades responsables”, puso el Juez en su resolución.
Dicha orden también incluye la eliminación de las publicaciones referidas como actos reclamados; así como también para páginas de Internet y todas las redes sociales, sobre todo Facebook y YouTube, y de las transmisiones de las conferencias matutinas donde se refieran las declaraciones, comunicados, publicaciones y contenidos audiovisuales que aluden a Xóchitl Gálvez.
El Juez explicó que el litigio presentado por la panista refiere a la defensa por su derecho al honor, la dignidad y la vida privada, frente a un ente como el Estado que difundió información que legalmente dio de estar resguardada.
El próximo 11 de agosto, el Juez resolverá si concede la suspensión definitiva, la cual aplicaría por tiempo indefinido. En tanto, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo puede impugnar la suspensión ante un tribunal colegiado, recurso para el que cuenta con hasta 48 horas.
